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Bolivia: Áñez y sus ex ministros son enviados a la cárcel y anuncian marchas

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La Paz La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y los ex ministros transitorios de su breve gobierno Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, serán enviados a prisión por cuatro meses como medida preventiva, mientras comités cívicos y víctimas de la crisis que vivió el país en 2019 preparan marchas a favor y en contra de esta medida.

La jueza de instrucción en lo penal Regina Santa Cruz determinó la prisión preventiva de la ex mandataria transitoria (2019-2020) en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que los ex ministros estarán detenidos en la cárcel de San Pedro.

Durante la audiencia, que duró casi diez horas y se desarrolló de forma virtual, se escucharon los alegatos de Áñez, la Fiscalía y la ex diputada del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia por “golpe de Estado” ante el Ministerio Público.

“Es recurrente el hecho de que me quieran tildar de golpista. Un Gobierno no puede ser golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa”, dijo Áñez al dirigirse a la jueza.

Exigió ser juzgada en un juicio de responsabilidades por su figura como ex mandataria y reiteró que no tiene intenciones de salir del país y que seguirá “dando la cara” cuando la Justicia lo requiera.

“En conjunto con la señora Eva Copa (entonces presidenta del Senado) y la Asamblea Legislativa se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales, eso creo que fue un gran logro para todos los bolivianos, producto de ello es que llamamos a elecciones y el señor (Luis) Arce es presidente”, afirmó Áñez,

“Nací en Bolivia, vivo en Bolivia y moriré en Bolivia”, zanjó desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde permanece detenida junto a sus dos ex ministros.

Áñez, detenida la madrugada del sábado, y sus ex ministros, aprehendidos el viernes por la tarde, son procesados en el marco del caso “golpe de Estado” y se les acusa de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

La Fiscalía boliviana había solicitado este domingo seis meses de detención preventiva, pero la jueza consideró que era mucho tiempo para la investigación.

DENUNCIAN AMENAZAS

El ex ministro de Justicia Coímbra denunció en Twitter que sus familias están siendo “acosadas y amenazadas” y sostuvo que “cualquier cosa que pasara con ellos” es responsabilidad del ex presidente Evo Morales y del presidente Luis Arce.

“Es un completo abuso, es todo ilegal, son órdenes de arriba, todo está armado”, lamentó a Efe Dalia Lima, esposa del ex ministro Guzmán.

Tras conocerse la decisión judicial, Jeanine Áñez señaló que “el MAS decide y el sistema judicial obedece”. y que estará detenida “para esperar el juicio por un ”golpe que nunca ocurrió“.

CONVOCAN A MARCHAS

En la ciudad amazónica de Trinidad, donde fueron aprehendidos Áñez y los dos ex ministros, un comité cívico exigió su liberación en las próximas 48 horas y advirtió sobre otras medidas de presión.

Además, el Comité Pro Santa Cruz convocó a una concentración para la tarde de este lunes y la resistencia civil de Oruro pidió que se retomen los cabildos ciudadanos para expresar el rechazo a las aprehensiones.

En sentido contrario, desde el sábado un grupo de personas entre ”autoconvocados“, gremialistas, transportistas y representantes de víctimas de los conflictos de 2019 hacen una vigilia en las puertas de la Felcc y exigen que se haga justicia y que ”caiga todo el peso de la ley“ sobre Áñez y sus ministros.

En cambio, en la Zona Sur de La Paz otro grupo de personas se congregó para manifestar su apoyo a la ex mandataria transitoria y los ex ministros señalando que su gobierno no fue producto de un ”golpe de Estado“.

PIDEN ”MÁXIMA ATENCIÓN“

El ex presidente Carlos Mesa, líder del principal partido opositor de Bolivia, Comunidad Ciudadana, envió este domingo una carta a la ONU, a la alta Comisionada para los Derechos Humanos, a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denuncia ”persecución judicial“ en su país.

Mesa (2003-2005) instó a que la ”comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos“.

Por su parte, la bancada de la opositora Alianza Creemos interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para Áñez, Guzmán y Coímbra, y todas las personas que están siendo procesadas ”por las movilizaciones sociales que pidieron la renuncia del ex presidente Evo Morales en 2019“.

El arzobispo de la ciudad de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, cuestionó que ”se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron el voto ciudadano y a la democracia, mientras que se presentan como víctimas a los autores del fraude. La democracia exige respeto de los derechos humanos“.

Asimismo, las autoridades informaron de la detención de Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, quien lideró varias manifestaciones tras las fallidas elecciones de 2019.

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Detienen a Jeanine Áñez en Bolivia: qué es el «caso golpe de Estado» y por qué generó controversia en el país

Jeanine Áñez

La expresidenta interina del país, Jeanine Áñez, fue detenida el sábado en la madrugada en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, bajo acusaciones de «sedición, terrorismo y conspiración».

Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros exmiembros de ese gobierno.

La medida marcó una escalada de hostilidades entre el actual ejecutivo de izquierda y la oposición, más conservadora, y provocó una gran polémica en el país.

Pero, ¿de qué se acusa exactamente a Áñez y a los miembros del ejecutivo transitorio?

Caso «golpe de Estado»

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el sábado que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Áñez «por el caso de un golpe de Estado en nuestro país».

Según explicó Del Castillo, la investigación contra Áñez y sus ministros comenzó en diciembre y seguirá el debido proceso, informa Reuters.

Las autoridades también emitieron órdenes de detención sobre los exministros interinos de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno (Interior) transitorio, Arturo Murillo; y de Defensa, Luis Fernando López. Los dos últimos no se encuentran en el país.

El gobierno socialista, que regresó al poder en octubre del año pasado, acusa al gobierno de Áñez y a exlíderes policiales y militares de derrocar a Evo Morales en 2019, en una supuesta asonada.

Áñez asumió el poder a fines de 2019 después de la profunda crisis desatada tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre que llevó a la dimisión de Evo Morales.

La renuncia de Morales se produjo en medio de violentas protestas y acusaciones de fraude, y después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

La teoría del golpe de Estado, que defiende el oficialismo boliviano, es refutada por sectores de oposición que señalan que en 2019 se produjo un levantamiento social provocado por el presunto fraude electoral con el que Morales pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva, pese a que la Constitución del país solo permite dos mandatos seguidos.

Áñez estuvo en el poder hasta finales de 2020, cuando el partido socialista MAS de Evo Morales arrasó en las elecciones de octubre con el presidente Luis Arce a la cabeza.

La propia Áñez se pronunció sobre su inminente arresto antes de que se produjera.

«La persecución política ha comenzado», sostuvo la expresidenta en su cuenta oficial de Twitter. «El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura», manifestó.

«Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020», explicó el ministro de Gobierno.

Fuente: BBC

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Jeanine Áñez decidió no declarar y sigue detenida por el golpe de Estado

Jeanine

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera que se defina su situación judicial tras ser detenida en la madrugada del sábado en relación a su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Áñez fue aprehendida en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, informaron medios locales.

La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin estar esposada y escoltada por el actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.

«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía», anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales «un acto de abuso y persecución política».

El Gobierno «me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió», añadió Áñez.

«Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, dijo el ministro del Castillo en una breve conferencia de prensa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, donde fue llevada Áñez.

“Nuestra policía ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre la gestión anterior por el golpe de Estado en nuestro país”, añadió el funcionario en declaraciones reproducidas por la Agencia Boliviana de Información.

La Fiscalía emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.

La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó la agencia de noticias AFP.

La orden de aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe.

En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas.

Ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce.

El viernes, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

«La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas», señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.

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Una monja enfrentó cara a cara a soldados en Myanmar

Monja

Mientras el país se debate en una crisis social que dejó varios muertos, heridos y detenidos en diversas regiones, la imagen de una religiosa arrodillada con sus brazos abiertos frente a los efectivos armados se volvió viral en las últimas horas.

La monja Ann Rose Nu Twang se volvió viral en Myanmar por una imagen fuerte, en la que se la ve arrodillada frente a un grupo de policías, con los brazos extendidos en cruz, en medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado. Según dijo, les pidió que «no dispararan porque había chicos en la zona».

Lo cierto es que dos policías hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Myitkyina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, el pasado 1 de febrero.

