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Tras considerar el atentado a la AMIA como un delito de lesa humanidad y solicitar reformas legales para poder juzgar a los iraníes sospechosos, el Gobierno resolvió elevar la alerta antiterrorista y ordenó reforzar la seguridad en aeropuertos, embajadas o instituciones religiosas de la colectividad judía.

La Casa Rosada resolvió sumar controles en posibles objetivos de un eventual ataque terrorista: aeropuertos, hoteles, embajadas y establecimientos vinculados a la comunidad judía.

La decisión tiene que ver con el recrudecimiento de la tensión entre Irán e Israel y con el fallo histórico que concluyó que Irán planeó el ataque y Hezbollah ejecutó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

De acuerdo a lo que se determinó en dos fallos firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, se dio por probado que Teherán estuvo detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía argentina y que causó 85 muertos.

Por otra parte, se pidió reformas legales para poder juzgar a los sospechosos prófugos “ausencia”, los cuales se trata de 7 libaneses e iraníes con pedido de captura internacional de Interpol y que están protegidos en su país.

En ese marco, dijeron que Irán “asume una responsabilidad internacional, aún cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal pero que actúa bajo el control o dirección de aquel (como es el caso de la relación entre Hezbollah y la República Islámica de Irán)”.

Los magistrados dijeron que ”la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales y su “derecho a la verdad”.

En sus fallos, determinaron que la Argentina quedó en la mira por “la decisión unilateral del gobierno de Carlos Menem de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Teherán″.

Paulino Caballero se refirió a la deuda que Provincia mantiene con Nación, la que hace semanas desataba un conflicto entre Nacho Torres y Javier Milei.

El presidente del Banco Chubut admitió que “la deuda con Nación, con las condiciones actuales, se consideraba impagable”.

“Estamos esperando esa mesa de negociación siempre y cuando sean condiciones favorables para la provincia”, añadió luego en diálogo con Canal 12 sobre la deuda por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Fue contundente al señalar que “nunca vi que un Gobierno nacional le ejecute las garantías a una provincia. El volumen que estaban descontando era un tercio de la masa salarial”.

“Esta deuda del fondo fiduciario no es solamente que la tenés que pagar cara y ya, sino que también te pone una pared para acceder al mercado de créditos”, añadió más adelante.

Provincia a través del Ministerio de Producción, participó de una reunión de trabajo en forma conjunta con funcionarios y productores de las provincias de la Patagonia, en donde también estuvo presente la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas. El encuentro tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como objetivo central abordar la definición de posibles soluciones para el tema de los predadores que afectan negativamente las actividades agrícolas y ganaderas de la región.

A tal fin, la ministra de Producción del Chubut, Digna Hernando, asistió al encuentro, acompañada en la ocasión por la subsecretaria de Agricultura y Ganadería del Chubut, Verónica Iannini; el presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Osvaldo Luján; y el titular de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Juan José Anglesio.

También estuvieron presentes funcionarios y productores de todas las provincias que componen la región patagónica, como así también representantes de otras áreas del Gobierno nacional, entre ellas la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Bioeconomía.

Encuentro positivo

Tras finalizar la reunión y en diálogo con la prensa, Hernando manifestó que “hoy hemos tenido un encuentro muy positivo con la Subsecretaria de Ambiente de la Nación y su equipo de trabajo, quienes demostraron una muy buena predisposición para trabajar junto a nosotros en la solución del tema de los predadores que afectan el desarrollo de la actividad productiva en Chubut, y en toda la Patagonia en general”.

Hernando agregó que “fue muy importante porque estuvimos presentes todas las provincias patagónicas, que estamos enfrentando este problema de manera conjunta, y porque Nación pudo escuchar de primera mano la voz de nuestros productores, que vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre esta situación que lejos de mejorar ha empeorado considerablemente durante los últimos años”.

