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El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, destacó hoy las medidas que el Gobierno tomó en los últimos meses para reforzar la asistencia a los más postergados y consideró que «comer tiene que ser barato en la Argentina básicamente porque nosotros producimos alimentos».

En diálogo con Radio Rivadavia, Arroyo contó que reforzaron las partidas alimentarias y enumeró: «En febrero aumentamos un 50% el monto de la tarjeta alimentaria, y ahora un 40% de aumento de asistencia a comedores y merenderos», algo necesario para mantener su poder de compra porque «evidentemente el precio de los alimentos es el problema más grave» hoy del sector.

En ese marco explicó que previo a la pandemia de coronavirus 8 millones de personas recibían asistencia alimentaria, que luego pasaron a 11 millones en pleno 2020 y ahora son «10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria», un número que se estabilizó.

«Hay más changas, más actividad económica, pero la gente va al comedor igual», contó, y lo atribuyó en parte al aumento de los alimentos.

«Comer tiene que ser barato en la Argentina básicamente porque nosotros producimos alimentos», dijo Arroyo en ese contexto y agregó que «la canasta básica tiene que ser accesible».

También habló de qué pasará si la situación sanitaria se complica. «Si hay más cierre de actividad económica vamos a tomar decisiones económicas para acompañar a los que tengan dificultades. Hoy lo estamos monitoreando todo el tiempo», aseguró.

Suben los ingresos por regalías, aumentan los fondos por Coparticipación y Nación envió en los últimos 15 meses casi 15.000 millones de pesos, pero a Chubut parece que no hay plata que le alcance. La crisis persiste, mientras la deuda se incrementa, los estatales y jubilados provinciales siguen con dificultades para cobrar todos sus salarios y los damnificados por las catástrofes no reciben toda la ayuda del Estado que están necesitando.

En los últimos 15 meses, que incluyen todo 2020 y el primer trimestre de 2021, la provincia de Chubut recibió del Gobierno nacional un total de 14.537 millones de pesos en concepto de Transferencias No Automáticas.

Nación le envió a Chubut 4.537 millones de pesos en concepto de transferencias sin devolución -conforman los fondos discrecionales que distribuye Nación entre las provincias y que no tienen devolución- a lo que se les deben sumar los 10.000 millones de pesos -distribuidos en dos tramos de 5.000 millones- que canalizó como préstamos del ANSES a una tasa de interés baja.

Las Transferencias No Automáticas de 2020 fueron de 3.503 millones de pesos a lo largo de los doce meses y resultaron ser 69,3% más de las que había logrado conseguir en 2019.

Si bien estos fondos son absolutamente discrecionales y Nación decide sin limitaciones como establece la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la variación interanual del año pasado estuvo 15% por encima de los niveles inflaciones que mide el INDEC para la Patagonia; que fueron de 54%.

En el primer trimestre de este 2021 los fondos No Automáticos obtenidos por Chubut fueron de 1.034 millones de pesos, lo que arroja un promedio mensual de 344,6 millones de pesos. Ese valor promedio fue 18% mayor al que arrojó 2020, con una media de 292 millones de pesos mensuales.

El flujo de fondos discrecionales hacia Chubut comenzó a fluir con mayor intensidad en la segunda mitad de 2020, para concluir el año con un promedio de 5.659 pesos por habitante.

Mientras que en el primer trimestre de este 2021 los 1.034 millones discrecionales recibidos representaron 1.643 pesos por habitante. De mantenerse esa tendencia trimestral Chubut podría superar los fondos percibidos por tal concepto.

Más recursos por la Emergencia Financiera

El otro apartado que ha generado un fuerte flujo de fondos para la provincia fue la puesta en marcha del Programa para la Emergencia Financiera Provincial (PEFP) –

creado por el Decreto nacional 352/2020 para responder a la pandemia de Covid por 120.000 millones de pesos- que lleva asignados préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

De allí surgieron los 10.000 millones de pesos que Chubut recibió en dos tramos de 5.000 millones, aunque en este caso se trató de un préstamo otorgado con fondos del ANSES que deben ser devuelto en 36 cuotas mensuales y consecutivas.