El acto de valentía de Nu Twang fue muy compartido en las redes sociales del país, mayoritariamente budista y no era la primera vez que lo realizaba. El 28 de febrero, la religiosa de 45 años ya se había distinguido al ponerse de rodillas frente a las fuerzas de seguridad en lo que muchos definieron como un “momento Tiananmen”, en alusión al hombre que detuvo un tanque en la Plaza Tiananmen durante la protesta de los estudiantes chinos en Pekín en 1989.

Cabe destacar, que el lunes 8 de marzo, al menos tres manifestantes murieron en la zona. No se sabe con certeza de dónde procedían los tiros, pero la policía y el ejército no dudaron en usar munición real desde que empezó la insurrección pacífica contra el golpe.

La policía y el ejército lanzaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra la multitud, que levantó barricadas con chapas. En medio de los incidentes, sor Ann Rose se acercó a las fuerzas de seguridad.

“Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije: ustedes váyanse primero. Les supliqué que no dispararan contra los niños, que en lugar de ello me mataran a mí. Levanté las manos en señal de perdón”, contó la monja a la agencia de noticias AFP.

“Fue un momento de pánico. Estaba en medio y no podía hacer nada”, explicó, aunque aseguró que ella “no tenía miedo”.

Otras dos monjas llegaron para apoyarla. “Paren, están torturando y matando a gente. Es por eso que la gente está enojada y se manifiesta”, lanzó una de ellas.

Pero, no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar, recordó. Unas imágenes divulgadas por redes sociales muestran a manifestantes inmóviles y cubiertos de sangre, uno de ellos con la cabeza medio arrancada.

Al menos 60 civiles murieron desde el golpe y más de 1.800 fueron detenidos, según la Asociación de asistencia a los presos políticos. Los medios del estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles, y aseguran que las fuerzas de seguridad deben “contener los disturbios tal y como dicta la ley”.

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Crecen las protestas contra el golpe de Estado en Birmania tras la represión del Ejército

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En la mayor huelga general desde la revolución de 1988, millones de personas paralizan el país tras abatir los militares a dos manifestantes y herir a varias decenas en Mandalay.

Multitudes en Rangún, Mandalay, Naypyidaw, el lago Inle y, prácticamente, por toda Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania. Un río humano inunda este bello país del Sudeste Asiático para luchar por su joven democracia, amenazada por el golpe de Estado que el Ejército dio el 1 de febrero contra el Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Tras la represión del fin de semana, que se cobró al menos dos vidas y decenas de heridos, millones de personas han tomado las principales ciudades birmanas para sumarse a una nueva jornada de huelga general. Llamada la «Revolución de los Cinco Doses» por celebrarse este 22 de febrero, recuerda por su carácter masivo al Levantamiento de los «Cuatro Ochos» del 8 de agosto de 1988 contra la dictadura militar de aquel entonces, que acabó en un baño de sangre un mes después.

Pero ni siquiera tan trágico recuerdo ha amilanado a los manifestantes, quienes siguen desafiando a los soldados comandados por el general Min Aung Hlaing, el nuevo «hombre fuerte» del país. Según informa el periódico ‘The Irrawaddy’, la huelga general ha sido convocada por 25 organizaciones de todo tipo, desde partidos políticos hasta sindicatos estudiantiles y agrarios pasando por grupos religiosos, profesionales y de intelectuales, y es ya la mayor movilización desde el golpe. «Las protestas de hoy son mucho mayores que las de antes, con más carreteras y autopistas cortadas y tiendas cerradas por todos sitios. Hoy es más una huelga general en el sentido de que nadie ha ido a trabajar. Además de las tiendas, han cerrado las empresas estatales, los departamentos de Hacienda, los ingenieros, los médicos…», explica a la BBC Thompson Chau, periodista del medio local Frontier.

Tal y como muestran las redes sociales en internet, que han estado cortadas durante la noche y parte de la mañana, la muchedumbre se ha echado a las calles pese a la represión que el Ejército llevó a cabo durante el fin de semana. El sábado, al menos dos personas murieron tiroteadas por los antidisturbios en Mandalay, la segunda ciudad del país, durante un paro en unos astilleros.

A tenor del Relator Especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, en el aplastamiento de esa protesta participó la infame División 33 de Infantería Ligera, más conocida por sus masacres en 2017 contra los musulmanes de la etnia rohinyá en el estado de Rajáin. Así se ve en algunas fotos de los soldados difundidas por las redes sociales, donde se distingue el emblema ’33’ en sus uniformes de camuflaje. «Estoy horrorizado con la pérdida de más vidas, incluida la de un adolescente, mientras la Junta militar aumenta su brutalidad en Birmania.

Desde cañones de agua hasta pelotas de goma y gases lacrimógenos y ahora tropas disparando a manifestantes pacíficos. ¡Esta locura debe acabar!», escribió Andrews en su Twitter. Además, mostró su preocupación por un aviso público de las autoridades, quienes advirtieron de que «los manifestantes están incitando a la gente a un camino de confrontación donde sufrirán la pérdida de más vidas». A su vez, Andrews recordó al Ejército birmano que, al contrario que en 1988, «las acciones de las fuerzas de seguridad están siendo grabadas y se os pedirán responsabilidades».

En un mundo globalizado a pesar de la pandemia del coronavirus, internet y la información al instante son las grandes diferencias con aquella revolución, que derrocó al dictador Ne Win, en el poder desde 1962, pero fue revelado por otra Junta de generales que aplastó a la oposición demócrata y encerró a su líder, Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario. Así se pasó 15 de los siguientes 20 años, hasta que fue liberada en 2010 y comenzó una tímida transición democrática que se confirmó en 2015 con las primeras elecciones libres. Tras ganar en noviembre las segundas por abrumadora mayoría, el Ejército ha vuelto a alzarse contra ella.

En esta ocasión, los militares saben que, si fracasa su golpe, serán castigados duramente y se quedarán sin el poder político y económico que habían conservado tras la llegada de la democracia. Para corregir la Constitución que el Ejército promulgó a su medida y aprobó en un «pucherazo» en 2008, los manifestantes piden su abolición y el establecimiento de un nuevo gobierno federal que firme la paz con las numerosas guerrillas étnicas que controlan amplias regiones de Birmania, que se han vuelto a rebelar contra los militares.

Menos a China, que definió al golpe como una «importante remodelación del Gobierno», el general Min Aung Hlaing tiene en contra a buena parte de la comunidad internacional, liderada por Occidente. La cuestión ahora está en saber hasta dónde son capaces de llegar unos y otros.

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Correa denuncia «golpe de Estado» por decisión electoral de la Fiscalía

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A poco de conocerse los resultados de las presidenciales en Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció un «golpe de Estado» por el pedido de la Fiscalía General de retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer «una pericia», lo que su candidato y ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, calificó como «una grosera violación de la ley» para dilatar el balotaje.

«Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial», tuiteó el exmandatario.

Poco después, Arauz exigió al «Tribunal Contencioso Electoral que actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso ante esta intromisión e interferencia en el proceso electoral ecuatoriano» y llamó a «la comunidad internacional a permanecer vigilante y alerta porque no se ha desactivado aún este intento de interferencia de intromisión de la Fiscalía».

En una conferencia de prensa, el candidato correísta, que ganó la primera vuelta con 3.033.753 votos (32,72%) y peleará con el empresario Guillermo Lasso el balotaje, denunció a la Fiscalía General del Estado de intentar «que se posponga o se cancele la segunda vuelta» presidencial.

«Los ecuatorianos no aguantamos más este Gobierno y no vamos a aceptar que se extienda el mandato del señor (presidente) Lenin Moreno y la segunda vuelta electoral debe realizarse el 11 de abril sin falta. No queremos que el señor Lenin Moreno siga en el Gobierno después del 24 de mayo. Ese día debe asumir el nuevo Gobierno democráticamente electo», afirmó el economista y exministro de 36 años, en la conferencia difundida por sus redes sociales.

Esta madrugada y tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el CNE proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que la segunda vuelta será entre el candidato de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del exintendente Jaime Nebot.

«El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activa participación en la jornada de votación», afirmó el ente electoral responsable de todo el proceso en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik y candidato que quedó tercero muy cerca de Lasso, Yaku Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abre un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local y apoyó tanto Arauz como Lasso.

Pérez, quien denunció varios intentos de fraude electoral «de la derecha» en los últimos días, había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, la provincia costera donde se encuentra Guayaquil, el corazón económico del país, y el 50% de otras 16 provincias.

Tras un acuerdo con Lasso, éste había presentado un pedido similar, aunque en vez del 50% de 16 provincias, solo lo pidió en 6.

El CNE también votó en contra de este pedido -al igual de otros de otros partidos minoritarios- y solo aceptó un pedido de revisión de apenas 26 actas en Guayas y Los Rios hecho por el partido indígena Pachakutik.

Pero lejos de reducir la tensión electoral y los temores de una crisis poselectoral, este anuncio se vio opacado por otro de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado difundido en sus redes, la institución ordenó la «recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral» con el objetivo de «preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha» y «generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas».

Según denunció Arauz, si el material informático es retirado del CNE y «pasa a ser custodiado por la Policía, esto podría impedir la segunda vuelta presidencial».

«Si quieren hacer una revisión de la información, no hay por qué retirar el material informático del CNE. El CNE compartió con todos y en detalle el conteo no solo a través de su página web, sino también en plataformas dedicadas a las fuerzas políticas», aseguró el ganador de la primera vuelta presidencia.

Y no fue el único en cuestionar la decisión de la Fiscalía.Lasso también consideró al pedido de la Fiscalía como un «hecho que debería alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador» y advirtió: «No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares.»

En medio de este clima de incertidumbre y denuncias, Arauz hizo otro pedido concreto para evitar una potencial crisis electoral.

«Nos sorprende que, a pesar de que han transcurrido 14 días desde las elecciones generales, la misión de observación de la OEA aún no publica su informe preliminar, lo que tradicionalmente suele ocurrir tres o cuatro días después de los comicios», advirtió para luego reclamar: «Queremos exigir que la misión de observación se pronuncie inmediatamente y publique su informe preliminar para que en ecuador haya paz social y no se generen dudas en estos momentos.»

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Decenas de miles de personas protestan contra el golpe de Estado en Myanmar

Myanmar

Decenas de miles de birmanos salieron a las calles de Yangón, una de las principales ciudades de Myanmar, para manifestarse contra el golpe de Estado que depuso el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, en la mayor protesta en ese país asiático desde la llamada Revolución del Azafrán de 2007, mientras el acceso a internet fue parcialmente restablecido tras varios días de bloqueo.

Los manifestantes, alrededor de 100.000 según varias estimaciones, se congregaron el sábado último en el centro de la capital económica de Myanmar (antigua Birmania), donde ya se encontraba desplegado un fuerte dispositivo policial y en varias otras ciudades del país, informó la agencia de noticias AFP.

Se trata de las mayores manifestaciones desde la llamada Revolución del Azafrán de 2007, que fueron duramente reprimidas y que se saldaron con decenas de fallecidos.

«Seguiremos manifestando hasta que vuelva la democracia. Abajo la dictadura», declaró Myo Win, un manifestante de 37 años, en medio de fuertes bocinazos que acompañaron la manifestación.

«La dictadura está enraizada en nuestro país desde hace demasiado tiempo», lamentó, por su parte, Myat Soe Kyaw.

Algunos de los manifestantes daban rosas a los policías, otros mostraban pancartas en las que se podía leer: «Liberen a madre Suu», en referencia a Aung San Suu Kyi.

Cerca de allí se veían banderas de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND) y muchos hacían el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.

El sábado, ya varios miles de personas se habían congregado también en la capital económica del país, Yangón, en lo que fue la primera gran manifestación desde el golpe de los militares que decretaron un estado de urgencia por un año y detuvieron a la principal dirigente del Gobierno civil y premio Nobel de la Paz Suu Kyi así como a decenas de responsables políticos y activistas.

Los generales no emitieron hasta ahora ningún comentario sobre estas protestas.

Por la tarde también se restableció de forma parcial el acceso a internet, tras estar bloqueado varios días, según la Ong especialzada Netblocks.

El ejército había ordenado a los proveedores de internet bloquear Facebook, la red social utilizada por miles de birmanos, además de Twitter e Instagram, donde pocas horas después del golpe de Estado, se reprodujeron por miles los llamados a la desobediencia civil.

Entre tanto, los arrestos proseguían y más de 160 personas fueron detenidas, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, con sede en Yangón.

Un asesor económico de la exdirigente, el australiano Sean Turnell, estaba retenido en su hotel. «Estoy actualmente detenido y quizá acusado de algo», declaró el sábado a la BBC este profesor de la Universidad Macquarie en Australia. Se trata de la primera detención conocida de un extranjero desde el golpe.

