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Megaminería

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La gente de Andalgalá no tiene nada que ver con Wall Street pero sabe lo que vale el agua. Aprendió a lavar los guardapolvos con agua amarilla, a defender el río por el que pasa -aunque esté prohibido- un mineroducto y a disfrutar la lluvia como a un gol de Maradona. Llevan 15 años denunciando el impacto ambiental de la minería en su tierra. Ahora tuvieron que volver a presentar un amparo contra el gobierno de Catamarca, que en diciembre habilitó la actividad pese a estar prohibida por fallos anteriores. Los diagnósticos médicos son la prueba del costo humano, y la impunidad de Agua Rica evidencia cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países. Ensayo fotográfico de Magalí Druscovich.

Las 20 mil personas que viven en Andalgalá, Catamarca, no tienen nada que ver con Wall Street pero saben lo que vale el agua. Llevan 15 años denunciando su contaminación y los daños ambientales que genera la explotación minera en la zona. Antes, con el emprendimiento La Alumbrera. Ahora, con Agua Rica.

En el pasado, los tumores malignos eran raros en el pueblo. Ahora son parte de la rutina. Hay dos muertes por cáncer cada semana. Los principales son los que afectan el tracto digestivo: lengua, garganta, estómago, hígado. También están en alza los casos de diabetes, lupus e hipertiroidismo.

En el 2010, un grupo de científicos catamarqueños presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. Detallaron la aparición de enfermedades raras para la zona, y compararon su incidencia a nivel país. “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%.” Conclusión: la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente. Los diagnósticos médicos son la evidencia.

“Es un gran negocio a costa de nuestra salud”, explica Griselda ‘Chela’ Igna, líder de la asamblea que reúne a los vecinos contra la minería. Ella sufre de lupus e hipertiroidismo. En el 2016, un equipo del CONICET liderado por Margarita Diana Do Campo investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de Cobre, Cromo y Plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.

La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro: no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia: “Los vecinos de Andalgalá tienen derecho a vivir en un ambiente sano (..). En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. El caso de Andalgalá es un patrón de cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países, cambiando nombre de sus empresas para evadir órdenes judiciales. Yamana Gold también tiene denuncias de violación de derechos humanos en otras partes de la región: Perú (Lagunas Norte), Chile (Proyecto Pascua Lama y Honduras (Proyecto Entre Mares). Y otras empresas canadienses con mismos inversores pero otras empresas suman denuncias en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá.

“Agua Rica” planea usar dos ríos que son fuente para el consumo humano y la agricultura. Las exploraciones de la minera ya están en marcha.

 

Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas escribe a propósito del proyecto de zonificación en Chubut y de la calificación de “ambientalismo bobo” a quienes denuncian este tipo de minería.

La megaminería a cielo abierto siempre implica un impacto tan alto que debe ser calificada como una amputación ecológica. Es una pérdida irreparable. Y por esa razón, siempre es un negocio ruinoso.

En el intenso debate argentino ante grandes emprendimientos extractivistas es muy frecuente escuchar defensas que usan dos tipos de argumentos. Por un lado, sostienen que la megaminería no produce impactos ambientales, o que si los hubieran, pueden ser controlados y manejados. Por otro lado, afirman que como serían negocios magníficos, vale la pena correr riesgos ecológicos porque de ese modo se aseguraría dinero y empleo.

Estos razonamientos recrudecieron con los intentos de relanzar la minería en Chubut. Aparecieron en medios de prensa, lanzadas por políticos y repetidos por periodistas, llegando al extremo de calificar como “ambientalismo bobo” a quienes denuncian ese tipo de minería. El mensaje era que sólo los bobos no aprovecharían el supuesto negocio minero, y únicamente los bobos no entienden que no habrían impactos ambientales.

Esas posiciones están profundamente equivocadas. En realidad, la situación es contraria: la megaminería a cielo abierto siempre implica un impacto tan alto que debe ser calificada como una amputación ecológica. Es una pérdida irreparable. Y por esa razón, siempre es un negocio ruinoso.

El concepto de amputación ecológica

La megaminería a cielo abierto no se caracteriza por impactos ambientales acotados y reversibles. Por el contrario, su efecto primario es tan extremo y radical que equivale a una pérdida total del patrimonio ambiental. La evidencia está frente a los ojos de cualquiera: son enormes canteras y cráteres donde se remueven millones de toneladas de suelos y rocas.

