El Ejecutivo nacional lanzó el proceso licitatorio para transferir a nuevos operadores las principales represas hidroeléctricas del Comahue. La medida apunta a consolidar ingresos fiscales y asegurar la continuidad del suministro energético en la región.
La licitación abarca a Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, represas que constituyen un pilar de la generación eléctrica del país. Los contratos originales vencieron en 2023 y desde entonces los complejos operan bajo prórrogas.
La intención oficial es adjudicar las concesiones antes de fin de 2025, garantizando una nueva gestión privada por 30 años.
Proceso de licitación y condiciones
La medida quedó formalizada mediante la resolución 1200 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El plazo para presentar ofertas vence el 23 de octubre, fecha en la que se abrirán los sobres.
El paquete accionario mayoritario se venderá en forma online a través de la plataforma CONTRAT.AR. Según estimaciones oficiales, el proceso permitirá recaudar alrededor de US$ 500 millones.
Las condiciones fijadas incluyen:
- Ningún oferente podrá controlar más del 20% de la generación eléctrica nacional.
- Un mismo actor solo podrá adjudicarse hasta dos represas.
- Los adjudicatarios deberán garantizar obras de seguridad de presas, planes ambientales y continuidad laboral.
Giro político y rol de las provincias
El plan representa un cambio de rumbo respecto a la administración anterior, que había propuesto crear un ente público con participación provincial.
Ahora, la gestión de Javier Milei busca cerrar el proceso antes de diciembre de 2025. El ministro de Economía, Luis Caputo, designó a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y a Enarsa como coordinadora de la transferencia.
Un negocio energético de alto impacto
La decisión no solo implica una fuerte recaudación para el Estado, sino que también definirá quiénes operarán durante tres décadas un recurso estratégico para la matriz energética argentina.
Según Radio 3 Cadena Patagonia, se trata de un paso clave en la política energética nacional que impactará directamente en la Patagonia y en todo el país.