El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.
El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.
Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.
Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio, señala EFE.
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El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay «materialidad» e «indicios razonables» en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.
Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del exjefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos «en forma detallada» y «satisfactoria» por la Fiscalía.
«Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (…) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado», dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.
El juez sostuvo que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido» en un objetivo que «no se concretó» por «la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción».
Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales «que concuerdan con la materialidad» de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia «amplia y bien elaborada».
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En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien también resaltó los detalles expuestos en la investigación, dijo que «la dictadura mata» y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de «vigilancia constante».
El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien aseveró que la Corte cuenta con «hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía».
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