La ‘amputación ecológica’ es un concepto que se define como una remoción física de un ecosistema, que destruye no sólo el entramado biológico, como las especies vivas, sino también su base material. Expresa los casos de mayor impacto ambiental a la vez que son los de más alta irreversibilidad.

Esta es una situación muy distinta a la que ocurre con el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Por ejemplo, en la agricultura si se manejan adecuadamente los suelos se pueden lograr cosechas cada año. Pero cuando se remueve todo el subsuelo en un sitio, como lo hace la megaminería a cielo abierto, ya no hay marcha atrás posible. En este tipo de explotación el daño se vuelve casi irreversible. Eso explica que amputación sea el término más adecuado porque ocurre un corte o remoción, y sus cicatrices son las enormes canteras a cielo abierto (1).

Existen múltiples ejemplos en América del Sur. Entre las mayores amputaciones están el enclave de hierro y bauxita de Carajás en Brasil, carbón en Cerrejón en Colombia, cobre en Chuquicamata y Escondida, o en Perú las minas de cobre y zinc de Antamina y de oro en Yanacocha. En Argentina hay varios ejemplos, como puede ser la explotación de oro y plata de Veladero en San Juan.

En todas ellas el volumen de materia removido es enorme. Por ejemplo, en la chilena Escondida se extraen 330 millones de toneladas por año y en Yanacocha son 180 millones de toneladas. Las canteras también son de grandes dimensiones, que pueden superar un kilómetro en algunos de sus ejes, y profundidades que pueden acercarse a los mil metros.

Impactos ambientales primarios y secundarios

En los abordajes convencionales sobre los impactos ambientales de la megaminería a cielo abierto, la lista de posibles efectos es muy larga. Incluyen, por ejemplo, la remoción física de las rocas, el uso de explosivos, afectaciones del régimen hidrológico tanto en la superficie como en las aguas subterráneas, emisiones de polvo, la posible liberación de metales pesados, drenaje de agua ácida, los riesgos con tóxicos como cianuro o mercurio, y así sucesivamente. También están los impactos por la acumulaciones de roca que no es utilizada (las llamadas escombreras) o por las represas de relaves, donde hay agua y lodo repleto de tóxicos como cadmio, plomo o arsénico. Al mismo tiempo, la infraestructura asociada a los enclaves también tiene consecuencias, como pueden ser represas para captar agua o las carreteras o ferrovías de acceso.

Resulta que la lista de efectos a evaluar es enorme. Se deben considerar las consecuencias en cada uno de ellos, si esos impactos pueden ser evitados, y cuando ello no es posible, estimar si son remediables o amortiguables. En la actualidad, la evidencia científica sobre la gravedad de esos impactos es abrumadora. Se los encuentra en miles de documentos y libros, preparados desde múltiples disciplinas. Eso es innegable, y hasta los propios empresarios mineros lo aceptan, y es por ello que tienen montada toda una industria de programas de remediación ambiental.

Por lo tanto, los académicos, periodistas, políticos o empresarios que afirman que la megaminería no tiene impactos ambientales están radicalmente equivocados. Algunos lo creerán sinceramente, ignorando toda esa evidencia; otros simplemente están alimentando una retórica en defensa de esos extractivismos.

Pero a la vez, esa lista de impactos se refiere a los efectos secundarios. Todos ellos derivan de una acción primaria que es la remoción de los minerales, o sea de la puesta en marcha de la amputación ecológica. Esta, en sí misma, tiene un impacto ambiental negativo que es drástico, de gran escala e irreversible. El ambiente original desaparece y en su lugar se crean, de un lado cráteres, y del otro, enormes cerros con las rocas removidas. Es un impacto radical y previo a cualquiera de los listados arriba. Al aceptar la amputación, lo que ocurre es que se comienzan a debatir los efectos ambientales derivados del acto de amputar el ambiente, tales como el uso de ciertos tóxicos o la liberación de polvo.

Eso explica que sostener que la megaminería a cielo abierto no encierra impactos ambientales es doblemente equivocado: se desconoce el impacto primario de la amputación ecológica y se menosprecian todos los efectos secundarios. También revela que centrar el debate sobre los efectos secundarios de alguna manera refuerza la trampa de ocultar la radicalidad de la amputación ecológica.