Sobre ese endeudamiento en pesos se aplica un interés conformado por la Tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más el 0,10%, lo que deja una tasa muy inferior a la del mercado financiero y que en ronda aproximadamente el 25,5%.

El mismo fue cobrado en los dos tramos el año pasado y desde enero pasado ya se comenzaron a cancelar las cuotas correspondientes.

En resumen, Chubut recibió entre aportes discrecionales y préstamos a baja tasa de Nación un total de 14.537 millones de pesos en 15 meses; que representan casi 3 masas salariales totales -5.200 millones de pesos por mes- que deben percibir los empleados públicos y los jubilados provinciales.

A pesar de tamaña cantidad de flujo de fondos, la provincia sigue manteniendo una deuda salarial de un mes con los rangos 3 y 4 de los trabajadores activos y pasivos. Además, no otorgó incrementos salariales durante todo 2020 y lo que va de 2021, generando una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

En paralelo, se suman la expectativa creada por la catástrofe generada por los incendios de la Comarca Andina Patagónica. Hasta el momento el Estado provincial no pudo responder con la ayuda y la infraestructura necesaria que amerita la situación; menos aún con el desarrollo de un plan integral de reconstrucción a largo plazo.

La combinación de descontrol en el gasto y endeudamientos constantes, en dólares y en pesos, han llevado a Chubut a ser una provincia rica en recursos naturales y oportunidades productivas pero que sigue penando como un territorio empobrecido y cuasi quebrado. Los fondos millonarios se esfuman en gastos corrientes y nada parece alcanzar para salir de la crisis en la que se hunde constantemente.

La incapacidad de generar recursos, incrementar los ingresos, cobrar los múltiples tributos impagos y la imposibilidad de desarrollar un plan de crecimiento dejan a buena parte de los chubutenses a la deriva y sin demasiadas ilusiones de obtener una mejora significativa en la calidad de vida más allá de sus esfuerzos personales.

El Gobierno destinará $ 110.000 millones al Programa Reconstruir para terminar 55.000 viviendas cuyas obras estuvieron paralizadas en los últimos cuatro años, o que directamente no se iniciaron durante la gestión anterior a pesar de ser proyectos aprobados.

«En Argentina hay 55.000 viviendas paradas de la gestión anterior», explicó a Télam el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, quien precisó que para terminar de construirlas «se destinarán recursos por $ 110.000 millones».

Maggiotti destacó que «la construcción es generadora de empleo directo e indirecto», y remarcó que «por cada peso que el Estado invierte en viviendas, la economía produce $ 2,27 adicionales».

Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam:

Télam: ¿Cómo surgió el Programa Reconstruir?

Santiago Maggiotti: Primero que nada, es preciso destacar que es la primera vez en la historia argentina que hay un Ministerio de Vivienda (por el de Desarrollo Territorial y Hábitat), que fue una definición política del presidente Alberto Fernández. Y el proyecto que vamos a llevar adelante desde el Ministerio es la construcción de 264.000 soluciones habitacionales. Ahora, cuando asumió el ministro Jorge Ferraresi, por las charlas dentro del Ministerio, descubrimos que en Argentina hay 55.000 viviendas paradas de la gestión anterior, y nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley para poder terminar estas viviendas. El Programa Reconstruir, si bien es un proyecto que recién salió la resolución, lo venimos trabajando con las provincias y los municipios desde hace meses. Hoy tenemos un vínculo muy aceitado con las unidades ejecutoras para terminar estas viviendas que se deberían haber terminado en la gestión anterior.

T.: ¿En cuánto tiempo estiman que estarán terminadas estas viviendas?

