Cuando faltaba apenas un día para que se terminen las concesiones de las represas que están en la región del Comahue, entre Río Negro y Neuquén, la Secretaría de Energía publicó hoy una nueva resolución para prorrogarlas por 100 días. De esta manera, el próximo gobierno heredará la decisión de qué hacer con las represas, después de que se dieran en concesión a empresas privadas hace 30 años.
La Secretaría de Energía, dirigida por Flavia Royon, estaba trabajando en la creación de una nueva empresa estatal que se iba a llamar Enarsa Hidroeléctrica Comahue. La idea era que esa compañía se quedara con el control de las represas y que licitara solo la operación y el mantenimiento, pero sin traspasar el activo a las empresas privadas, como sucede actualmente, donde las compañías a cargo de las concesiones tienen en sus balances la propiedad de las represas.
Pese a la presión del ala dura del kirchnerismo por tener el control estatal de las concesiones de las hidroeléctricas, finalmente el Gobierno mantendrá sin cambios la situación actual de las represas, que quedará para la próxima administración.
“Se estima conveniente prorrogar por 100 días corridos, desde el vencimiento del plazo de 60 días corridos dispuesto en el artículo 1° de la resolución N° 574/23 de la Secretaría de Energía, para las centrales hidroeléctricas mencionadas, a los fines de realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales”, dice la nueva resolución 815/2023.
La nueva fecha de vencimiento para las concesiones será el 18 de enero de 2024 para las centrales AES Alicurá, Enel Generación El Chocón y Orazul Energy Cerros Colorados. En tanto, la represa Piedra del Águila, que está bajo el control de Central Puerto, tiene fecha de finalización de la concesión el 7 de junio.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tenía la intención inicial de crear una nueva empresa estatal que tuviera como accionistas principales al Estado y a las provincias en donde están las represas. El Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, además, pensaba incluir a las empresas que actualmente tienen las concesiones como posibles accionistas.
En marzo del año pasado, el Gobierno había creado un comité al que llamaron Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados (Etahc), que tenía como función “elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales”. El comité estaba integrado por el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, entre otros.
Con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, el comité perdió fuerza, pero continuó la presión del kirchnerismo para que las centrales hidroeléctricas vuelvan a manos del Estado, luego de que en 1993, durante las privatizaciones de la convertibilidad, se licitaran las concesiones por 30 años.
Las provincias también pedían mayor participación, pese a que actualmente cobran un 12% de regalías. Los gobiernos provinciales buscaban crear un fondo que se nutriera de los ingresos que generan las represas para financiar nuevos proyectos hidroeléctricos.
El sector privado, sin embargo, no veía con buenos ojos esta nueva modalidad, ya que las tarifas que paga Cammesa, la compañía con control estatal a cargo de los despachos de energía eléctrica, son muy bajos, dicen las empresas. Estas tarifas fueron dolarizadas durante la llegada al gobierno de Mauricio Macri y luego vueltas a pesificar al comienzo de la administración de Alberto Fernández. Se suponía que las tarifas pesificadas iban a actualizarse de manera trimestral según la inflación, pero esa indexación se suspendió con el inicio de la pandemia. Ahora las tarifas se actualizan de manera discrecional, sin índice de ajuste o fecha estipulada, según la instrucción de la Secretaría de Energía.
