El presidente de Brasil, Lula da Silva llegará este miércoles a Buenos Aires para asistir a la cumbre del Mercosur.
El abogado de Cristina Kirchner, pidió este martes al tribunal oral federal 2 (TOF 2) para que el presidente de Brasil, Lula da Silva, pueda visitarla en su arresto domiciliario que cumple en el departamento de San José 1111.
El pedido se formula en el marco de las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 ( TOF 2) en cuanto a las personas que deseen visitar a la ex Presidenta y que no se encuentran incluidas en el listado presentado por la defensa hace una semana, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que este martes ingresó ante el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena-, un pedido para que se autorice el ingreso del presidente de Brasil al departamento del barrio de Monserrat. Éste miércoles llegará a la Argentina la comitiva del presidente brasileño y en ese marco, ingresó el escrito en Comodoro Py.
Bajo análisis está el pedido de la ex Presidenta para recibir la visita del Jefe de Estado de Brasil, con un punto central: la posible interacción de la custodia de Lula Da Silva y los efectivos que se ocupan de la seguridad de Cristina Kirchner en el barrio de Monserrat.
Cuando apeló el arresto domiciliario, el fiscal Diego Luciani habló sobre la alteración de las inmediaciones de la propiedad en la que está presa Cristina Kirchner. En el dictamen que firmó junto a su colega Sergio Mola, recordó que se habían aportado diversos informes técnicos elaborados por distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –todos ellos acompañados como prueba–, que “evidenciaban afectaciones graves y sostenidas como resultado de la prisión domiciliaria”.
En otras palabras; los representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que se tiene que rever el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, “a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones”.
El régimen de visitas
Hay que recordar que hace una semana, y en cumplimiento a las reglas de comportamiento que se le fijaron a Cristina Kirchner cuando se ordenó su detención bajo la modalidad de domiciliaria, el abogado Carlos Beraldi presentó un listado donde detalló nombres de familiares, abogados, médicos y custodios. Algo que había exigido el TOF 2.
Sin embargo, a esas categorías la defensa añadió dos más: contadores y apoderados.
Toda aquella persona que no integra ese listado, debe contar sin excepción, con la autorización del Tribunal que ejecuta la pena, ya que un ingreso sin este previo trámite, puede ser considerado una violación a las normas de comportamiento que rigen sobre la ex Presidenta para continuar gozando del beneficio del arresto domiciliario.
Pese a que el abogado Beraldi viene cumpliendo con estos pasos requeridos por el juez Gorini, bajo el entendimiento de que la prisión domiciliaria será evaluada trimestralmente, llevó ante la Cámara de Casación una discusión sobre las visitas que recibe la ex mandataria: quiere que sean sin restricciones.
Hasta tanto no se pronuncie el máximo tribunal penal, sobre el planteo formulado por la ex vice, de no querer previa autorización para sus visitas, deberá someterse a las reglas que están vigentes desde el 17 de junio.
Los diputados y senadores kirchneristas desafiaron a la justicia al señalara que no requieren pedir permiso. El juez Gorini les recordó que hay un procedimiento ajustado a las reglas de comportamiento que debe cumplir la ex vice.
La Sala IV de la Cámara de Casación fijó audiencia para el lunes 7 de julio donde se analizará el reclamo de Beraldi para que las visitas que reciba Cristina Kirchner sean sin límite alguno y sin tener que pedir el permiso del juez Gorini. Asimismo, se analizará la apelación a la colocación de la tobillera electrónica.
A esos planteos se suma la apelación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para que Cristina Kirchner cumpla la condena a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una sede del Servicio Penitenciario Federal.
Fuente: Clarín