S.M.: De las viviendas que se inició su construcción, tenemos diferentes grados de avance. Algunas están al 60%, otras al 80% y otras al 90%. Hay viviendas que se terminarán en cinco o seis meses, y otras en un año. Una parte será de terminación muy rápida a partir de que los municipios y las provincias presenten su adhesión al programa. Entonces rápidamente se va a poder ejecutar.

T.: ¿Y cuál será la incidencia en el empleo y la actividad económica?

S.M.: La vivienda es generadora de empleo y cada peso que el Estado invierte en vivienda, la economía produce $ 2,27 adicionales. Por cada vivienda se estiman de dos a tres empleos directos, y además está el empleo indirecto. La industria de la construcción hace trabajar ladrilleros, fabricantes de vidrio, cerámica, aluminio, chapas, cables, varios rubros más que trabajan en la construcción, y mueve la economía general de todo un pueblo. En este caso son 55.000 las viviendas del Reconstruir. Pero se suman a las 120.000 del Plan Casa Propia, y el resto del Procrear, de los créditos que se otorgan para soluciones habitacionales, que totalizan 264.000 viviendas que se construirán en tres años, con una inversión de $ 880.000 millones.

T.: ¿En qué instancia está el plan de viviendas en general?

S.M.: Ya se entregaron 7.000 viviendas, muchas de las cuales habían estado paralizadas, y lo que encontramos de parte de las unidades ejecutoras es una buena respuesta. En el Casa Propia, ya se firmaron actas de adhesión con todas las provincias por 72.000 viviendas. La mayoría de las provincias ya empezaron a poner en marcha los programas de viviendas. Provincias y municipios están presentando tierras para la construcción de viviendas por el Casa Propia. Además de los recursos, lo que hacemos desde el Ministerio es poner las características mínimas de la vivienda. Tiene que ser de hasta 64 metros cuadrados, las habitaciones no pueden ser inferiores a 3 por 3,5 metros; las aberturas no pueden tener menos de 80 centímetros y los pasillos menos de 1 metro de ancho.

En las llamadas viviendas sociales, los pasillos eran de 60 centímetros, y el barrio donde se asentaban terminaba visto como para pobres. Nosotros queremos que en estos barrios conviva toda la comunidad. El primer desafío que tomaron el ministro y el Presidente fue desterrar de nuestro concepto el término vivienda social, que fue impuesto por la dictadura militar para sacar de la memoria las viviendas de los trabajadores que había hecho (el ex presidente Juan Domingo) Perón, con techo de teja y piso de parqué. Y la otra gran definición es que todas las viviendas se van a pagar, no se entregan gratuitamente.

T.: ¿Cómo es el modo en que se pagarán estas viviendas?

S.M.: Se van a diferenciar grupos por sus ingresos, desde las personas que reciben una asignación del Estado hasta quienes perciben el equivalente a siete sueldos mínimos –actualmente en $ 21.600-, y todos van a pagar un 25% de su ingreso como cuota. No se cobra interés. Es un sistema solidario de vivienda. Una parte está subsidiada, y la cantidad de cuotas se define de acuerdo con el ingreso. El máximo es de 360 cuotas. A los de mayores ingresos se les achicará el periodo de tiempo en que se pagaría la vivienda. La idea que es que sea un círculo virtuoso, que todas las viviendas que se hacen en este programa se paguen por descuento directo de ingresos, y esa plata se reinvierta en la construcción de más viviendas. Si esta política es estable a lo largo del tiempo, a partir del año 10 o 12, el sistema comienza a operar solo, el Estado no necesita poner más dinero. Y en 20 años se soluciona el problema de la vivienda en la Argentina.

Negocia con el Gobierno la extensión del decreto que prohíbe las cesantías y prevé renovar con la UIA el acuerdo de 2020 que fija un límite a los recortes salariales.

