La ex Alpesca volvió a quedar en el centro del debate político y empresarial en Chubut. El Gobierno provincial acusa a Red Chamber Argentina de incumplir el contrato firmado en 2015 y de incurrir en fraude contractual y extorsión.
En febrero, la Secretaría de Pesca anunció la rescisión del arrendamiento, aunque la compañía norteamericana apeló y logró frenar la medida. Desde entonces, la tensión se trasladó a declaraciones públicas, cruces judiciales y especulaciones sobre el futuro de los activos pesqueros.
El Gobierno acusa a Red Chamber y crece la versión de Profand como reemplazo
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, redobló sus críticas en los últimos días y aseguró que los incumplimientos son suficientes para terminar el vínculo. Su postura abrió un nuevo capítulo en un proceso que lleva años de incertidumbre.
Red Chamber respondió con firmeza. Marcelo Mou, presidente de la filial argentina, defendió la gestión realizada desde 2015: “Recuperamos barcos, los pusimos a producir, ampliamos la planta y mantuvimos 600 empleos permanentes”. Además, anticipó que demandará penalmente al funcionario provincial por sus declaraciones.
Desde Estados Unidos también llegó respaldo. Ming Bin Kou, presidente de Red Chamber Company, envió una carta al gobernador Ignacio Torres reafirmando el compromiso de la firma con Chubut y destacando su aporte en empleo, sostenibilidad ambiental y cumplimiento contractual.
Sin embargo, la discusión ya no se limita al conflicto con Red Chamber. En el plano sindical, surgió una versión que agitó la semana. El dirigente del STIA, Luis Emilio Núñez, afirmó que el gobierno provincial trabaja en un posible contrato con la española Profand, uno de los grupos pesqueros más fuertes de Europa.
Aunque no hubo confirmación oficial, la mención de Profand encendió las especulaciones. El ingreso de un nuevo jugador extranjero podría redefinir el mapa pesquero en Chubut y poner fin a una década de administración polémica sobre los bienes de Alpesca.
Los trabajadores observan con cautela. La continuidad de cientos de empleos depende de que se resuelva la disputa y de quién quede al frente de la operación. Para muchos, la incertidumbre se repite desde 2014, cuando la empresa entró en proceso de expropiación y nunca se definió judicialmente el destino de sus activos.
La ex Alpesca fue declarada de utilidad pública, pero la causa sigue sin sentencia en los tribunales de Puerto Madryn. Ese vacío legal alimenta la puja política y la disputa entre empresas por hacerse del control de barcos y plantas procesadoras.
El posible desembarco de Profand no solo impactaría en la industria pesquera local. También podría reconfigurar la relación del gobierno provincial con los sindicatos y abrir un nuevo escenario de competencia en el sector exportador.
La pelea por Alpesca ya no es solo entre Red Chamber y la administración de Chubut. Ahora el futuro parece depender de si Profand desembarca o no en la provincia.
