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El Gobierno Provincial dictó el decreto N° 223 mediante el cual se establecen las condiciones de cumplimiento de las medidas preventivas vigentes por la pandemia de Covid 19 hasta el próximo 20 de abril incluido, restringiendo la circulación de personas y prohibiendo todo tipo de reuniones con más de 10 participantes o asistentes en todas las localidades y ciudades de Chubut.

En el decreto, que regirá por los próximos 14 días, se establece la excepción correspondiente para que puedan seguir funcionando las escuelas con presencialidad de los estudiantes.

El artículo 2° modifica el decreto 150/21, último vigente, estableciendo las condiciones de “circulación urbana e interurbana provincial”.

Se establece que en todas las localidades y ciudades de la provincia del Chubut “las personas podrán circular con la siguiente modalidad: de lunes a jueves entre las 6 y 0,30 horas del día siguiente; y viernes a domingo entre las 6 y 1,30 horas del día siguiente”.

“Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente limitación horaria el personal afectado a actividad esencial, a los fines de la actividad que desarrollan”, completa.

Eventos Culturales, Sociales y Deportivos

Acerca de las condiciones para poder llevar adelante eventos culturales, sociales, recreativos, deportivos y de cualquier otra naturaleza, se establece que “se podrán ejercer de manera responsable actividades y eventos artísticos, recreativos, sociales, culturales, deportivos y de cualquier otra naturaleza, en espacios abiertos o cerrados, individuales o grupales, prohibiéndose su realización con concurrencia o presencia de más de 10 personas”.

No alcanza a las escuelas

Como excepción a dicha limitación, se mantiene el funcionamiento de las actividades en los tres niveles en los establecimientos educativos de Chubut.

Dicha actividad “se deberá desarrollar dando  cumplimiento estricto a los protocolos aprobados por la autoridades provinciales competentes. No podrán realizarse las actividades si  se  encuentran  alcanzadas  por  las  prohibiciones establecidas en el artículo 8º del DECNU 125/21 prorrogado por DECNU 168/21, y 13 de la presente norma”.

“Previa evaluación del Ministerio de Salud de las actividades ya autorizadas y en base a la evolución epidemiológica que se verifique, se podrá restringir la continuidad y los alcances de las actividades, o ampliarlas hasta el límite previsto en la norma nacional, por Resolución conjunta de los señores Ministros de Salud y de Gobierno y Justicia”, concluye.

Fuente: El Chubut

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 196/21, dictado el 29 de marzo de 2021 por el gobierno provincial.

Desde la Asociación destacaron que el mismo «no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas».

«Desconoce el Sr. Gobernador que el ejercicio de esa facultad de excepción, que ahora deberá evaluar el Poder Legislativo, impone necesariamente la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia», destaca el comunicado.

Es el Decreto que suspende medidas judiciales que ordenen al Gobierno a pagar sueldos adeudados. El diputado Pagliaroni remarcó que la Legislatura tiene 30 días para tratarlo y que si no se trata, deja de tener vigencia. Por otra parte, remarcó que el trasfondo es el atraso salarial que se debe a “malas decisiones, principalmente a compromisos del 2019 que todos sabían que no se iban a poder cumplir”.

Este martes se conoció que el gobernador Mariano Arcioni había firmado un decreto mediante el cual suspende las medidas judiciales que ordenen al Ejecutivo a abonar sueldos adeudados.

Sobre este decreto, el diputado provincial de la URC, Manuel Pagliaroni, indicó que la Cámara tiene 30 días para tratarlo y aprobarlo o rechazarlo, aunque remarcó que “si no se lo trata, pierde vigencia y es como si se hubiera rechazado”.

“Creemos que no corresponde un decreto de esta naturaleza, puede haber cierta Justicia en el planteó del Gobierno pero el origen (del conflicto) es el atraso salarial, que trae muchas consecuencias”, repasó el legislador.

La judicialización es una de ellas, añadiendo que “nunca es buena porque atenta contra el diálogo y el consenso”.