De manera preventiva, como una primera reacción ante un horizonte que se anticipa incierto, la cúpula de la CGT reactivó negociaciones a dos bandas con el Gobierno y las principales cámaras empresariales para evitar que la segunda ola de coronavirus impacte con fuerza en el empleo. Temen en los gremios que las restricciones ante el rebrote se traduzcan en despidos, suspensiones y en la alteración del calendario de paritarias, que avanza por ahora en línea con la pauta inflacionaria del 29 por ciento anual que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los sindicalistas renovaron sus gestiones con el Gobierno para garantizar la continuidad del decreto que prohíbe los despidos, que vence el 24 del mes en curso, así como también el mecanismo de doble indemnización por cesantías sin causa. Ambos temas sobrevolaron ayer la reunión que mantuvo el gabinete económico, aunque no hubo una resolución oficial al respecto.

En paralelo, distintos referentes de la CGT abrieron conversaciones informales con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) para prever una eventual renovación del acuerdo para fijar una suerte de piso del porcentaje salarial a pagar en caso de suspensiones en actividades que estén paralizadas por la pandemia. Como en 2020, el trato sería que los recortes no superen el 25% del salario neto, según confiaron fuentes gremiales. La intención sería mantener los niveles de empleo y proteger las fuentes de trabajo en caso de que se detenga el músculo productivo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está al tanto de las negociaciones, aunque sabe que aún no se concretó el apretón de manos, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

“Aspiramos a que no se pare la producción ni haya cierre de plantas. Vayamos paso a paso”, planteó un jerárquico de la UIA ante las versiones sobre la renovación del acuerdo con la CGT por las suspensiones. Otro empresario de peso de la entidad fabril dio por hecho que el acuerdo se renovará, aunque no precisó cuándo. Dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el curso de la pandemia.

Los gremios, en tanto, esperan expectantes el impacto de las restricciones y las eventuales nuevas medidas que puedan implementarse en caso de que la situación sanitaria no mejore y no se logre el amesetamiento de los contagios. Se teme un parate transitorio en algunas industrias que mostraron incluso un leve repunte, como es el caso de la construcción.

Envueltos en esa incertidumbre, que se potencia por el alza inflacionaria, los delegados de la CGT reabrieron gestiones con empresarios y funcionarios del gabinete de Alberto Fernández. Y pidieron, además, retomar el régimen de audiencias cada 45 días con el Presidente, una práctica que se aceitó a fines del año pasado, pero que no duró más de tres encuentros en cadena.

Audiencia en Olivos
La CGT aspira a que el encuentro con Fernández se concrete en el corto plazo, ni bien le otorguen el alta médica por su contagio de Covid. La urgencia tiene un motivo: el vencimiento de la normativa que restringe los despidos e insistir en la necesidad de no interrumpir la actividad económica más allá de lo que depare la pandemia. “Si mantenemos los protocolos no habría razones para frenar la actividad. Necesitamos que se siga trabajando”, dijo un dirigente de un gremio industrial.

Recién llegado a la Casa Rosada y casi tres meses antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en el país, Fernández dispuso en 2019 que los trabajadores despedidos sin justa causa tendrían derecho a percibir la doble indemnización. La medida, que sirve para blindar el empleo, se podría prorrogar hasta el primer semestre de este año, según aventuró un sindicalista antes de la reunión que tuvo ayer el gabinete económico.

El vaticinio sindical no tuvo por ahora correlato en los despachos oficiales en los que se cocinaría la posible prórroga. Moroni, por ejemplo, evitó ayer dar precisiones sobre el futuro de la medida que blinda el empleo. El jefe de la cartera laboral, sin embargo, suele repetir que se trata de una “medida excepcional”, por lo que no sería extraño que se anunciara una nueva extensión del decreto.

En paralelo, la CGT negocia con el Gobierno los reintegros a las obras sociales sindicales. El supuesto retraso en los pagos ya generó cortocircuitos con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Los gremialistas reconocen que unas 30 obras sociales están en estado crítico, con una “inviabilidad absoluta”, y que el déficit mayor se dio por las coberturas de las prestaciones de alta complejidad. Estimaron una pérdida del sistema de unos 1000 millones de pesos por mes, según advirtieron dos dirigentes que conocen desde hace años el rubro.

