La presentación fue realizada por diputados del oficialismo y de la oposición de La Pampa, quienes consideraron que la jueza Ana Clara Pérez Ballester tuvo «mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo».
Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio Dupuy a su madre Magdalena Espósito Valenti, quien fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por haber asesinado a golpes y patadas al niño de 5 años.
La primera de las denuncias por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, mientras que después del mediodía hicieron lo mismo los diputados del bloque del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), quienes entregaron el pedido de jury en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.
«Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo», explicaron los diputados Ardohain y Trapaglia en un comunicado.
Para los diputados del PRO, la jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico, Pérez Ballester, debe explicar por qué «no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar donde iba a vivir Lucio»; «no se informó, ni se citó a testigos»; «no se escuchó al menor»; «no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales»; «no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental»; ni explicó el «cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa».
El pedido fue acompañado por los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal que comparten con los diputados del PRO.
Por su parte, Pablo Rodríguez Salto, uno de los abogados defensores de la magistrada, dijo a Télam que van a «mostrar con claridad que la jueza no actuó mal».
«Leyendo los procesos, uno entiende que cuando ella tomó la decisión, no había indicio alguno de violencia», destacó el letrado.
El pedido de juicio político busca establecer los motivos de «la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora» que «derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño».
«La magistrada denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo», afirmaron los denunciantes.
Y agregaron que «no se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos, como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores».
«También se observa, por ausencia de constancia procesal alguna al respecto, que el niño fue privado de su derecho a la escucha», explicaron y añadieron que «no menos grave» es que «no se notifica ni trae a juicio al progenitor del niño».
«En este aspecto es necesario tener en cuenta que el cuidado personal es una de las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental y que ésta les compete a ambos progenitores por igual», consideraron en la denuncia.
