Marcos Nápoli y María Tolomei confirmaron la nulidad de la detención de un hombre en Rawson que no había cometido delito. Y deslizaron que la Fiscalía debe actuar de oficio ante posibles delitos cometidos durante ese operativo policial.
Dos jueces de Trelew respaldaron la decisión de declarar nula la detención del vecino de Rawson Alberto Canteriño y le sugirieron al Ministerio Público Fiscal que investigue “excesos” en el operativo policial del barrio La Isla, que terminó con el hombre preso sin haber cometido delito.
De acuerdo con información del diario Jornada, el 15 de marzo, la Policía entró a la casa de Canteriño a buscar un arma. No se resistió ni desobedeció pero igual fue detenido. Tras verificar los videos del procedimiento, la jueza capitalina Karina Breckle invalidó el procedimiento y su acta con fuertes advertencias a la actuación de la fuerza y envió el caso al procurador Jorge Miquelarena para que se investiguen posibles delitos.
En Jornada Radio, el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz defendió el proceder de los policías y sugirió: “Vayan a Rawson y pregunten quién es Canteriño”.
Jueces cuestionan a Fiscalía por no investigar posible abuso policial
En este escenario, la Fiscalía capitalinainsistió con la validez del operativo y pidió revisar la decisión. Pero en la audiencia, Marcos Nápoli y María Tolomei respaldaron la actuación de su colega.
En su intervención, el juez dijo compartir la “preocupación” del defensor público Damián D `Antonio por la escalada en la situación. Y graficó que a primera vista “existe la posible comisión de un delito de acción pública”.
“Fiscalía tiene la obligación de investigar el posible exceso que haya cometido el personal policial”, subrayó Nápoli, quien deslizó la necesidad de una pesquisa “sobre un delito de apremios ilegales si es que hubo un uso excesivo de la fuerza o más allá de la necesaria”.
El magistrado apeló al propio escrito de la Fiscalía, que describió que cuando el Grupo Especial de Operaciones Policiales redujo a Canteriño “lo hace aplicando una fuerza mayor a la necesaria, es decir que la propia Fiscalía reconoce que hay un uso de la fuerza más allá de la necesaria, lo que constituye claramente un delito”.
“Fiscalía debió investigar eso y de ninguna manera cuestionar por enojo, capricho, berrinche o por lo que fuere, la decisión de la jueza, que no hizo más que controlar las garantías del proceso, violadas por un ejercicio mayor de la fuerza necesaria para inmovilizar a una persona que ya estaba esposada y precintada”.
“Canteriño solo profería insultos, de ningún modo esto era amenazante para el personal policial –advirtió Nápoli- ¿qué delito cometía profiriendo palabrotas a personal policial que lo había detenido e inmovilizado? ¿Qué posibilidades ciertas tenía de entorpecer esa investigación? ¿De qué resistencia se puede hablar cuando una persona está sometida boca abajo en el suelo y esposada, más allá de las barbaridades qué puedan salir de su boca?”.
El magistrado explicó que lo más probable es que tras las juntas médicas a las que fue sometido, el involucrado será declarado inimputable, ya que no comprende sus actos.
“No puedo sostener ni entender el recurso del MPF; preocupa demasiado ver que se intente justificar a como dé la actuación del personal policial sin cumplir con su verdadera tarea: investigar la posible comisión de delito”, enfatizó el magistrado.
Nápoli transmitió un “mensaje de preocupación” a la fiscal para que “inmediatamente inicie o evalúe la posible existencia de un delito de acción pública en el accionar policial”. Y consideró que la detención de Canteriño “no está justificada ni de ninguna manera debió proceder”.
Versión Tolomei
Cuando le tocó argumentar, Tolomei agregó que le “llama la atención” que Fiscalía haya presentado el pedido de revisión incluso luego de que los médicos dictaminaron que Canteriño no comprendía sus actos. O sea que no había agravio posible para el MPF. Y arriesgó que el caso concluirá con un sobreseimiento por inimputabilidad.
“Se pone de manifiesto una situación que en grado de posibilidad da cuenta de que podrían existir delitos de acción pública y correspondería proceder a una acción de oficio”, remarcó.
Tolomei aclaró que no se cuestiona la actuación del GEOP, sino la decisión de detener a una persona sin un ilícito que lo justificara.