Navidad es una amputación ecológica

El proyecto minero Navidad, en Chubut, sin duda corresponde a una amputación ecológica. Implica una remoción de materia apabullante, que totalizará más de 500 millones de toneladas a lo largo de 17 años de operación. Cuando esté trabajando a todo ritmo, se extraerán 40 millones de toneladas por año, según la estimación de la propia empresa (2). Son más de 100 mil toneladas por día. Las canteras a cielo abierto estarán desplegadas a lo largo de más de 6 kilómetros. El paisaje original será reemplazado por los cráteres, que por ejemplo, en la proyectada cantera de Valle de Esperanza tendrá un eje mayor en el orden de un kilómetro, y sobre cada una se ubicarán cerros con las rocas desechadas.

El propósito es obtener plata, y en eso insisten los defensores y la publicidad; otros minerales asociados son cobre, plomo y zinc. El depósito es celebrado como uno de los más grandes del mundo y la empresa le dice a sus potenciales inversores que si toda sale bien obtendrá un total 275 millones de onzas de plata, o sea casi 7. 800 toneladas.

Al contrario de la publicidad, todo ese emprendimiento es una celebración de la ineficiencia. Es que la proporción de la plata en las vetas más destacas es de 150 a 163 gramos por tonelada. Aquí no hay un error: se deben extraer toda una tonelada de rocas para tener un poco más de 100 gramos de plata. El remanente, que es casi una tonelada, pasa a convertirse en roca o relaves sin valor. Para hacer todo más endeble, no toda la plata en esas rocas se puede separar. La propia empresa estima que se arrojarán 418 millones de toneladas de material no mineral o sin valor comercial.

Eso explica que las canteras a cielo abierto terminan siendo enormes, porque se deberán remover 500 millones de toneladas para separar unos pocos miles de toneladas de mineral valioso. Ese mismo explica que los cerros de escombreras también serán enormes. El resultado en Navidad serán cinco grandes cráteres, con casi toda la roca removida colocada a su lado. Eso es una amputación ecológica. No es posible retornar al ambiente original porque desaparecerá todo el entramado del suelo y el subsuelo. Es como si actuaran enormes sacabocados.

Asimismo, esto permite dejar en evidencia que tampoco existe un negocio donde todos ganan. La racionalidad económica del emprendimiento está en el valor de mercado de esos gramos de plata pero a la vez en no asignar un valor económico al resto de rocas y minerales extraídos. Deben ser considerados como desechos sin utilidad económica para que los análisis de costos y beneficios empresariales puedan terminar en una rentabilidad aceptable. Sin embargo, esos escombros, así como los cráteres tienen consecuencias económicas, como pueden ser el costo económico de contaminar suelos y aguas, y como eso existe en la realidad terminarán siendo asumidos por las familias locales, los municipios o la provincia. Si se asigna un valor económico a todo ese desperdicio, el costo económico de ese desecho es tan alto que derrumba la rentabilidad.

Una metáfora real

A pesar de todas estas precisiones, siguen siendo muchos los que consideran que el proyecto minero Navidad u otros deben ser llevados adelante por la expectativa de ganancia, e incluso hay quienes comparten esas ideas dentro de las comunidades locales.

Ante eso es posible retomar el concepto de amputación ecológica compartiendo una metáfora para explicarlo de otro modo. Si consideramos al país como un organismo, puede decirse que los promotores de la megaminería a cielo abierto plantean amputar un dedo en una mano de ese cuerpo nacional. Lo justifican diciendo, por un lado, que venderán esas falanges a cambio de un buen dinero que será utilizado por el resto del organismo nacional, y por el otro lado, proclaman que podrán manejar los impactos de esa pérdida. Pero en realidad se perderá el dedo, y esas evaluaciones de impacto ambiental lo que apenas podrían discutir es si se salpicará mucha o poca sangre, o si el vendaje será de uno u otro tipo (abordan los impactos secundarios pero aceptan el impacto primario). El razonamiento económico agrega que el dinero percibido por vender el dedo será tan pero tan jugoso, que el cuerpo nacional se podrá comprar una prótesis artificial, que dejaría la mano todavía en mejor situación. ¿O no es esto lo que prometen los planes de rehabilitación de minas clausuradas? ¿O no es ese el negocio que proclaman empresarios y políticos?