La titular de la cartera productiva chubutense hizo hincapié en destacar que “no todas las soluciones pasan por lo presupuestario; existen una gran cantidad de normas que deben ser reformadas y actualizadas a los tiempos que vivimos, porque -hoy por hoy y tal como están planteadas las cosas- representan un gran obstáculo para el crecimiento de la actividad agropecuaria y para la creación de nuevas fuentes de trabajo para Chubut y Argentina”.

Para finalizar, Hernando indicó que “tal como lo ha promovido el gobernador, Ignacio Torres, estamos trabajando de manera conjunta entre todas las provincias patagónicas para hacer más fuertes nuestros reclamos ante Nación. En este caso puntual, hemos tenido una recepción muy positiva. En los próximos días terminaremos de darle forma, junto a las autoridades nacionales y provinciales, a las soluciones concretas que desde hace años vienen reclamando nuestros productores agropecuarios, para poder generar más inversión, puestos de trabajo y también más ingreso de divisas para la Patagonia, y para la economía argentina”, concluyó.

El Gobierno envió al Congreso de la Nación el nuevo paquete fiscal para ser tratado como proyecto. Luis Caputo, ministro de Economía, dio detalles claves a tener en cuenta, donde destaca el blanqueo de capitales hasta US$100.000 sin recargos.

El titular de la cartera de economía utilizó sus redes sociales y dio un panorama del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. En este marco, señaló una serie de beneficios para aquellos que blanqueen capitales, como parte del Régimen de Regularización de Activos.

En este sentido, Caputo confirmó que habrá alícuota cero para montos menores o hasta US$100.000. De esta manera, no pagarán impuestos ni penalidades. No obstante, aclaró que todos aquellos montos superiores, deberán tener en cuenta algunos requisitos para poder gozar del beneficio fiscal.

“También es alícuota cero para montos superiores a los 100 mil dólares, en tanto y en cuanto los ingreses en el sistema financiero argentino y no los retires hasta el 31/12/25, o los destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el poder ejecutivo”, recordó el ministro de Economía en X.

“Adicionalmente, si adelantas el pago de bienes personales del 2023 al 2027 lo haces a una alícuota de 0,45% por año (2,25% por los 5 años, pagaderos al tipo de cambio oficial). Esto te da derecho a no tener que presentar declaración jurada hasta el 2028, y estabilidad fiscal hasta el 2038”, añadió.

En el proyecto normativo, remarcaron que se encuentran alcanzadas por el blanqueo de capitales tanto los residentes argentinos como aquellas “personas humanas que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023 y que, a dicha fecha, hubieran perdido tal condición de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, podrán adherir al presente Régimen de Regularización de Activos como si fueran sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes. De ejercerse esta opción, se considerará que estos sujetos han adquirido nuevamente la residencia tributaria en el país”.

CÓMO SERÁ EL BLANQUEO DE CAPITALES

El proceso de adhesión al nuevo régimen establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se llevará a cabo en tres etapas. La primera de ellas comenzará un día después de la puesta en vigencia de la reglamentación correspondiente y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024. En tanto, la segunda etapa iniciará el 1 de octubre y concluirá el 31 de diciembre de 2024, mientras que la tercera se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025. Cabe señalar que durante esos períodos, se deberá cumplir con los requisitos de adhesión y pago establecidos por la AFIP.

En el marco de la primera etapa del blanqueo de capitales en Argentina, los contribuyentes tienen la posibilidad de sumarse a través de un mecanismo que implica el pago de una tasa del 5% sobre el excedente de dólares estadounidenses que deseen regularizar. En este sentido, si una persona decide blanquear bienes por un valor de US$200.000, deberá abonar una penalidad de US$5.000, que equivale al 5% de la cantidad que exceda los US$100.000.

Mientras que en la segunda etapa, se aplicará una tasa de penalidad del 10%, la cual se calculará sobre el excedente de US$100.000. Luego, en la tercera etapa, la tasa aumentará al 15%.

Por otra parte, recordaron que se deberán regularizar todos los bienes que no fueron declarados con anterioridad y los mismos serán valuados en dólares.

