Eduardo Belliboni. El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y defraudar al Estado por el desmanejo de fondos públicos. En paralelo, se llamó a indagatoria a facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades de cajón.
El juez federal, Sebastián Casanello, definió los detalles de la resolución por la cual señala a Belliboni y otros dirigentes más como responsables de los delitos de administración infiel en concurso real y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
A lo largo de la investigación, el juez Casanello logró probar que el Polo Obrero y la cooperativa de trabajo “El Resplandor Limitado” enviaban parte de los fondos que recibían como unidades de gestión de ese programa a una serie de empresas, que hacían facturas truchas para desviar el dinero y terminar financiando la campaña electoral del Partido Obrero.
Entre las empresas en la mira está Coxtex (catalogada por la AFIP como una firma apócrifa), a la que el PO asegura haberle comprado computadoras. La compañía fue fundada por Pichuaga y Vega, dos personas a las que les pagaron sumas de dinero para firmar el acta de constitución. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.
Entre las empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del Polo Obrero, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
A estas empresas se desviaron unos $40 millones de los $360.000.000 que recibieron el Polo Obrero y el Resplandor como unidades de gestión. Con parte de ese dinero, el PO luego contrató a una empresa de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero. “Lo público se confundió con lo privado”, escribió el juez Casanello cuando procesó a Belliboni.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
La acusación fiscal sostiene que el líder sindical, entre junio de 2020 y marzo de 2024, montó junto a otros dirigentes “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”.
Según la acusación, en febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público.
El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.
La Fiscalía sostuvo que, a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de las personas, pero fueron desviados “en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
La recaudación nacional centralizada que correspondía a todo el período que abarca el cuadro (agosto de 2023 a febrero de 2024) alcanza la suma nominal de $313.028.780, la que equivale a más de 600 mil dólares (US$ 637.857,02), según la cotización oficial del día 31 de cada mes. Y esto es únicamente el 50% de lo recaudado, puesto que la otra parte se repartía entre la regional y la asamblea.
Uno de los elementos más contundentes incorporados al expediente es una libreta titulada “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″, donde se anotaban las asistencias de los beneficiarios en distintas marchas organizadas por el Polo Obrero. Entre los registros figura la movilización del 1 de mayo de 2023, en la que cada participante fue marcado con un sistema de control que permitía identificar quiénes asistieron y quiénes faltaron.
Otro de los documentos clave es una lista de asistencia a la marcha del 20 de diciembre de 2023. En ese registro se puede observar que uno de los asistentes llegó tarde y se le contabilizó como “media marcha”, un indicio de que no solo se exigía presencia sino también puntualidad para evitar sanciones internas dentro de la organización.
Junto con los listados de asistencia, en distintos domicilios allanados la Justicia encontró documentos que detallaban sanciones aplicadas a quienes no participaban de las marchas. Entre las penalidades registradas, se mencionan descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que existía un mecanismo de coacción para garantizar la presencia en las movilizaciones.
Uno de los papeles encontrados menciona que aquellos que acumulaban reiteradas inasistencias podían ser desplazados de la organización o ver reducida la ayuda económica que recibían a través del Polo Obrero. Estas pruebas permiten sostener que el sistema de extorsión no solo era efectivo, sino que estaba institucionalizado dentro de la estructura del movimiento.
Los fiscales también incorporaron como prueba correos electrónicos y mensajes de WhatsApp donde referentes del Polo Obrero daban instrucciones sobre la participación en las movilizaciones. En estos intercambios se dejaba claro que la asistencia no era opcional y que el incumplimiento traía aparejadas consecuencias. Según publica TN.
Además, los allanamientos en distintos locales de la organización social permitieron encontrar hojas de cálculo con nombres, fechas y observaciones sobre cada persona. Estos documentos también incluían anotaciones sobre qué personas eran “poco comprometidas” con las actividades y cuáles debían ser “convencidas” para participar con mayor frecuencia.