Eso apunta a evitar la discusión sobre el impacto ambiental primario que es la amputación de materia, para enfocarse en medidas de control y monitoreo de efectos secundarios, como la liberación de polvo o el manejo de las represas de relave. Esto, a su vez, permite emplear todo tipo de excusas, tales como sostener que un impacto ambiental, como la contaminación de un curso de agua, constituye un “accidente”, pero no una consecuencia inescapable a la propia esencia de esa minería. Entonces tampoco se discuten las amputaciones sino los accidentes.

Todo esto deja en claro que cualquier abordaje serio e independiente de intereses económicos particulares concluye que la megaminería a cielo abierto es insostenible. Deben abandonarse los eufemismos y comprenderse que estamos ante una amputación ecológica. La información sobre estas condiciones es esencial para que no se anestesie a la ciudadanía para insistir con nuevas amputaciones ecológicas.

Notas

1. El concepto de “amputación ecológica” se explica en más detalle en ‘Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza”, por E. Gudynas. Más informaciones en www.extractivismo.com

2. Navida Project, Chubut Province, Argentina: Preliminary Assessment, PanAmerican Silver Corp, disponible en: https://www.panamericansilver.com/assets/Operations-documents/2e445fea82/Navidad-Technical-Report.pdf

*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Sus últimos libros incluyen un texto sobre la teoría de los extractivismos, otro sobre las relaciones entre corrupción y extractivismos, y el más reciente, sobre derechos humanos y violencia en ese tipo de actividades. En las redes se lo puede seguir en twitter: @EGudynas

Cada vez más vecinos y vecinas de la meseta se suman a las asambleas en defensa del agua para pensar y estudiar el tema megaminería en Chubut. “Somos muchos vecinos que estamos en contra de la minería; muchos no se animan a manifestarse, pero de a poquito se van sumando a la asamblea”, contó Silvio Arza desde Telsen, en entrevista con La Namunkurá.

La familia Arza es una tradicional familia trabajadora del campo en la meseta. “Acá la ganadería se está muriendo. Es responsabilidad de los políticos: nunca la atendieron. Lo querían solucionar con subsidios muy bajos que no servían”, analizó y aclaró “yo nunca dependí del gobierno”.
Ante la inminente aprobación de la megaminería, Arza ha estudiado el tema tras acercarse a la Asamblea por Defensa del Arroyo. “Conozco derrames de grandes minerías, que es un desastre para el agua y el ambiente. Si llegara a pasar acá sería terrible. Y otro tema es el canon. Lo que queda es muy poco. Es un gran saqueo al pueblo”, afirmó.
Sobre el trabajo que generaría en la zona la actividad, Arza disintió: “nosotros los que tenemos más de 40 años no vamos a tener trabajo si se aprueba la megaminería. Y si se aprueba la zonificación va a haber un montón de proyectos más. La gente no es estúpida”, agregó.

Además, se refirió a la cumbre minera de Telsen 2018 (con la presencia del por entonces ministro Aranguren y episodio de represión a manifestantes incluidos). De las exposiciones casi no participaron los vecinos del lugar, ya que la palabra la monopolizó el operador Marcelo Mena (gremio Asijemin): “no nos dejaba hablar”, recordó.
Arza, sobre el final, describió el abandono por parte de la provincia desde las inundaciones de 2014 en Telsen.

En medio de un reclamo global por el acceso y el cuidado del agua, en Argentina el foco está puesto en frenar el avance de la megaminería en el sur. Verdurazo, sentada silenciosa en Congreso y marcha a Plaza de Mayo, entre las propuestas de organizaciones ambientalistas.

Un verdurazo, una sentada silenciosa y una marcha con radios abiertas  forman parte de las iniciativas planificadas a nivel local para este 22 de marzo por el Día Mundial del Agua. El reclamo es global, pero en la Argentina tiene un eje central: apoyar la lucha contra la megaminería en Chubut, que afecta al río que abastece de agua al 50% de la población de esa provincia.

