Las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina presentaron una querella penal respecto a lo que consideran como un ecocidio de cientos de pingüinos en la Reserva Natural Punta Tombo en 2021.
Según la denuncia, durante agosto y noviembre de 2021, sin autorización previa de impacto ambiental y mediante la utilización de retroexcavadora, se abrieron caminos, realizaron desmontes de vegetación nativa y movimientos de suelo sobre el área de la colonia de pingüinos de Magallanes y la ribera marina Punta Clara que limita con la Reserva Natural Punta Tombo, lo que habría ocasionado graves daños a la fauna, flora y los ecosistemas asociados.
Según las organizaciones, estiman que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación.
Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado habría impedido la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
Crueldad animal
“Lo sucedido da cuenta que estamos ante una masacre de pingüinos a cielo abierto, actos atroces de crueldad animal y daños a los ecosistemas que no pueden quedar impunes”, sostuvo Lucas Micheloud, co-director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. “Necesitamos que la justicia condene a los responsables con las máximas penas previstas para estos hechos y que el Congreso de la Nación avance urgentemente en la reforma del código penal tipificando los crímenes ambientales”.
A su vez, José María Musmeci, presidente de Fundación Patagonia Natural afirmó: “Es necesaria y muy positiva la intervención de la justicia para reforzar los esfuerzos de conservación constante y limitar el accionar arrogante sobre la biodiversidad que nos pertenece a todos y no al propietario del área”.
“Estamos frente a un verdadero ecocidio. Este es un claro ejemplo de cómo los ecosistemas y las especies son vulnerados a diario por la actividad humana. No podemos permitir que más hechos como este ocurran, necesitamos con urgencia una ley de delitos ambientales, que contemple penas específicas para estos crímenes”, mencionó.
Bruno Giambelluca, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace