Tag

judiciales

Browsing

El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (Sitrajuch) protagonizó ayer en Rawson una nueva manifestación en reclamo de haberes adeudados. Además exigen una recomposición salarial. El Poder Judicial aguarda autorización de la Legislatura para tomar un crédito del Banco del Chubut para achicar la deuda.

Aún está sin tratamiento legislativo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y acordado con la cúpula judicial, para que un crédito del Banco del Chubut permita el pago de sueldos a los trabajadores del sector. Por eso ayer los empleados adheridos al Sitrajuch volvieron a movilizarse.

Alejandra Sanhueza, secretaría de Hacienda del gremio, indicó que desde el Gobierno provincial «se ha ido arreglando con distintos sectores y es sumamente importante que se nos pague la deuda salarial a nosotros». Plateó la dirigentes sindical que «la situación es insostenible» y que tanto el Gobierno como los Ministros del Superior Tribunal de Justicia «tienen que buscar las herramientas» para liquidar la deuda salarial.

Sistrajuch se movilizó este lunes afuera de la oficina judicial reclamando que se salde la deuda que se mantiene con los trabajadores. Reclaman además una recomposición salarial tras la baja del sistema de acordada ante la falta de paritarias. «Necesitamos que se salde esa deuda porque la situación es insostenible”, indicaron.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, confirmó a mediados de abril que se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para trabajar en la Legislatura en el proyecto de Ley , que habilitará a la Justicia a tomar un préstamo con el Banco Chubut para pagar a sus empleados al menos una masa salarial. Sin embargo, hasta la falta de respuestas concretas, el Sindicato de trabajadores volvió movilizarse este lunes en Rawson.

Alejandra Sanhueza, secretaría de Hacienda del Sitrajuch, indicó que se movilizaron este lunes a la oficina judicial en Rawson, en reclamo de la deuda salarial y de una recomposición salarial. “Se ha ido arreglando con distintos sectores y es sumamente importante que se nos pague la deuda salarial a nosotros”, dijo la referente en diálogo con ADNSUR.

Más allá del proyecto avanzado para pagar los dos meses atrasados , Sanhueza reconoció que “nosotros necesitamos y exigimos que se pague la deuda. Nosotros somos trabajadores del Poder Judicial y necesitamos que se salde esa deuda porque la situación es insostenible”. Y en este marco, agregó que en otras oportunidades han sido convocados por el gobierno pero hasta el momento no. “Es del gobierno ( la deuda) y los ministros tienen que buscar las herramientas”, aseguró.

La dirigente indicó que también exigen una recomposición salarial porque “realmente se está volviendo insostenible, tenemos compañeros y compañeras que son sostén de hogar y la situación es insostenible”.

Y recordó que en su momento hubo un sistema de acordada pero que quedó suspendido y era en función de que no se tenían paritarias, “pero se ha suspendido también y por eso estamos pidiendo entonces que nos recompongan nuestros salarios”, dijo tras recordar que desde el año pasado el gremio se encuentra en medidas de fuerza , cumpliendo guardias mínimas y movilizaciones en toda la provincia.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales de la provincia del Chubut repudia las expresiones del Ministro de Seguridad, Federico Massoni, en relación a las personas detenidas y a la actuación de los/as magistrados/as que tienen el deber funcional de velar por el cumplimiento de las garantías y los derechos ciudadanos.

La protección de los bienes e intereses jurídicos de todos los habitantes, sin excepción alguna, constituye el pilar de nuestro pacto constitucional, condición necesaria para una convivencia pacífica.

Por tal razón los derechos fundamentales son universales, inalienables e indisponibles. En su carácter de Ministro de Seguridad debería saber que su obligación esencial es la de custodiar los derechos de la ciudadanía toda que, obviamente, incluye a las personas acusadas o condenadas por la comisión de un delito. También debería conocer el Sr. Ministro que es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo garantizar lugares de detención que cumplan con las exigencias impuestas por las normas nacionales e internacionales en la materia.

El Ministro Massoni juró públicamente cumplir y hacer cumplir las Constituciones y Leyes de la Nación y de la Provincia. El art. 18 de la Constitución Nacional, desde hace más de un siglo, establece que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Nuestra Constitución Provincial, en la reforma de 1994, también lo dejó establecido expresamente (art. 22) y desde el año 2006 las obligaciones de los jueces y juezas respecto de las condiciones carcelarias para las personas detenidas fueron incorporadas al texto del Código Procesal Penal.

Garantizar los derechos de quienes se hallan privados de su libertad no significa, en modo alguno, ignorar o desatender los derechos del resto de la ciudadanía. Mucho menos aún los de aquellas personas que han resultado víctimas de un delito, respecto de quienes existe también un amplio marco normativo que prevé especiales derechos y garantías frente al estado.

La gravedad institucional de las manifestaciones del Ministro exige la inmediata intervención del señor Gobernador de la Provincia para poner un límite a su actitud. El ilegítimo proceder del Funcionario, además de inscribirse en una campaña de desprestigio de otro poder del estado, atenta contra la paz social en un contexto de grave crisis socioeconómica incrementada por la situación de pandemia.

Reclaman la reincorporación de la trabajadora cesanteada y el pago de haberes.

La secretaria adjunta de SITRAJUCh informó que se va a conformar un nuevo pleno y en los próximos días habrá definiciones. Además Huenchual indicó que autoridades de la Federación Judicial Argentina vendrán a la Provincia para apoyar el reclamo.

Trabajadores judiciales realizarán hoy un paro en toda la provincia y marcharán al Superior Tribunal en Rawson para reclamar que reincorporen a una empleada del Juzgado Laboral de Trelew que fue despedida por «ñoqui».

La Justicia fundó el despido en la empleada que no pudo justificar permanentes inasistencias y la calificaron de «ñoqui» en la resolución emitida. El Sitrajuch respondió en un comunicado que la «resolución es injusta, arbitraria y carente de perspectiva de género».

En defensa de la empleada despedida, el gremio acusó que el STJ «se jacta de haber capacitado al Poder Judicial como dispone la Ley Micaela -pero- actuó con silencio cómplice con respecto a otro Ministro, ahora jubilado, cuando efectuó comentarios machistas y misóginos».

En un duro escrito, el Sitrajuch sostiene que «tal vez el peor certificado de misoginia sea que habiéndose realizado en el STJ sumarios a hombres, por temas más graves que no concurrir al trabajo, ninguno de esos hombres quedó cesante», recordaron.

De este modo, desde el gremio indicaron que «a nuestra compañera se la cosifica tratándola de ‘ñoqui’, conociendo la repulsión que la sociedad tiene por quienes participan de la corrupción de gobernantes percibiendo sueldos sin trabajar. Esto se comunica a la sociedad un 29, reforzando el agravio machista que pretendieron inferir».

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut manifestó su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de suspender los efectos de las sentencias judiciales, pronunciadas en el marco de acciones iniciadas por trabajadores del Estado y jubilados/as por la falta de pago en término de sus salarios y/o haberes previsionales.

En una comunicado emitido en las últimas horas señala que «El Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 196/21, dictado el 29 de marzo de 2021, no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas.»

Más adelante señalan «Desconoce el Sr. Gobernador que el ejercicio de esa facultad de excepción, que ahora deberá evaluar el Poder Legislativo, impone necesariamente la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia.»

En este sentido señalan que «La crisis económica y financiera que sufre hace años la Provincia, producto de una ineficiente administración de los recursos del Estado, no configura dicho presupuesto fáctico, siendo inaceptable que se invoque la Ley de Emergencia Económica para justificar la suspensión del pago de salarios y jubilaciones, de naturaleza alimentaria, de los/as empleados/as públicos y jubilados/as.»

Además destacan que «desde hace tres años el gobierno de la provincia ha resuelto que el déficit financiero en las cuentas públicas sea soportado por los/as trabajadores/as, activos/as y pasivos/as, pese al grave daño que implica para el ejercicio de los derechos más elementales de la ciudadanía y del deterioro que conlleva para la Administración, que ha visto reducida su actividad a partir de medidas de fuerza dispuestas en el marco de indiscutibles reclamos.»

«El Poder Administrador, en lugar de adoptar decisiones de índole general, ha ido suscribiendo acuerdos parciales con distintos gremios, aplicando de tal modo un trato desigual entre los/as trabajadores/as. Esas inequidades determinaron a muchos/as empleadas/os públicos a ejercer su legítimo derecho de reclamar judicialmente, enfrentando incluso el obstáculo de que las juezas y los jueces están en idénticas condiciones fácticas/jurídicas y se excusan de intervenir, quedando el ejercicio de la jurisdicción en cabeza de abogados/as de la matrícula que, a su vez, no estén inhibidos para actuar como conjueces» destacan más tarde.

Finalmente exhortan a las autoridades de la provincia tanto al Gobernador como a los diputados que instrumenten las medidas para impedir la aplicación del decreto que califican como inconstitucional entendiendo además que «al disponer la suspensión de los efectos las decisiones judiciales, lesiona gravemente la garantía de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, configurando un claro avasallamiento a la división de poderes.»

Fuente: EQSNotas

El dictado del decreto Nº 196 del pasado 29 de Marzo, que suspende los efectos de las medida cautelares, sentencias y medidas de ejecución que ordenen al Estado provincial al pago de los haberes adeudados, merece el repudio del Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, al considerar a dicha medida como burdamente inconstitucional.