En este sentido, Pagliaroni enfatizó se llega a esta situación porque en la Provincia “no hay plata, producto de malas decisiones del Gobierno, sobre todo las del 2019”.

Reiteró que “comprometieron compromisos salariales que todos sabían que no se iban a poder cumplir, todos lo sabían y avanzaron, porque pensaron en ganar una elección. Bueno, ganaron pero no logaron gobernar”.

“Están pagando salarios a duras penas, sin pagar a proveedores y tenemos el Presupuesto con menos obra pública de los últimos 20 años. Las decisiones fueron equivocadas -y- este Gobernador y Ministros se tienen que hacer cargo”, sentenció.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

Arcioni y todo su Gabinete rubricaron la decisión, que se extenderá mientas dura la Emergencia.

El gobernador Mariano Arcioni firmò este martes un decreto que suspende de manera inmediata “los efectos de las medidas cautelares, sentencias judiciales y medidas de ejecución que ordenen al Estado Provincial al pago de los haberes devengados y adeudados, como de los que se devenguen en el futuro, respecto de los empleados activos y pasivos de la Administración Pública Central y Descentralizada, las entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales y todo otro Ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Poder Judicial”.

El decreto frena el cumplimiento de algunos fallos que beneficiaron en su gran mayoría a magistrados del Poder Judicial, que con fallos de conjueces (abogados particulares de la matrícula) consiguieron cobrar de manera retroactiva los salarios que la gran mayoría de los empleados públicos mantienen con diferente nivel de atrasos.

Según el decreto divulgado, “corresponderá ordenar el inmediato levantamiento de las medidas cautelares ya dispuestas”.

El Gobierno Provincial dictó el decreto N° 113 mediante el cual prorrogó hasta el próximo 15 de marzo en todas las localidades y ciudades de Chubut la vigencia del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), aunque se establecen modificaciones que amplían los horarios autorizados para la circulación de las personas.

Quedan exceptuadas de esta limitación horaria las personas afectadas a la actividad comercial, a los fines de la actividad que desarrollan.

El decreto recepta expresamente además la autorización para el funcionamiento de “la actividad escolar en sus tres niveles, la que se deberá desarrollar dando cumplimiento estricto al protocolo aprobado por la autoridad de salud provincial”.

Se mantiene también la autorización para la realización de “reuniones familiares hasta un máximo de 10 personas”.

Continúan vigentes los recaudos para el ingreso a la provincia del Chubut por cualquier vía, así como también las modalidades de ingreso y las restricciones para el ingreso y circulación.

También se podrán continuar desarrollando las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios profesionales ya autorizadas, las salidas de esparcimiento, y los eventos culturales, sociales, recreativos y actividades deportivas en las condiciones vigentes hasta el momento.

El decreto expresa que “las disposiciones de la presente norma constituyen estipulaciones máximas, las autoridades locales, en el ámbito de su competencia y jurisdicción, y bajo su exclusiva responsabilidad podrán dictar aquellas reglamentaciones complementarias que consideren necesarias a los fines de adecuarlas a las características demográficas, geográficas y sociales de sus jurisdicciones”.

También podrán las autoridades locales disponer “las restricciones que consideren pertinentes en atención a las particularidades de su jurisdicción y, eventualmente, suspender la autorización que se confiere o dejarla sin efecto, con el fin de proteger la salud pública de cada localidad”.

Fuente: El Chubut

Mediante un decreto firmado este miércoles por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se declaró el estado de alerta máxima en toda la provincia por 90 días. Esta resolución incluye la prohibición de realizar fuegos al aire libre y toda la actividad que pueda ocasionar incendios.

La medida, que fue establecida por el Decreto 92/12, incluye las tierras públicas de todo Río Negro, y los espacios que no estén específicamente habilitados para tal fin.

Según indicaron las fuentes del gobierno de Rio Negro, «el objetivo central es minimizar los riesgos ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incendios que generen graves consecuencias, especialmente teniendo en cuentan las condiciones climáticas preponderantes de extremo calor y baja humedad».