«En los territorios se instala una minera o mega granja que implica el consumo de un millón y medio de litros de agua por día y eso compite directamente con el uso que hacen las comunidades.  En Chubut implica un consumo desmesurado de agua que es escasa de la cuenca del río Chubut. A partir de los fuegos de las últimas dos semanas, la narrativa (del reclamo) se fue reconfigurando a partir de qué relación tiene como sostén de vida el perfil productivo que Argentina está proponiendo», planteó Flavia Broffoni, cofundadora del movimiento ecologista, social y apartidario Rebelión o Extinción (XR Argentina) y miembro de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS).

Esos espacios, junto a alrededor de un centenar de organizaciones y asambleas (que incluyen a Jóvenes por el Clima, La Garganta, Alianza por el Clima, entre otros), convocan a actividades presenciales -protocolos de cuidado mediante- en el marco del Día Mundial del Agua. A las 16.30 habrá verdurazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y a las 17 una sentada silenciosa en el Congreso, para luego marchar hacia Plaza de Mayo. La jornada la concluirán artistas invitados con música en vivo: Perota Chingó, Magdalena Fleitas, Kiki Petrone y DJ Tauro.

«La génesis de la marcha de hoy lleva más de un año, con un montón de organizaciones que estábamos armando la Marcha Plurinacional por el Agua y se suspendió. Ahora le decimos no a nuevos proyectos extractivistas, que tienen como eje común el uso desmesurado de agua», remarcó Broffoni. Entre otras cosas, se exige una «consulta popular para determinar prioridades en el uso del agua» y se cuestiona el intento del gobierno chubutense de tratar en la Legislatura el proyecto 128 de zonificación minera.

«Desde XR Argentina, exigimos a los gobiernos que digan la verdad sobre la crisis climática y ecológica, que actúen ya para frenar la degradación ambiental y que abran la democracia para que todos los territorios puedan decidir sobre los proyectos extractivistas», plantean las organizaciones socioambientales.

XR es un movimiento internacional que busca, mediante acciones de desobediencia civil no violentas, «un cambio radical para minimizar el riesgo de colapso ecológico y extinción humana». Surgió en octubre de 2018 en Inglaterra y se expandió por unos 60 países, con la meta de «movilizar al 3.5% de la población». Por su parte, desde BFS alertan que «en Argentina, 6.000.000 de personas carecen de acceso al agua potable» y piden «agua de red para todes» además de «basta de quemas».

Fuente: Cadena BA

 

“Hicimos nota al vicegobernador Sastre para que se retire el proyecto de Zonificación. Y para que se trate en comisión el proyecto de Iniciativa Popular” señaló la diputada Leila Lloyd Jones.

“La Iniciativa Popular traería paz social. Pero no veo que esta Legislatura la vote. Y tampoco creo que decidan una Consulta Popular porque el 90% de los chubutenses está en contra de la minería”, afirmó Lloyd Jones en la entrevista realizada en radio escuela Namunkurá.

De igual forma, la diputada analizó lo ocurrido el sábado en Lago Puelo, “es de una gravedad institucional importante. He estado en otras visitas de presidentes y siempre hay seguridad de la provincia. ¿Qué pasó el sábado que no hubo ningún policía? No lo sé”.

Con respecto a la Legislatura, la diputada afirmó que “Es una locura. Hice el pedido formal para que se sesione de manera presencial. La justificación es que hay diputados que aún no han sido vacunados”, dice. “La megaminería la quiere imponer a como dé lugar”.

Sobre la denuncia por coimas a diputados para votar a favor de la megaminería la diputada señaló que “yo presenté a la justicia todo lo que tenía. No conozco avances en la causa”.

Para finalizar, la diputada hizo referencia a las amenazas por su denuncia de coimas en relación a la megamineria, “… he tenido mensajes; son anónimos. Promineros me escriben y me dicen que no pienso en los vecinos de la meseta…”, reconoció.

Lo aseveró a través de su red social Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale, un referente nacional en defensa del medio ambiente.

“La megaminería, a diferencia de la minería tradicional, es inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Esto por su (enorme) escala y modalidad de explotación: a cielo abierto y con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y tóxicos”, escribió el abogado.

Por ej: Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas; La Alumbrera (Catamarca) usa más de 86 millones de litros de agua por día, más que el consumo total provincial y en materia eléctrica el 85% del consumo de la energía de toda la provincia, agregó.

El abogado Enrique Viale manifestó que en materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial.

Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW), finalizó el referente nacional Enrique Viale.

