El Gobierno acelera su plan de ajuste y apunta a organismos clave como Anses e Indec. ATE advierte que no tolerará despidos masivos y lanza un ultimátum.
El Gobierno avanza con un nuevo ajuste sobre el empleo público y analiza reducir un 10% la planta estatal en 2026, lo que equivaldría a unos 28.000 trabajadores. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, trabajan en una nueva fase del «plan motosierra» centrada en los organismos descentralizados.
De acuerdo con los últimos datos del Indec, el sector público nacional —entre administración central, empresas y sociedades— suma 285.570 empleados.
Desde diciembre pasado, la gestión de Javier Milei ya desvinculó más de 58.000 personas, principalmente en áreas centralizadas. De acuerdo con el comunicado sindical, ahora las cesantías se concentrarían en organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
El sindicato sostiene que estos despidos no responden a necesidades presupuestarias, sino a una estrategia de disciplinamiento y reconfiguración del Estado.
La posibilidad de otro recorte masivo disparó la reacción de ATE, que evalúa adelantar el paro nacional previsto para el debate parlamentario de la reforma laboral. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, acusó a Sturzenegger de impulsar un ajuste «ideológico» y lanzó una advertencia directa: «No vamos a tolerar ningún despido».
Y en ese contexto, lanzó una amenaza directa contra Sturzenegger: «Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él».
Aguiar sostuvo que los contratados del Estado «representan menos del 0,5% del presupuesto» y cuestionó que, mientras tanto, «la deuda externa supera el 25%». Además, afirmó que el Gobierno «no quiere destruir el Estado, sino moldearlo para beneficiar a los grandes grupos económicos».
Para ATE, el eventual recorte del 10% no responde a razones fiscales sino a una «decisión política». Y advirtió que, si el Ejecutivo avanza con 28.000 cesantías, el sindicato responderá con medidas de fuerza ampliadas en todo el país.