El achique del Estado continúa como una de las banderas principales del gobierno de Javier Milei y los números oficiales muestran que el recorte no se detiene. Según el informe de dotación de personal que el INDEC publica mensualmente, durante octubre se perdieron 982 empleos en la Administración Pública Nacional (APN), lo que representa una baja del 0,3% respecto de septiembre.
El dato forma parte de un proceso mucho más amplio. En el acumulado de enero a octubre, la administración nacional redujo su plantilla en 17.393 trabajadores, una merma del 5%. Y si se considera el período completo desde la llegada de Milei al poder, la poda es aún mayor: se eliminaron 51.214 puestos públicos, equivalentes a una contracción del 15% en menos de dos años.
Una caída generalizada con excepción de un sector
La tendencia a la baja se repite en casi todos los segmentos del Estado nacional. La administración centralizada fue la que más sufrió: perdió un 15,3% en octubre al pasar de 46.349 a 39.272 empleados.
La administración desconcentrada también registró una reducción leve del 0,3% y cerró el mes con 22.250 trabajadores. Los «otros entes» casi no se movieron, con una baja marginal del 0,1%.
La única excepción fue la administración descentralizada, que sumó 6.586 personas (6% más), acumulando 116.960 empleados. Pese al incremento puntual, el saldo general continúa siendo negativo en el conjunto del sector público.
Empresas estatales también ajustan
El ajuste no se limita al empleo público administrativo. Las empresas y sociedades del Estado también redujeron personal: en octubre recortaron 396 puestos, una contracción del 0,4%, y quedaron con 89.940 trabajadores.
Un Estado más chico como política estructural
Los números confirman que el recorte del empleo estatal no es un movimiento coyuntural, sino una política consolidada del gobierno libertario. Desde enero de 2024, cuando la APN contabilizaba 333.784 trabajadores, la estructura cayó a 282.570 empleados. El retroceso, del 15%, se sostiene como uno de los recortes más pronunciados en décadas.
El Gobierno defiende esta política como una condición necesaria para lograr el equilibrio fiscal y «terminar con el empleo público inútil». Sin embargo, gremios estatales advierten por la pérdida de capacidades del Estado y el impacto social del ajuste.
Con los datos recientes del INDEC, el proceso de reducción ya dejó un saldo contundente: más de 50.000 empleados públicos fuera del sistema desde que Milei llegó a la Casa Rosada. El ritmo de bajas, por ahora, no muestra señales de desacelerarse. Información extraída de Enfoque Misiones.