El Gobierno evalúa abrir el pago de la tarifa de transporte a cualquier tarjeta y al abono por medio del celular, para poner a competir al sistema Sube, finalidad para la que prepara un decreto. La idea es quitarle la exclusividad de la gestión de los cerca de 400 millones de pasajes que se venden cada mes a Nación Servicios, de Banco Nación.

La norma que terminaría con esa exclusividad será el primer paso para que todos los usuarios estén en condiciones de pagar los pasajes de colectivo, tren o subte con cualquier tarjeta de débito o crédito. El decreto apuntaría a derogar el 84/2009, que puso en marcha el Sistema Unico de Boleto Electrónico, el cual quedó bajo operatoria del Banco Nación.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, en la discusión de la norma, que será llevada ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei, se encuentran funcionarios de las secretarías de Transporte y de Comercio, y del Banco Central, además de distintas empresas involucradas.

Según fuentes cercanas a Transporte, los dispositivos que se ubicarán en colectivos, estaciones de trenes y subtes deberán aceptar todas las tarjetas bancarias, de débito, crédito o prepagas y no habrá exclusividades de ningún tipo.

El decreto posibilitará la llegada del sector privado y un sistema abierto, en el que los dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin distinción. No obstante, se prevé que el sistema Sube siga vigente junto con los medios de pago a incorporarse.

El desembarco formal de uno de los hombres de mayor confianza de Paolo Rocca en la Secretaría de Trabajo marcó no sólo un nuevo capítulo en la captación de espacios de poder del Grupo Techint en el gobierno de Javier Milei. También buscará replicar las reformas que se vienen aplicando en las compañías del gigante de la industria.

Julio Cordero, uno de los cerebros legales en materia de relaciones laborales de la Unión Industrial Argentina (UIA), ya se desempañaba en la Secretaría de Trabajo, pero de manera informal, sin cargo. En paralelo, continuó conduciendo la estrategia del Grupo Techint que, bajo el precepto del reformateo que promueve Rocca, aplicó un plan de ajuste en sus compañías que recalentó la conflictividad sindical en el sector.

Reforma laboral de hecho

Este miércoles se cumplió la segunda jornada de huelga general de tres días convocada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que conduce Abel Furlán, en el marco de un plan de lucha para el sector siderúrgico que ya lleva cuatro jornadas completas en el mes. ¿Las razones? La falta de actualización de los salarios en un sector hiperconcentrado donde el Grupo Techint manda y ordena.

El conflicto siderúrgico está motivado por el congelamiento de salarios del personal que produce, centralmente, en el corredor San Nicolás-Rosario. Desde su posición dominante en el sector, la T, como se conoce al grupo en el mundo empresario, viene aplicando una reforma laboral de hecho en tándem con el Ejecutivo. Allí, además de Cordero, pisan fuerte otros dos cuadros del grupo: Miguel Ángel Ponte y Ernesto Rona, otro exdirectivo especialista en Recursos Humanos.

Asesores legales para estirar las negociaciones

Presentados como asesores legales, Ponte y Rona son los responsables de operar la no homologación de acuerdos salariales como la herramienta principal para mantener a raya los salarios, pese a la vigencia de las paritarias. El Grupo Techint fue el primero en disciplinar a quienes trabajan en el sector industrial y desde diciembre, cuando venció el último tramo de la paritaria, vienen estirando la negociación salarial.

Desde diciembre venimos discutiendo con la Cámara del Acero un acuerdo que no prospera por la inflexibilidad e irresponsabilidad empresaria», dijo el titular de la UOM al referirse a los paros de actividades escalonados que se están realizando y advirtió: «Techint es quien lidera un estrategia salarial, imponiéndole al resto de las empresas que no atiendan las demandas sindicales».

Mientras funcionarios y los equipos de abogados de las empresas dilatan las negociaciones, en paralelo, las compañías otorgan adelantos de sueldo. No bajo la forma tradicional de anticipos a cuenta de futuros aumentos, sino como si fuesen anticipos solicitados por el personal y que se descuentan al mes siguiente. La estrategia es que las negociaciones salariales se empantanen permanentemente.

