El juez Enrique Regeuira desestimó el pedido de organizaciones ambientalistas que buscaban garantizar la participación oral de los más de 70 mil inscriptos en las audiencias públicas. El magistrado consideró que no se demostró «verosimilitud en el derecho» ni «vicios manifiestos» en el procedimiento dispuesto por el oficialismo. Nicolás Mayoraz celebró: «No te dejés psicopatear».
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sigue su curso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó este viernes la medida cautelar presentada por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas que pedían que se garantizara la participación oral de la totalidad de los inscriptos en las audiencias públicas que se realizarán el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados.
La polémica: acotar las listas por la masividad
La controversia surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias. La decisión se tomó debido a que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.
De esta manera, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN. Para las organizaciones ambientalistas, esta restricción vulneraba los estándares de participación pública ambiental y por eso recurrieron a la Justicia.
Los fundamentos del juez: «No se demostró verosimilitud»
En los fundamentos del fallo, el juez Enrique Regeuira explicó que la parte demandante «no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso».
El magistrado agregó que «en el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela -con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada». Es decir, para la Justicia, el procedimiento dispuesto por el oficialismo no viola los derechos de participación de manera evidente.
La celebración de Mayoraz: «No te dejés psicopatear»
El diputado Nicolás Mayoraz celebró el fallo del magistrado a través de una publicación en la red social X. «¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana», indicó.
Y agregó con un tono desafiante: «Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3. Acá te cuento por qué el proceso es PLENAMENTE legítimo. No te dejés psicopatear».
Qué pasa ahora: audiencias confirmadas
Con el rechazo de la cautelar, las audiencias públicas quedaron confirmadas para las fechas previstas. La primera jornada será el miércoles 25 de marzo de forma presencial, donde expondrán los primeros inscriptos de cada provincia. La segunda jornada será el jueves 26 de marzo de forma virtual, con el mismo criterio de selección.
El resto de los más de 70 mil inscriptos podrán hacer llegar sus ponencias por escrito o a través de un video que será subido al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca avanzar con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, que ya fue aprobada por el Senado y ahora debe ser tratada en Diputados.
Un fallo clave para el futuro de la ley
La decisión de la Justicia representa un respaldo importante para el oficialismo, que busca acelerar el debate y la sanción de una ley que flexibiliza las restricciones a la actividad minera y petrolera en zonas glaciares y periglaciares. Las organizaciones ambientalistas, en cambio, denuncian que la reforma pone en riesgo los recursos hídricos y el medio ambiente.
El rechazo de la cautelar no implica un fallo sobre el fondo de la cuestión, pero permite que el proceso legislativo siga su curso sin interrupciones. Ahora, la atención se centra en las audiencias de la próxima semana, que prometen ser un nuevo capítulo en la tensión entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.