Además, se dispone que los concesionarios de los balnearios, de zonas turísticas en general, campings, complejos hoteleros y/o cabañas, propietarios de campos, casas de verano, clubes, predios de esparcimiento en general, deberán extremar las medidas de prevención y vigilancia contra incendios.

De incumplirse esta medida, se dispone el inicio de acciones legales de carácter penal y patrimonial por daños y perjuicios contra los autores, causantes o responsables, con el objeto de obtener le resarcimiento de los gastos en que deba incurrir el Estado Provincial para su combate y extinción.

Se faculta al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) a disponer las excepciones que estime pertinentes, así como también a extender el plazo de alerta máxima.

Finalmente, el Decreto invita a los Intendentes e Intendentas a adherir a la presente medida en sus respectivas localidades.

Fuente: Radio 3

El Gobierno Provincial dictó el decreto N° 42 mediante el cual se establece la vigencia en todas las localidades y ciudades de la provincia del Chubut del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el próximo 1° de marzo, fijando la ampliación de una hora en la posibilidad de circulación de las personas.

El decreto, dispone que en todas las ciudades y localidades se podrá circular de lunes a miércoles de 06 horas hasta las 01 horas del día siguiente; y de jueves a domingo la circulación estará habilitada desde las 6 horas hasta las 2 horas del día siguiente.

No estará alcanzado por esta restricción horaria “el personal afectado a actividad esencial a los fines de la tarea que desarrollan”.

Se mantienen vigentes los recaudos y modalidad para el ingreso a la provincia por cualquier vía, así como también las restricciones para ingreso y circulación existentes y la necesidad de cumplir con las normas de conducta general y protección.

En ese orden, se recuerda que en todos los casos las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar de manera correcta el cubre boca-nariz en espacios abiertos o cerrados compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar superficies y ventilar los ambientes.

Se podrán realizar salidas de esparcimiento y las actividades deportivas, artísticas, recreativas, sociales y culturales, en espacios abiertos o cerrados, individuales o grupales hasta un máximo de 10 personas.

Las reuniones familiares se podrán realizar de manera responsable con una asistencia de hasta 10 personas.

Actividad turística

El artículo 14 del decreto estipula que “se podrán desarrollar actividad turística dentro del territorio provincial respetando las previsiones establecidas en la presente norma en cuanto al ingreso y circulación de las personas, y a medidas de prevención y aislamiento estipuladas, aplicables para cada localidad o región de acuerdo a la calificación de su situación epidemiológica”.

Facultades

El artículo 22 dispone que “las disposiciones de la presente norma constituyen estipulaciones máximas, las autoridades locales, en el ámbito de su competencia y jurisdicción, y bajo su exclusiva responsabilidad podrán dictar aquellas reglamentaciones complementarias que consideren necesarias a los fines de adecuarlas a las características demográficas, geográficas y sociales de sus jurisdicciones, así como también podrán efectuar las restricciones que consideren pertinentes en atención a las particularidades de su jurisdicción y, eventualmente, suspender la autorización que se confiere o dejarla sin efecto, con el fin de proteger la salud pública de cada localidad”.

Fuente: ADNSUR

El Gobierno Nacional anunció este viernes la extensión hasta el 28 de febrero del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el país. El decreto presidencial se publicará el fin de semana.

«Continúan vigentes los dos parámetros de riesgo sanitario (razón e incidencia) que deberán seguir teniendo en cuenta las provincias para la restricción de circulación nocturna», precisaron desde el Ejecutivo y aseguran que «el reinicio de clases se instrumentará de acuerdo a los parámetros del Consejo Federal de Educación».

El Gobierno dispuso la prórroga del decreto que mantiene congelados los montos de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta el 31 de marzo.

En principio, la norma que regía hasta fin de este mes les daba a los inquilinos la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y suspendió los desalojos por falta de pago. Y a principios de esta semana la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat confirmaron que trabajaban en una extensión del decreto.

Además, según pudo saber que se alarga el plazo para pagar las deudas de alquileres de 6 a 12 meses.