Suu Kyi, de 75 años, sigue siendo una figura muy popular en el país, pese a que hasta hace muy poco era criticada por la comunidad internacional por su pasividad en lo que la ONU alertó fueron crímenes cercanos al genocidio contra la minoría musulmana rohingya.

Los militares la acusan de haber infringido una ley comercial al importar 10 walkie talkies y se encuentra «bajo arresto domiciliario» en la capital Naypyidaw, «con buena salud», según un portavoz de la LND.

Las autoridades «deben garantizar que se respete completamente el derecho de reunión pacífico y que los manifestantes no serán sometidos a represalias», tuiteó la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas tras las manifestaciones del sábado.

La ONU instó a la liberación de todos los detenidos pero no ha condenado formalmente el golpe de Estado en su declaración común ya que China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano en Naciones Unidas, aún no dieron su consentimiento en el Consejo de Seguridad.

El papa Francisco, en tanto, expresó este domingo su «solidaridad con el pueblo birmano», mientras Estados Unidos y la Unión Europea amenazan con sanciones.

Para justificar el golpe de Estado, el jefe del ejército, Min Aung Hlaing, que concentra ahora la práctica totalidad de los poderes, alegó «enormes» fraudes en las legislativas de noviembre, en las que la LND ganó por aplastante mayoría.

En realidad, los generales temen perder influencia tras la victoria de Aung San Suu Kyi, que se habría mostrado favorable a modificar la Constitución, muy beneficiosa para los militares, que prometieron elecciones libres al final del estado de urgencia.

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Golpe de Estado en Myanmar: cientos de diputados están bajo arresto domiciliario

Golpe

Se encuentran confinados en el complejo de viviendas donde residen. Temen que los lleven a otro lugar.

Cientos de diputados de Myanmar estaban hoy bajo arresto, confinados en el complejo donde viven y rodeados por tropas luego de el Ejército diera ayer un golpe de Estado y detuviera a los principales políticos, entre ellos la líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi.

“Tenemos comida, pero no podemos salir del recinto”, dijo una diputada a la agencia de noticias AFP, que describió como un “centro de detención al aire libre”, la situación del complejo de viviendas donde residen los legisladores en la capital, Naipyidó.

Otro de los diputados detenidos dijo que él y otros 400 pasaron la noche sin poder dormir, preocupados de que puedan ser llevados a otro lugar, aunque fuera de esos temores estaban bien.

Pudieron hablar entre sí dentro del complejo y comunicarse con el exterior por teléfono, dijo el legislador, que pidió no ser identificado por miedo represalias, informó la cadena de noticias CNN.

El diputado dijo que Suu Kyi, de 75 años, no estaba con ellos.

La policía estaba posicionada dentro del complejo, donde hay diputados de la Liga Nacional para la Democracia (LND), de Suu Kyi, y otros partidos menores, agregó.

La diputada detenida dijo a AFP que Suu Kyi y el presidente de la República, Win Myint, están “bajo arresto domiciliario” en la capital, pero que el Ejército no había revelado ninguna información sobre su paradero.

La LND pidió hoy en Facebook la “liberación” inmediata de la Premio Nobel de la Paz de 1991 y de otros líderes del movimiento, denunciando una “mancha en la historia del Estado y del Ejército” de Myanmar, la ex-Birmania.

El golpe de ayer ocurrió el mismo día en que los legisladores habían confluido en Naipidó para la inauguración de las sesiones del Parlamento surgido de las elecciones legislativas del 8 de noviembre pasado.

El Ejército dijo que la toma del poder se hizo necesaria porque el Gobierno liderado por Suu Kyi no hizo nada ante sus denuncias de fraude en los comicios, en los que la LND aplastó a la agrupación apoyada por los militares.

El Ejército dijo que tomará el control del país por un año para luego celebrar elecciones “libres y justas”.

Sin embargo, la decisión fue duramente condenada por la comunidad internacional, que exige la liberación de todos los detenidos políticos.

El golpe constituyó una abrupta marcha atrás en el complicado proceso de retorno a la democracia de esta nación del sudeste asiático tras casi medio siglo de dictadura desde su independencia en 1948.