Esta tarde, los mandatarios de las localidades de Sarmiento y Río Senguer, Sebastián Balochi y Miguel López destacaron las distintas acciones que lleva adelante el intendente Luque y la posibilidad de mantener una comunicación directa, abierta y comprometida a fin de plantear las necesidades de la región como la proyección de soluciones, tras recibir la visita del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.

En este contexto, el jefe comunal de Sarmiento, Sebastián Balochi agradeció al ministro por encontrarse en la provincia y expuso que “hoy es un día importante, lograr este equipamiento nos va a permitir terminar con un basural a cielo abierto que tiene más de 70 años en la localidad y que afecta al medio ambiente considerablemente”.

Asimismo –continuó- “sin duda, este es un Gobierno Federal que cumple con hechos y las promesas no quedan en palabras, porque hoy llegó el equipamiento a Sarmiento, una ciudad de 25 mil habitantes, en el centro sur de la provincia, en el interior de nuestro país, lo cual es muy destacable”.

”Celebro el consenso político que logramos ante la intervención de Luque”

Por su parte, el mandatario de Río Senguer, Miguel López señaló que “me gusta acompañar a los intendentes en los actos públicos, además contamos con una excelente relación con Juan Pablo Luque y Sebastián Balochi. Acordamos en el compromiso que tenemos junto a la cuenca del Senguer y estamos todos metidos en ella”.

En esta línea, manifestó que “cuando sale un proyecto de este tipo nos alegramos mucho ya que, vemos que se utilizan los fondos públicos para invertir en las necesidades de la gente y brindarles una mejor calidad de vida. Personalmente firmé un proyecto de menor escala para tramitar también alguna actividad para el pueblo de Río Senguer, porque de eso se trata la política, de generar consenso”.

Por otro lado, expuso que “trabajamos para mejorar el medio ambiente y generar mano de obra –que es lo que estamos necesitando- por eso vamos a pretender seguir adelante con esta política de Estado a nivel nacional y lo dejaron bien en claro Luque, Balochi y Cabandié. Estas gestiones antes no existían, ahora tenemos ministerios que se preocupan y ocupan. Hace muchos años que no conversábamos cara a cara con los ministros para que nos escuchen, y luego queda en cada uno cómo gestionar los anhelos”.

Fuente: RTN

Autoridades nacionales y provinciales, junto con el comité de expertos, llevarán adelante distintas reuniones con el objetivo de analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ante la suba de casos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó para esta tarde a una reunión con autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según se informó oficialmente.

Cafiero convocó para esta tarde a sus pares de Provincia y de la Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel respectivamente.

El encuentro se realizará en su despacho de la Casa Rosada y participarán también la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Provincia de Buenos Aires

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantendrá este lunes una reunión con los integrantes del equipo de expertos que lo asesora sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

El mandatario provincial encabezará el encuentro con el comité de científicos por videoconferencia.

En ese marco, se analizará cuál es la situación del coronavirus en el territorio bonaerense.

Kicillof estará acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el viceministro de esa cartera, Nicolás Kreplak.

Desde el Gobierno bonaerense se vienen advirtiendo desde hace días acerca del récord de contagios de coronavirus y piden extremar las medidas para evitar nuevos casos mientras se avanza con la campaña de vacunación.

El domingo a la noche, el gobernador Axel Kicillof dijo a Radio 10 que «los números son alarmantes» y detalló: “Venimos aumentando hace un par de semanas y esta última fue explosivo el incremento» de casos.

El Gobierno nacional ya comenzó a distribuir entre todas las jurisdicciones una nueva partida de 306 mil dosis del componente 1 de las vacunas Sputnik V que corresponden al décimo embarque proveniente de Moscú llegado al país el último martes en un avión de Aerolíneas Argentinas.

Cada uno de los cargamentos que llegan a Ezeiza pasan por un proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, para luego ser distribuidas a las 24 jurisdicciones, un proceso que ha ganado celeridad en los más recientes envíos.

