El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia por el presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la difusión de audios en una reunión del año pasado en Casa Rosada y por ese hecho denunció a distintas personas para que sean investigadas.
La lista menciona desde el periodista Jorge Rial, al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino hasta una presunta conexión con espías rusos llamados “La Compañía”.
Rial, un poderoso de AFA
De acuerdo con Clarin. Así consta en la denuncia que presentó el gobierno a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, en los tribunales de Comodoro Py para que se investiguen los posibles delitos de espionaje ilegal.
El gobierno pidió investigar a los integrantes del programa “Data Clave” del canal de streaming “Carnaval” donde la semana pasada se difundieron los audios de Karina Milei.
Es el mismo lugar que dio a conocer los dichos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas en esa área.
En su denuncia, el Gobierno apuntó a Toviggino, a quien se señala como dueño del streaming y uno de los hombres de más confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El Gobierno describió a Toviggino como “opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia”. También en círculos políticos se lo vincula con el excandidato Sergio Massa.
La mención al periodista Jorge Rial
Otro de los nombrados en la denuncia es Rial, a quien el Gobierno calificó como “tradicional operador mediático que adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa, transmitido en el mismo canal”.
Sumó a Mauro Federico, conductor del programa donde se difundieron los audios, y a Pablo Giménez, responsable del portal Data Clave.
En la denuncia, el Poder Ejecutivo recordó que Javier Milei ya denunció por injurias a Rial y a Federico por pedir información sobre los perros del Presidente.
“Resulta evidente que el canal de streaming ‘Carnaval’ se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno.
Lo que empezó como la búsqueda de información vinculada con cuestiones personales del Presidente, como sus perros, hoy se convirtió en una maniobra de espionaje ilegal y chantaje», dice.
Y sigue: «El canal mencionado es una herramienta para difundir información que perjudique al gobierno de turno, primero afectando la reputación de sus integrantes.
Luego, utilizándola para cuestiones extremadamente graves, como la difusión de presuntos audios que tuvieron origen en el marco de una reunión privada entre los integrantes del gobierno”.
La dupla Bindi – Pagano
El Poder Ejecutivo también vinculó con la difusión de los audios al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien formó parte de La Libertad Avanza.
El gobierno calificó a Bindi como “ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” y recordó que fue vinculado a distintas causas judiciales.
“La pesquisa deberá determinar si Franco Bindi pudo haberse desempeñado como autor intelectual en algunos tramos de la maniobra, y como partícipe necesario en los restantes, aprovechando sus relaciones en el mundo de los servicios y su presencia en los medios de comunicación”, sostiene la denuncia.
En la denuncia el Gobierno destaca que la difusión de los audios se dio en un contexto electoral a una semana de las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.
Y allí destaca un hecho ocurrido en junio pasado cuando la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) denunció que en el país habría un grupo de ciudadanos rusos y argentinas vinculados a tareas de inteligencia ilegal.
Allí señala a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa Irina Iakovenko. Según la denuncia, Andriashvili “sería el encargado del vínculo con los contactos radicados en Rusia, el receptor del financiamiento y el promotor de los vínculos con los colaboradores locales”. El grupo se llamaría “La Compañía”.
El Gobierno denunció que ese grupo crea y difunde contenido en redes sociales, influye en organizaciones civiles y obtiene información política relevante para ser usada a favor de Rusia.
“Los hechos denunciados en el presente escrito revisten una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”, dice sobre el vínculo con la difusión de los audios de Karina Milei pero no aporta ningún vínculo concreto.