La normativa, expresada a través de un decreto el gobierno argentino, eliminó un procedimiento de oposición que frenaba el ingreso de nuevas entidades al mercado de los servicios de telecomunicaciones.
Mediante el Decreto 433/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno argentino modificó los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, con el objetivo de simplificar el proceso para que cooperativas, asociaciones civiles y otras entidades sin fines de lucro accedan al registro de servicios de radiodifusión por suscripción y tecnologías de la información y la comunicación. La medida elimina un procedimiento de oposición vigente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que, según el poder ejecutivo, obstaculizaba la competencia en el sector.
El nuevo marco normativo eliminó el requisito de que estas entidades obtengan previamente un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) cuando ya existiera un prestador en el área. Esta condición, considerada por el Gobierno una barrera de entrada, regía especialmente para cooperativas de servicios públicos no telefónicos que querían ofrecer televisión por cable o servicios similares.
Aunque gran parte del debate público se centró en las cooperativas, explicaron fuentes oficiales, el alcance de la reforma es más amplio: la modificación del artículo 95 también contempla a cualquier persona jurídica sin fines de lucro que tenga una concesión, licencia o permiso estatal para brindar un servicio público. Así lo confirma el propio texto del decreto, que establece obligaciones adicionales para estos operadores, como la separación contable y funcional entre el servicio público y el servicio de comunicación audiovisual, la prohibición de prácticas anticompetitivas, y el acceso compartido a infraestructura física en condiciones de mercado.
El decreto elimina también el procedimiento de oposición previsto en el artículo 30 de la Ley 26.522, originalmente diseñado para evaluar solicitudes de licencias de servicios de radiodifusión por suscripción. Según el Gobierno, ese proceso administrativo duplicaba instancias ya cubiertas por otras regulaciones y generaba demoras innecesarias en el acceso al mercado, encareciendo los costos para nuevos operadores.
Fuente: Señal News