Según el criterio de distribución dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como principal parámetro la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 116.100 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20.700, a Catamarca 3.000, a Chaco 8.400, a Chubut 4.200, a Córdoba 25.200 y a Corrientes 7.800.

Mientras tanto, le corresponden a Entre Ríos 9.600, a Formosa 4.200, a Jujuy 5.400. a La Pampa 2.400, a La Rioja 3.000, a Mendoza 13.200, a Misiones 8.400 y a Neuquén 4.800.

Finalmente, se destinan a Río Negro 5.400 dosis, a Salta 9.600, a San Juan 5.400, a San Luis 3.600, a Santa Cruz 3.000, a Santa Fe 23.400, a Santiago del Estero 6.600, a Tierra del Fuego 1.200 y a Tucumán 11.400.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todo el país 5.258.645 vacunas y las aplicadas totalizan 4.123.152: 3.440.284 personas recibieron la primera dosis y 682.868 ambas.

A partir de la decisión del Ministerio de la Salud de la Nación a la que adhirió Chubut, de diferir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covid – 19, el Área Programática Sur informó cómo continuará la campaña de vacunación en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer.

El Ministerio de la Salud de la Nación decidió priorizar la aplicación de la primera dosis de vacunas contra COVID-19 en la población objetivo, difiriendo en un intervalo de tres meses la aplicación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que en la actualidad están disponibles en nuestro país. Chubut adhirió a esta resolución y en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer se difirió la aplicación de la segunda dosis.

Lorena Abril, a cargo de la coordinación de la Campaña de Vacunación Covid – 19 en el Área Programática Sur, explicó que esta disposición aplica a todas las vacunas: Sputnik V, Sinopharm y Covishield. Entonces podemos avanzar en tener la mayor cantidad de gente vacunada con una sola dosis y que no nos quede población objetivo sin haber recibido ninguna dosis”, indicó al respecto.

De acuerdo a los lineamientos de Nación y los estudios realizados sobre las vacunas, la postergación de la segunda dosis no tendría efectos adversos en la vacunación, ni afectaría su efectividad.

En este sentido, Abril, indicó que una vez que hayan transcurrido tres meses de la aplicación de la primera dosis de la vacuna, la persona recibirá un correo electrónico a través del email [email protected], donde se le informará día y horario en que deberá vacunarse.

Y aclaró: “Esto es dinámico, puede cambiar de acá a tres meses, pero según la nueva recomendación en tres meses van a recibir en el correo electrónico el turno para la segunda dosis. La única excepción es el personal de salud de primera línea, pero en su mayoría ya están todos vacunados con esquema completo”.

¿CÓMO CONTINÚA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN?

A la fecha, la campaña de vacunación masiva de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly está destinada a mayores de 70 años. Y la próxima semana se podría avanzar con mayores de 60 a 69 años, teniendo en cuenta los factores de riesgo.

Abril explicó que “aquellas personas que tienen mayores factores de riesgo serán las primeras en ser convocadas para vacunarse”, y a modo de ejemplo, indicó: “Capaz hay una persona que se anotó hace tres meses y no tienen riesgo, y no la vamos a llamar en el corto plazo, vamos a priorizar a aquel que sí lo tiene y que quizás se anotó en la última semana. Con esto lo que tratamos hacer es terminar el grupo de 70 años que son las personas con mayor riesgo y ahora vamos a ir con esta franja etaria que nos había quedado pendiente.

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram gestionó el ingreso de Trevelin al programa Casa Propia que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En la jornada de ayer, en el marco del viaje que realizó a Buenos Aires junto a otros intendentes de la región, Héctor Ingram firmó con el ministro Jorge Ferraresi, el convenio por las primeras 35 viviendas, por una inversión cercana a los 181 millones de pesos.