Bajo la consigna “somos el agua que apaga sus fuegos”, vecinos en diferentes localidades se movilizaron nuevamente contra la megaminería, tras los incendios de la Comarca Andina y ante la sesión en Legislatura de este martes. Hubo expresiones de apoyo en Mendoza y Río Negro.

Este lunes, hubo nuevas movilizaciones de vecinos contra la megaminería y en defensa del agua en diferentes ciudades y localidades de Chubut.

Bajo la consigna “somos el agua que apaga sus fuegos”, los vecinos concentraron en diferentes puntos de las localidades chubutenses, luego de una semana marcada por la sucesión de incendios en la Comarca Andina.

Además, la jornada se realizó ante la realización de una nueva sesión de la Legislatura este martes.

Trelew:

Esquel:

Rawson:

Comodoro Rivadavia:

Gan Gan:

Mendoza:

Así lo confirmó el vicegobernador Ricardo Sastre a través de Twitter. El proyecto iba a tratarse en la próxima sesión de diputados prevista para este martes 16 de marzo en Rawson, y fue retirado del “orden de día”.

Tras la reunión de labor parlamentaria que se desarrolló este lunes por la mañana, se retiró del orden del día en la Legislatura, el tratamiento del proyecto de zonificación minera en la meseta de Chubut.

Si bien el proyecto tenía dictamen de comisión de Recursos Naturales desde hace dos semanas, el orden del día difundido por las redes sociales por prensa de Legislatura los cuatro temas a tratar son: asuntos entradas, designación de los miembros de la comisiones permanentes, sorteo de los integrantes de la casa de acusar y juzgar, y la designación de los diputados que integran el Tribunal de enjuiciamiento para el año 2021. Por lo tanto ha sido retirado de común acuerdo entre los presidentes de bloques el proyecto 128/20 de zonificación.

Ante esta decisión, diputados no tratarán el proyecto previsto en “el orden del día” para este martes 16 de marzo en Rawson, luego de que la sesión anterior fuera suspendida por fala de seguridad de los legisladores tras los ataques en sus viviendas por parte de grupos anti mineros.

Luego que la Legislatura informó que este martes no tratará la zonificación minera, el No a la Mina marchó en Esquel por la iniciativa popular.

Este martes tal cual estaba previsto, se realizó una nueva movilización por las calles de Esquel reclamando por el tratamiento de la Iniciativa Popular.

La definición llega después que la Legislatura de la provincia de Chubut informara que el proyecto 128 que propone la zonificación minera no se tratará este martes. De todas maneras sigue ingresado y con despacho favorable de comisión.

Mientras tanto el Proyecto de Iniciativa Popular sigue esperando el análisis, y por esto, los vecinos de la región salieron a marchar una vez más reclamando su tratamiento.

Al respecto, Viviana Moreno, de la Asamblea por el No a la Mina, señaló que «queremos una iniciativa popular, el pueblo se expresó a través de más de 30 mil firmas, queremos que se apruebe y volver a nuestras propias vidas, hacer una vida normal» «Hicimos un documento en el que se pide el retiro del proyecto de zonificación y tratamiento de la iniciativa popular que los legisladores tienen la obligación de tratar antes del 25 de junio», señaló.

«Nosotros vamos a la calle porque queremos la iniciativa popular», remarcó y agregó que la idea «es seguir manifestando y encontrar una ley que sea mucho más proyectora para toda la provincia y recuperar la paz social que teníamos en el 2002».

El Gobierno provincial envió en noviembre de 2020 un proyecto de ley a la Legislatura provincial denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, con el fin de hacer viable, en algunas zonas de la provincia, la megaminería que, actualmente, se encuentra prohibida. Mientras una parte de la comunidad científica ve esto como una oportunidad, algunos científicos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico, que depende del CONICET, expresaron su rechazo por el grave daño ambiental que podría provocar en la región. A pesar del enfrentamiento, el Gobierno incluyó modificaciones al proyecto original y logró los votos necesarios para debatirlo.

