La angustia de los vecinos del barrio Sismográfica en Comodoro Rivadavia se trasladó a los tribunales
Tras el violento desplazamiento de rocas y tierra del cerro Hermitte, los damnificados impulsaron una denuncia penal contra la actual y anterior gestión municipal, alegando que la tragedia era «evitable» y que existieron advertencias técnicas ignoradas durante más de dos décadas.
Funcionarios en la mira: de Macharashvili a Luque
La acción judicial, encabezada por el abogado Fernando Sicilia, apunta directamente contra el intendente actual, Othar Macharashvili, y su predecesor, el ahora diputado nacional Juan Pablo Luque. La denuncia no se limita a ellos, sino que se extiende a cualquier funcionario que haya tenido responsabilidad u omisión en el control del suelo durante los últimos años.
Según explicó Sicilia, la inacción estatal ha sido total desde el día del desastre. Mientras el municipio se ha limitado a promesas verbales, muchas familias siguen sin poder entrar a sus hogares, viendo cómo sus pertenencias quedan atrapadas bajo el riesgo de nuevos derrumbes.
Un informe del 2002 que anticipó la tragedia
El eje central de la acusación reside en la existencia de documentación previa que alertaba sobre la peligrosidad del terreno. Concretamente, se hace referencia a un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) realizado en el año 2002.
Aquel documento técnico ya advertía que urbanizar ese sector era un riesgo alto debido a la inestabilidad del material y la presencia de cavidades subterráneas. Según la información extraída del medio Radio3, las autoridades habrían hecho «caso omiso» a estas recomendaciones científicas, permitiendo e incluso fomentando el asentamiento de viviendas en una zona declarada geológicamente inviable.
Calificación legal y posibles delitos
La presentación judicial solicita que se investigue a los responsables bajo los cargos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y estrago culposo. Este último delito es particularmente sensible, ya que se argumenta que la negligencia estatal puso en peligro real la vida de los ciudadanos de Comodoro Rivadavia.
Para los denunciantes, el hecho de que se haya permitido la construcción sobre tierras inestables, sabiendo que el desmoronamiento era una posibilidad técnica concreta, constituye una falta grave que debe ser saldada en el ámbito de la justicia penal.