“Debo agradecer la premura con la que se avanzó. Esto es el reflejo del Estado Nacional presente, ya sea atendiendo la urgencia, como en el caso de los municipios que fueron afectados por el incendio de principio de mes, o para ir revirtiendo el abandono del Estado Nacional hacia pueblos como Trevelin durante los años del gobierno de Mauricio Macri”, señaló Ingram.

El Intendente de Trevelin agradeció al diputado Nacional Santiago Igon, “porque se hizo eco de nuestra preocupación por la problemática habitacional en Trevelin y acompañó estas gestiones que hoy están dando éste resultado”.

Tras un período de cuatro años en los que en Trevelin no se realizaron obras por parte del Gobierno Nacional, en esta primera etapa de la actual gestión, y aún con el contexto de pandemia, ya se iniciaron las obras de adoquinado en el barrio Vialco; la obra del riego en plazoletas del sector sur de la Avenida San Martin y esta semana se inició la obra de asfalto del empalme de las rutas nacionales 258 y 71.

“Además avanzamos en estas pocas horas que llevamos en Buenos Aires con otras gestiones destinadas a dar respuestas a demandas de la comunidad de Trevelin y Sus Parajes. Tenemos un Gobierno Nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández que escucha a los intendentes, que comprende nuestras necesidades. Y los ministros y funcionarios reflejan esa voluntad política de tener un gobierno realmente de carácter federal”, concluyó el intendente.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, en la agenda de actividades que desarrolla en Buenos Aires, entregó a funcionarios nacionales, los datos de los relevamientos de personas, viviendas y productores afectados por los incendios en la comarca andina.

Estos relevamientos fueron llevados adelante mediante un trabajo en conjunto de distintas áreas de la Municipalidad, indicándose que los resultados «son provisorios y dinámicos» porque se siguen sumando personas damnificadas.

Cabe recordar que como consecuencia de los incendios, tres personas (dos de ellas de Lago Puelo) perdieron la vida.

NUMEROS DEL RELEVAMIENTO

En base a los datos de los relevamientos, hasta el momento se identificaron 511 sitios afectados, de los cuales hay 392 viviendas que presentaron pérdidas totales y 102 con pérdidas parciales. En total se vieron afectadas 1055 personas, entre las que se encuentran 112 adultos mayores, 27 personas con discapacidad y hay al menos 16 mujeres solas con niños.

Asimismo, entre los damnificados hay 61 productores capitalizados que perdieron un total de 7 tractores, 8 motocultivadores, 13 generadores eléctricos, 43 motosierras, 103 elementos de carpintería, 42 herramientas de campo y 42 herramientas manuales. La infraestructura que les fue afectada incluye 9 bombas, 54.268 metros de manguera, 52.950 metros de alambrados de 5 hilos, 10.590 postes, 42.360 varillas, 2.250 cables, 19 tanques australianos y 3175 metros cuadrados de invernaderos.

Parte de las zonas afectadas por los incendios no presentaban una urbanización planificada, se encontraban rodeadas de vegetación, no contaban con servicios, son zonas de difícil acceso y los terrenos no estaban delimitados ni regularizados. No existía previamente un censo fiel de la cantidad de habitantes y viviendas. Cabe aclarar que el censo no está cerrado y continúan los relevamientos.

AYUDA DE NACION

Desde Presidencia de la Nación se anunció hasta el momento una inversión de 171 millones de pesos en obras para las zonas afectadas y el financiamiento de viviendas por 345,8 millones para los damnificados.

Desde el ANSES se otorgará una suma adicional de bonificaciones a los damnificados por el incendio que cobran AUH y asignación por embarazo y desde PAMI también se bonificará a quienes cobran jubilaciones y pensiones y han sido afectados. En esta línea, desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Sostenible anunció inversiones para un plan de viviendas, mejoramientos de los hogares que sufrieron daños parciales y la construcción de casas provisorias.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se reunió ayer con miembros del gabinete nacional, firmando convenios y acuerdos para trabajar en solucionar la emergencia en la localidad y para la reconstrucción de las zonas perjudicadas por los incendios.