A raíz de los incendios que se registraron en distintos puntos del país a lo largo de los últimos meses, el Gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el territorio nacional.
La decisión se hizo efectiva a través del Decreto 6/2022, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
“Declárase la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”, reza el artículo 1° de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interfase en nuestro país constituye “un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la máxima coordinación y cooperación entre los organismos a quienes esta temática resulta transversal”, argumentó el Gobierno.
En el decreto publicado esta madrugada se remarcó que en los últimos meses los incendios “masivos y reiterados en distintas zonas críticas” del país han adquirido “una dimensión alarmante y representan una grave amenaza tanto para el ambiente y sus ecosistemas así como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas”.
Si bien el Estado Nacional, a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego, interviene en las áreas afectadas proveyendo medios y personal para combatir los incendios, “la gravedad de la situación se ha acrecentado a la par de circunstancias meteorológicas adversas que han resultado desalentadoras al momento de combatir los incendios, lo que ha implicado un incremento de los pasivos ambientales generados y de los bienes y las personas damnificadas”.
La Emergencia Ígnea fue solicitada por los gobiernos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, el pasado 27 de diciembre, con el objetivo de atender la situación de la Patagonia argentina.