La falta de pago en tiempo y forma de los salarios y haberes jubilatorios en la provincia del Chubut ha llevado a que empleados provinciales y jubilados del Instituto de Seguridad Social y Seguros, ejerciendo sus derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades, acceder a la justicia y en defensa de la propiedad privada, iniciaran diversas acciones judiciales en las cuales la justicia ha reconocido la legitimidad de los reclamos e intimado al gobierno provincial o entidades autárquicas al pago de las sumas devengadas y no abonadas, como al pago en término de las que se devenguen en el futuro.

El decreto cuestionado no respeta la forma republicana de gobierno, desnaturaliza el principio de administración de justicia, pretendiendo impedir que poder judicial ejerza las funciones que le son propias, y sólo tiene por objetivo evitar cumplir con una de las principales obligaciones del Estado como es el pago de los salarios adeudados en razón de la crisis provincial, que no tiene otro origen que la impericia de los que tienen a su cargo la gestión pública.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ratificada recientemente por la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, ha sostenido que la emergencia económica invocada por el gobierno provincial no es de aplicación a estas cuestiones de carácter alimentario, en tanto las relaciones entre acreedores y deudores son de la exclusiva competencia del Congreso Nacional y el ejercicio de la jurisdicción originaria no puede ser limitada ni restringida por normas provinciales.

Por último, señalaron los representantes de los abogados madrynenses, el dictado de esta norma cuestionada coloca al gobernador Mariano Arcioni ante la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal y a los ministros que han suscripto el decreto como partícipes necesarios de la conducta ilícita.

Exigen una recomposición salarial con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia.

La secretaria adjunta del SITRAJUCH valoró el encuentro que se llegó a cabo el miércoles con el Superior Tribunal de Justicia y el resto de los integrantes del Poder Judicial. Confirmó que ya pidieron en conjunto una reunión con el gobernador Mariano Arcioni, y con el ministro de Economía, Oscar Antonena para saber cómo van a resolver la deuda salarial.

Fuente: Canal 12 Web

El SiTraJuCh confirmó una huelga general y movilización para este viernes por el «incumplimiento del pago de salarios», y la falta de discusión de una recomposición salarial.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) confirmó una huelga general para este viernes por el incumplimiento por parte del gobierno del pago de salarios y la necesidad de discutir una recomposición salarial.

La Secretaria de Hacienda del gremio judicial, Alejandra Sanhueza, remarcó a AZM Radio que vienen llevando a cabo medidas de fuerza con guardias mínimas, pero durante la jornada de hoy las medidas se intensificarán con la realización de un paro total de actividades en toda la provincia, con movilización en las distintas ciudades.

En la misma línea, afirmó que lo que buscan los trabajadores es que «pongan los sueldos al día, pero también a la par pedimos la recomposición salarial. La verdad tenemos situaciones muy críticas con nuestros compañeros y compañeras con el tema de los salarios”.

Además, remarcaron la necesidad de hacer cumplir al gobierno la ejecución de las medidas de bioseguridad en los espacios de trabajo.

Fuente: Mil Patagonias

Los empleados judiciales mañana realizarán un paro total de actividades, y habrá manifestaciones en todos los tribunales de la provincia. Piden que los recibe el Superior Tribunal de Justicia para discutir una recomposición social. Ponen en duda que el gobierno de Mariano Arcioni vaya a depositar los aguinaldos este viernes, y reclaman los sueldos adeudados.

El dirigente de Sitrajuch, Raúl Belcastro, dijo por FM EL CHUBUT que hasta ayer no había ninguna información del área contable del STJ de que el Gobierno provincial vaya a depositar los aguinaldos.

“No lo escuché al Gobernador decir que este viernes estaría pagando el aguinaldo a todos los estatales”, desconfió el gremialista. Además, remarcó que aún pagando una masa salarial los primeros días de marzo saldarían las deudas de diciembre para los empleados de los rangos 3 y 4.

Endurecen las medidas de fuerza

Belcastro ratificó que los judiciales siguen con retención de servicios y mañana harán un «paro activo» al igual que el lunes 8 de marzo. También reflotó el reclamo que llevaron al Superior Tribunal de Justicia para que se investigue la deuda contraída por la Provincia.

Junto con la regularización de los haberes, los empleados judiciales piden al Superior Tribunal una recomposición salarial del 20 por ciento a cuenta del año pasado, que se sumaría al 10 por ciento que ya percibieron.

El pedido de recomposición es sobre la base del IPC de la Patagonia 2020 que establece una pérdida del valor adquisitivo del salario del 32,3 por ciento.

Los judiciales vienen realizando protestas periódicas en los tribunales para expresar su descontento con la falta de respuestas del gobierno de Arcioni al reclamo de sueldos. También siguen gestionando reuniones con el Superior Tribunal de Justicia para aplicar la recomposición que entienden que está contemplada dentro del Presupuesto 2021.