“La medida vigente que vence el próximo 31 de enero recae sobre los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. Asimismo establece también la extensión de los contratos de locación cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020″, destacaron fuentes oficiales.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. Si no se hubieran anunciado cambios, la primera de esas cuotas debería haberse pagado en febrero de 2021.

El decreto que aún está vigente no suspendió la indexación en el pago de alquileres. Por lo tanto, en estos meses se acumuló una deuda que se deberá saldar al final del congelamiento. Sin embargo, los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Desde Inquilinos Agrupados manifestaron su preocupación en el caso de que el Gobierno finalmente decida extender el congelamiento solo por dos meses. “Es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas en breve. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas. A más de seis meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos”, señaló Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.

La entidad que agrupa a los inquilinos analiza una convocatoria a Plaza de Mayo para reclamar por un plazo más largo de extensión de la medida.

Por otro lago, el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (Cucicba) se manifestó en contra de la extensión del congelamiento. “Los corredores vemos con preocupación las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado”, señaló Marta Liotto, vicepresidenta del colegio.

“El sector de los alquileres viene sufriendo no solo a causa del congelamiento, sino también por la sanción de la ley que regula los contratos. Políticas como el congelamiento solo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos. A esto se suma que el mercado de compraventa también se encuentra en estado crítico, lo que implica un empeoramiento de la actividad inmobiliaria”, agregó Liotto.

Según una encuesta publicada por la Federación de Inquilinos, el porcentaje de ingresos que destinaron las familias al pago del alquiler en diciembre de 2020 fue de 56,1%, esto representa 5 puntos porcentuales más con respecto a noviembre. En tanto, el endeudamiento asciende al 39,9% de los inquilinos, cerca de 1,4 millones de hogares.

Con todo, los resultados reflejaron una alta incertidumbre entre los inquilinos consultados: 39,6% no sabe adónde irá a vivir en los próximos meses y el 19,7% tendrá que mudarse.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles el Régimen Legal del Contrato del Teletrabajo, aprobado el 30 de julio del año pasado por el Senado, que regula esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La reglamentación de la ley 27.555 fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 27/2021, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El primer artículo establece que «las disposiciones de la Ley Nº 27.555 no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular».

Tampoco «en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional».

En tanto, en el anexo publicado este miércoles, se detalla que los artículos 2°, 3° y 4° vinculados al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones y la jornada laboral quedaron sin reglamentar.

El artículo 5°, referido al derecho a la desconexión digital, precisa que cuando «la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral».

«En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)», dice la normativa y aclara que «no se podrán establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión».

«Los incrementos vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán considerados incentivos», puntualiza el texto.

En cuanto a las tareas de cuidado, toda persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea, «deberá comunicar en forma virtual y con precisión» el momento en que comienza la inactividad y cuando finaliza.

«En los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva», agrega el artículo 6°.

Respecto de la reversibilidad, deberá «ajustarse a los deberes impuestos en los artículos 9º y 10° del Código Civil y Comercial de la Nación y 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo».

«Recibida la solicitud de la persona que trabaja, con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador o la empleadora deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del o de los establecimientos al momento del pedido», según el artículo 7°. En ningún caso dicho el plazo podrá ser superior a 30 días.

«A los efectos de evaluar la imposibilidad de cumplir con esta obligación se tendrá especialmente en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se dispuso el cambio de la modalidad presencial hacia la modalidad de teletrabajo», añade el decreto.

Por otra parte, los empleados que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral «no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los Convenios Colectivos del Trabajo o en los contratos individuales».

Sobre la provisión de elementos de trabajo, se remarca que «no es remuneratoria, lo cual se extiende a la compensación de gastos, aún sin comprobantes» por lo que «no integran la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social».

Además, en ambos casos, siempre y cuando la relación entre ambas partes «no se encuentre abarcada en el ámbito de aplicación de una convención colectiva», puedan acordar entre ellas las pautas para su determinación.

En tanto, el artículo 13°, sobre la representación sindical, sostiene que «en los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, aquella debe llevarse a cabo previa consulta con la entidad sindical».

Y añade que la representación de quienes antes prestaban servicios presenciales continuará siendo en el establecimiento laboral.