La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes una fuerte ofensiva judicial contra la reforma laboral recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo
Tras la publicación de la normativa en el Boletín Oficial, la central obrera acudió a los tribunales federales para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los cambios que afectan el régimen de trabajo en Argentina.
Presentación judicial ante el Juzgado Contencioso N°7
La cúpula de la CGT, representada por su triunvirato de conducción y los principales referentes sindicales, interpuso el recurso de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Por sorteo, la causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso N°7, bajo la tutela del juez Enrique Lavie Pico. Se trata del mismo magistrado que, a principios de 2024, ya había intervenido para suspender capítulos del decreto de desregulación económica.
La medida llega tras una masiva movilización hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde los dirigentes manifestaron su rechazo a lo que consideran una vulneración de derechos históricos. Según informó el medio C5N, los argumentos de la central se centran en la violación del principio de progresividad, el cual prohíbe retrocesos injustificados en los derechos ya conquistados por los trabajadores.
El reclamo por el artículo 14 bis y la «modernización»
Desde la central sindical sostienen que la denominada «modernización laboral» es, en rigor, un ataque directo a los principios constitucionales. «Confiamos en que la Justicia va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional», afirmó Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales. El documento presentado advierte que la nueva ley pone en riesgo la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga y la libre agremiación, pilares del artículo 14 bis.
Entre los puntos más cuestionados por la CGT se encuentran:
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La implementación de jornadas laborales de 12 horas y la supresión de horas extras.
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El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría el pago de indemnizaciones en cuotas.
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La eliminación de sanciones para empleadores que incumplan con aportes previsionales.
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La prevalencia de convenios de empresa sobre los de ámbito nacional, lo que debilita la negociación colectiva.
Los ejes de la reforma impulsada por el Gobierno
Por su parte, el Gobierno defiende la normativa bajo la premisa de reducir la «industria del juicio» y fomentar el empleo formal. La reforma establece un nuevo cálculo para las indemnizaciones, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y crea un sistema de actualización de créditos laborales basado en el IPC más un 3% anual.
Además, la ley introduce el registro laboral digital simplificado a través de ARCA, mayor flexibilidad en el fraccionamiento de vacaciones y el polémico «banco de horas» por acuerdo mutuo. Mientras la CGT denuncia una regresión de derechos, el Ejecutivo apuesta a que estos incentivos de formación y modernización impulsen la productividad y la inversión en el sector privado.