Jair Bolsonaro está notificado. El expresidente brasileño se recupera de una operación intestinal, mientras recibió una información que lo irritó en plena sala de cuidados intensivos.
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue notificado judicialmente este miércoles -mientras se encuentra en el hospital donde se recupera de una operación intestinal- del proceso judicial abierto en su contra por la Corte Suprema bajo la acusación de golpismo, según publicó Canal 26.
El líder de la ultraderecha brasileña informó de que una oficial de justicia se presentó en la sala de cuidados intensivos (UCI) en la que permanece desde que, hace diez días, fue sometido a una operación en el intestino que se prolongó durante doce horas.
Posteriormente, Bolsonaro compartió en sus redes sociales el momento en el que la oficial de justicia le entrega formalmente la notificación. En el vídeo, el ex jefe de Estado defendió con vehemencia su inocencia y llegó a irritarse en plena UCI. Tanto es así que, en un momento determinado, una persona no identificada que estaba en la sala le comunicó que su presión arterial estaba subiendo.
«Increíble», dijo a través de sus portavoces el expmandatario, quien este martes, desde la misma sala, participó en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un empresario en el que fue promocionada una nueva marca de cascos de moto.
El proceso judicial contra Jair Bolsonaro
La denuncia de la Fiscalía acusa al expresidente y a muchos de sus colaboradores de haber conspirado a fin de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso a Bolsonaro en las elecciones celebradas en octubre de 2022.
Parte de ese plan habrían sido las manifestaciones realizadas frente a muchos cuarteles de todo el país, en las que miles de activistas de las alas más radicales del bolsonarismo exigían una intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de los comicios.
La conspiración habría llevado incluso al violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando también los manifestantes instaron a los militares a derrocar al nuevo Gobierno y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema.
Por esos hechos, unas 500 personas ya fueron condenadas a penas de hasta 17 años de cárcel, tras ser halladas culpables de delitos como golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y destrucción del patrimonio público.