Las cuentas de Paolo Rocca

“Estamos en la profundidad de una crisis muy importante, donde necesitamos exportar y seguir operando para mantener el trabajo”, declaró Rocca esta semana, metiéndose de lleno en la pelea gremial, a la que consideró como «una acción muy difícil de entender». La realidad es que los números no demuestran una situación ajustada para su holding, sino más bien lo contrario.

En 2023, Ternium-Siderar, la principal acería nacional de Techint, anotó una rentabilidad de más 192.000 millones de pesos, libres de impuestos, pero en ese mismo período, el costo salarial de la compañía se desplomó un 36%. Si se va más atrás, entre 2016 y 2023, la reducción de los costos salariales llega al 66%; mientras que en la actualidad se encuentra por debajo de lo que estaba hace 20 años, en 2004.

El desplome del costo salarial contrasta con el aumento de precios que el holding industrial le aplicó a sus principales productos. Por ejemplo, el acero aleteado en barra, uno de los productos insignias de Siderar, aumentó 301,6% entre abril de 2023 y enero de 2024; mientras que en el mismo período, la perfilería tanto de hierro como de acero, aumento un 299,9%. En todos los casos, superando el índice de inflación e incluso la inflación acumulada en un año.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó la decisión de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de convocar a una sesión para que la Cámara Alta del Congreso trate este jueves el mega DNU 70/23 firmado por el Presidente Javier Milei a fines de diciembre.

En este sentido, señaló que “este Gobierno repite hechos parecidos que son torpes”.

“Cuanto más crea el Gobierno Nacional que enfrentándose con todos le va a ir mejor, más se va a aislar”, dijo.

Asimismo, aclaró que “buscan enemigos imaginarios como los gobernadores. Por eso yo di vuelta la página y sacó lo personal”.

“Lo que hizo la vicepresidenta es excelente: cumplir lo que dice el reglamento. El Congreso tiene que funcionar, el Congreso tiene que debatir. Después está, obviamente, la picardía y el sentido de oportunidad de cómo actúas ante ese debate”, indicó -según publica El Patagónico-.

En este marco, destacó que “puedo dar fe de que la vicepresidenta siempre generó ámbitos para ayudar al Gobierno a generar los consensos”.

Además, dio su visión sobre el ”Pacto de Mayo” para el que Milei convocó a los gobernadores, hecho que valoró, pero señaló que hasta que llegue el 25 de mayo el Gobierno Nacional tiene que ”empezar a dar mensajes concretos a la ciudadanía de que tiene las herramientas para gobernar”.

Hay que recordar que la Oficina del Presidente publicó un duro comunicado en contra de los sectores que impulsaron el tratamiento, este jueves, del mega DNU en el Senado, que había sido avalado por Villarruel. ”Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”, dijo la cuenta que Presidencia usa como canal oficial de comunicación.

En medio de la escalada de la violencia narco en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó hoy el Reglamento General Para el Empleo de Armas por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales que se aplicará en casos de situaciones de “riesgo inminente”, con el fin de abatir a quienes cuando cometan un ilícito ofrezcan resistencia a la autoridad y generen riesgo de vida para los agentes de seguridad y otras personas. “Venimos a poner las cosas en su lugar, no queremos otro Chocobar más”, sostuvo la funcionaria en conferencia de prensa, en alusión al ex policía que fue condenado en 2021 por disparar y asesinar a un delincuente en 2017.

El documento, que será oficializado mañana en el Boletín Oficial y al que accedió Infobae, establece cinco causales que habilita el uso de armas de fuego a los agentes de seguridad, siempre que resulten ineficaces otros medios no violentos. El primero detalla que será en defensa propia o de otras personas, “cuando hubiere peligro inminente de muerte” o de lesiones graves. El segundo dispone que se utilizarán cuando sea necesario impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas o ponga en peligro, de cualquier modo, la vida de otras personas.

El tercer punto del articulado consigna que se podrá usar armas de fuego para proceder a la detención de quien “represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, o para ayudar a efectuarla. En tanto que el siguiente señala que también se podrán utilizar para “impedir la fuga de quien represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, y hasta lograr su detención. El último punto dispone: “Para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos de detención cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas que se encontraren bajo custodia o detenidas o de quienes tienen a su cargo su seguridad”.