Desde 2003, la provincia de Chubut se opuso terminantemente a la megaminería y, actualmente, cuenta con la Ley XII N.º 68 (antes Ley 5.001) que prohíbe la actividad minera a cielo abierto en todo su territorio. Sin embargo, con el Proyecto de Ley 128/20: “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut”, también llamado de “zonificación minera”, la administración de Mariano Arcioni busca exceptuar de esa prohibición a los departamentos de Gastre y Telsen, ubicados en “la meseta”, una zona árida y con poca población, y así habilitarlos para la explotación metalífera a cielo abierto.

Frente a esta medida, científicos del CONICET-CENPAT que cuestionan este proyecto, conformaron la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT-CONICET-CENPAT y elaboraron un informe que expone los daños ambientales que pueden generarse si se implementa la megaminería.

Según el documento, el principal problema sería la escasez de agua, ya que para el río Chubut, que abastece a la población de la provincia en un 50% y tiene poco caudal en comparación con otros “se proyecta una disminución del orden del 40% en la disponibilidad del agua hacia finales de siglo que repercutirá en el caudal de todo el río”, esto es grave si se tiene en cuenta que la zona sufre de sequías. Así, las reservas de agua, como las cuencas de Sacanana y Gastre, que se encuentran en la región de “la Meseta”, donde se pretende implementar la megaminería y sirven para abastecer a esa parte de la población, se verían claramente comprometidas.

Con respecto a esto, en el documento se explica que, si bien la cuenca de Sacasana cuenta con una gran capacidad de reserva de agua, no existen datos fehacientes que aseguren que alcanzarán para abastecer a la población sin generar problemas de escasez, dado que “la cuantificación de estas reservas se hizo en el marco de trabajos de prospección e interés de las empresas mineras por desarrollar el proyecto Navidad ubicado en el centro-norte de la Provincia de Chubut”.

Cabe recordar que el “proyecto Navidad”, es llevado adelante por la minera canadiense Pan American Silver, que desde 2010 compró los derechos para explotar un yacimiento de plata que, de acuerdo con lo que describen en su página Web es “uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo”. Sin embargo, por la ley aprobada en 2003, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, este proyecto se encuentra hoy obstaculizado, pero podría avanzar si se aprueba las excepciones.

Por otro lado, los científicos de la CENPAT plantearon los inconvenientes que el cambio climático está provocando en esas tierras, pues además de sequía, sufren de ocasionales precipitaciones que llegan a generar grandes inundaciones. Afirmaron que permitir la megaminería allí sería perjudicial para el ambiente, pues los métodos utilizados dejarían expuestos en la superficie grandes cantidades de rocas con sedimentos que, al desprenderse, podrían ser arrastrados por las aguas de las lluvias hasta los cauces de agua y de ahí a los acuíferos, contaminando el agua para el consumo.

Ante este panorama, los científicos que suscriben este documento expresaron la necesidad de que el “manejo y la gestión de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión de actividades y aumento de población, deben estar acompañados por estudios transdisciplinares”, que permitan contemplar la “compleja realidad social, económica, política y ambiental”.

Por su parte, el gobierno de Mariano Arcioni, que durante su campaña se mostró opositor a la explotación minera a cielo abierto, confía en la aprobación del proyecto que le permitiría un importante ingreso de divisas a la provincia que, desde 2016, atraviesa una dura crisis económica y financiera que impidió el pago de salarios con normalidad. De acuerdo con lo expresado por la empresa canadiense, si el emprendimiento logra ponerse en práctica, le reportaría al país alrededor de 350 millones de dólares anuales en exportaciones y se generarían más de 2 mil puestos de trabajo.

Uno de los puntos por los que abogó la Red de Académicos por el Desarrollo de una Minería Sustentable tiene que ver con los beneficios que trae para la economía nacional, ya que, según expresaron, Chubut se vería favorecida igual que el resto de las provincias: “Los salarios de los investigadores del sistema científico nacional se pagan con el presupuesto nacional, el cual también se nutre de las retenciones a las exportaciones y del impuesto a las ganancias que pagan las empresas mineras que operan en provincias en las que la actividad no se encuentra prohibida. Por cierto, de dicha contribución impositiva también se beneficia la provincia de Chubut, no sólo a través de los salarios de trabajadores nacionales como los del CENPAT, sino a través de la coparticipación federal”.

Por el momento el “proyecto de zonificación” que se encontraba trabado desde el año pasado logró, en un primer paso para su posible aprobación, los votos necesarios para que se pueda debatir en la Legislatura provincial.

Fuente: APU