Veinticuatro horas después del golpe, la gente tenía miedo a hablar por temor a represalias, informó AFP.

“La gente no va a salir a la calle a manifestarse. Todo el mundo sabe que los soldados están armados y pueden disparar”, dijo Maung Mu, un vendedor de periódicos en Rangún, la ciudad más grande del país.

Sin embargo, no había señales de una presencia militar significativa en Rangún, capital económica nacional, de más de 5 millones de personas, lo que demuestra la confianza de los militares en su control del país, según observadores.

Las conexiones telefónicas y el acceso a Internet, que se habían interrumpido el día anterior, volvieron a funcionar, los bancos reabrieron, pero el aeropuerto internacional seguía hoy cerrado.

Sin embargo, los mercados y las calles, que en general estaban animados a pesar de la pandemia de coronavirus, estaban más tranquilos que de costumbre.

Por el momento, los generales guardaron silencio ante las fuertes condenas del extranjero.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a la comunidad internacional que “hable con una sola voz para exigir que el Ejército birmano abandone el poder inmediatamente”, y la ONU y la Unión Europea condenaron unánimemente el golpe.

Por el contrario, China se negó a criticar a nadie, limitándose a pedir a todas las partes que “solucionen sus diferendos”.

Para hoy está prevista una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el golpe.

Fuente: Télam

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Ejército de Myanmar ejecuta golpe de estado contra el gobierno de Aung San Suu Kyi

Ejército

En la mañana de este lunes el Ejército de Myanmar logró ejecutar un golpe de estado contra el gobierno civil de ese país. Los militares detuvieron a los principales funcionarios del ejecutivo, incluyendo a la presidenta y premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi.

Los uniformados decidieron decretar el “estado de emergencia nacional” durante un año, en respuesta a un supuesto fraude electoral protagonizado por la presidente Suu Kyi, quien hace algunas semanas ganó las elecciones generales junto a su partido Liga Nacional para la Democracia.

Tras el golpe, las telecomunicaciones de la capital Naypyitaw, con el resto del mundo se cortaron durante varias horas. Además el canal de televisión estatal interrumpió sus emisiones. La conectividad a Internet en el país desmejoró notablemente momentos después de que los militares asumieran el control.

Cabe mencionar que las posibilidades de un golpe de estado aumentaron en los últimos días por las tensiones entre el Ejército y la LND, por los resultados en los comicios electorales.

Cabe recordar que el Ejército de Myanmar ha protagonizado varios golpes de estado en el pasado.

Mientras la democracia queda suspendida una vez más en Myanmar, varios estados del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, se han manifestado contra el golpe de estado militar en ese país asiático.

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Duhalde: “La Argentina puede tener un golpe de Estado”

Duhalde

El expresidente Eduardo Duhalde hizo anoche unas fuertes declaraciones durante el programa Animales Sueltos, donde expresó que en la Argentina podría volver a haber un golpe de Estado si la crisis se agrava y no se llevan adelante consensos. «Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe», sentenció.

También, según Duhalde, el año que viene no se celebrarán las elecciones legislativas en el país. «Tengo una convicción», dijo. Y agregó: «Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares». Según sostuvo, la Argentina se dirige hacia «un escenario peor al del 2001», en un clima que atenta contra la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. «Esta es la presidencia más compleja que tuvimos», opinó.

«La Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos», expresó.

El exmandatario resaltó que el militarismo «se está poniendo de pie nuevamente en América Latina». Y cuestionó: «¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile quedan solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército».

En esta línea, planteó la posibilidad de que vuelva a haber un golpe de Estado en el país. «Cuántas veces se cayó el sistema democrático. Por supuesto que se puede caer», dijo ante los panelistas atónitos. No obstante, separó al Presidente: «No es Alberto Fernández, no personalicemos».

Por último, remarcó que para que haya elecciones en el país debe haber consenso político. «Hay que borrar todas estas cosas que van por un camino opuesto a los consensos», opinó. E hizo un llamado a los dirigentes: «A todos con los que me reúno les pido la unidad, la unidad de los argentinos. Sin eso no se puede conversar. Claro, es más fácil para los que podemos comer todos los días, pero los demás… ¿Ustedes se piensan que se va a quedar tranquila la gente?».

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