“El otro día vimos a una mujer policía que se sacó de encima a dos delincuentes y logró perseguirlos. Esperemos que el proceso penal determina que ella actuó como policía y no como delincuente”, sostuvo la ministra en otro tramo de la conferencia, en relación a la oficial Jessica Vanina Díaz, miembro de la Policía de la Ciudad que abatió la semana pasada a un delincuente en La Matanza, luego de ser abordada en una situación de robo.

Durante la presentación del Reglamento, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio en la calle Gelly y Obes 2200 del barrio de Recoleta, Bullrich estuvo acompañada por Carlos Manfroni, su jefe de Gabinete, y por el Dr. Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio. “Esto va a poner fin a la injusticia de hombres y mujeres de las fuerzas ”, aseguró la ministra respecto a otro apartado del documento.

En ese contexto, Bullrich reveló una conversación que tuvo con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en su reciente visita a la provincia para anunciar el envío de fuerzas federales para combatir al narcotráfico. Le pregunté -al mandatario santafesino – por qué cree que no se han visto tiroteos y enfrentamientos entre agentes de seguridad locales y los narcos. Y Pullaro me respondió que los policías no quieren tirar porque están todos presos -los que dispararon contra delincuentes-”.

La ministra manifestó su respaldo a las agentes a la hora de enfrentarse a los delincuentes. “Van a tener la capacidad de actuar sin miedo. Un policía con miedo, puede ser un policía muerto”, aseguró. Ante una consulta respecto a la situación de Rosario, Bullrich sostuvo que las fuerzas federales tienen que “tomar y dominar el territorio y atrapar a los narcos que quedan libres”.

Compra de armamentos

Durante la conferencia de esta tarde, Bullrich informó que el Gobierno avanza en la compra de armamentos y municiones para profundizar el combate contra el narcotráfico y garantizar el orden público. Infobae pudo saber que se trata de una inversión de U$D 20 millones para la adquisición de insumos para equipar a las cuatro fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En ese sentido, el Ministerio publicó ayer en el Boletín Oficial la Resolución 111/2024 que aprobó un convenio interadministrativo con Fabricaciones Militares para la producción y provisión de municiones destinados a las Fuerzas de Seguridad y Policiales de carácter Federal. La adquisición fue supervisada por Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio.

Este viernes 15 de marzo, la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitará la provincia de Chubut y Santa Cruz. Su agenda incluye paradas en Comodoro Rivadavia, Río Mayo y Las Heras, donde participará de eventos destacados.

En Comodoro Rivadavia, la vicepresidenta aterrizará en el Aeropuerto General Mosconi y luego se trasladará por tierra hasta Las Heras. En la mencionada localidad, será recibida en el marco de la sexta edición de la Fiesta de la Estepa Patagónica, un evento cultural imperdible de la región, donde podrá disfrutar de las presentaciones de bandas nacionales como Turf, Los Tipitos, Trulalá y La 2001.

Además, durante el evento los más pequeños podrán disfrutar de la actuación del reconocido artista infantil Piñón Fijo. Por otra parte, la Vicepresidenta realizará una parada en la localidad de Río Mayo para visitar el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9.

Desde el gobierno nacional se presentó un recurso de apelación que ya ingresó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia respecto al fallo del juez Hugo Sastre, pronunciado el 27 de febrero último.

Vale recordar que el mismo había hecho lugar parcialmente al pedido del gobierno provincial, para que se dejara sin efecto el descuento de fondos de la coparticipación, como forma de cobro de los préstamos tomados por la gestión anterior.

Si bien el juez no dispuso que Nación le devolviera a la provincia la plata descontada por la primera cuota, ordenaba que en los siguientes meses cesaran los descuentos.

En su pronunciamiento, el Juez había ordenado a Nación que se abstenga de continuar con el cobro y había instado a las partes a negociar un plan de pago.