La Libertad Avanza limitó la participación oral a los primeros anotados por cada provincia, mientras el resto deberá enviar su postura por escrito o en un video de 5 minutos. Greenpeace pidió una cautelar a la Justicia para que se garantice la participación de la totalidad de los inscriptos. De no aceptarse, las audiencias podrían extenderse 500 días.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en un campo de batalla político. La Cámara de Diputados realizará el miércoles y jueves dos audiencias públicas en las que, por decisión de La Libertad Avanza, solo 400 de los más de 100 mil inscriptos podrán exponer de manera oral. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un video de no más de cinco minutos.
Un mecanismo que genera polémica
La decisión fue tomada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. En una resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados, establecieron que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
«Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)», señala el texto. Y aclara que «se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal».
El resto de las presentaciones, ya sean escritas o en video, serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes. Pero para las organizaciones ambientalistas y la oposición, esto no es suficiente.
Greenpeace a la Justicia: que hablen los 100 mil
La organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de la totalidad de los 100 mil inscriptos. El pedido recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico, que deberá resolver en las próximas horas.
Greenpeace solicita que se ordene «al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada». Para ello, pide la «readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales».
También requiere que «el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».
El impacto de una eventual cautelar
Si el juez ordena garantizar la participación de los 100 mil inscriptos, las audiencias tendrían que extenderse por aproximadamente 500 días si exponen 200 en cada jornada. Un escenario que el oficialismo busca evitar a toda costa.
La medida cautelar es clave para definir si el proceso legislativo sigue su curso o se estanca. Mientras tanto, el rechazo de la oposición crece. Peronismo, izquierda y Provincias Unidas cuestionan la restricción y reclaman más días de exposición.
Los puntos clave de la reforma
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas.
La iniciativa elimina la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas, autorizando su desarrollo siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental. Además, transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger, reduciendo la injerencia de la administración central.
El proyecto genera un fuerte rechazo en sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten que quedaría sin efecto la protección de áreas consideradas reservas estratégicas.
