Tensión en la Legislatura: el oficialismo cuenta con los votos para aprobar el convenio con YPF pero crece la polémica por Comodoro.
El histórico acuerdo entre el Gobierno del Chubut y la petrolera YPF por la reversión de áreas y el traspaso de activos comenzó formalmente su tratamiento legislativo. El proyecto de ley ingresó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Desarrollo Económico, con el firme objetivo del bloque oficialista de emitir dictamen entre este martes y el miércoles para llevarlo al recinto en la sesión ordinaria del próximo jueves.
Si bien la bancada de Despierta Chubut cuenta con los números necesarios para garantizar la sanción, la letra chica del convenio desató un fuerte cruce político y ambiental en torno al rol del municipio de Comodoro Rivadavia y los pasivos ecológicos de la operadora.
La matemática del recinto: mayoría asegurada y votos en disputa
Para convalidar el acuerdo, el Ejecutivo provincial requiere de una mayoría simple de 14 votos. El oficialismo tiene asegurado ese piso con sus legisladores propios y suma aliados estratégicos:
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Daniel Casal: El diputado comodorense alineado tradicionalmente con las iniciativas de Fontana 50.
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Mariela Williams: Aportará el respaldo del esquema político del «sastrismo» madrynense.
Pese a tener el camino allanado, el Gobierno busca ampliar el volumen político del consenso para no exhibir una fractura total con el peronismo de la cuenca del Golfo San Jorge. En ese esquema, la atención se centra en la postura de los dos representantes del Partido Independiente del Chubut (PICh) y de la diputada Tatiana Goic (Camioneros), cuyo voto evidenciará si el gremio toma distancia o se pliega a la estrategia del intendente Othar Macharashvili.
El rechazo de Sergio González: alerta por el «perdón ecológico»
El diputado provincial Sergio González anticipó formalmente su voto negativo y se sumó al sector disidente de la Legislatura. El exintegrante del bloque oficialista cuestionó severamente que se condicione la cesión de tierras e inmuebles históricos a cambio de una eximición de responsabilidades por contaminación.
«No podemos poner en la misma bolsa la entrega de bienes con una renuncia presente o futura a reclamar por daño ambiental», sentenció González, exigiendo replicar el moledor de Santa Cruz, donde YPF debió sanear y hacerse cargo de sus pasivos históricos antes de retirar las operaciones de la cuenca.
Asimismo, González criticó la decisión del gobernador Ignacio Torres de marginar a la administración municipal de Comodoro de la mesa de decisiones sobre los inmuebles: «Si el objetivo real es que esos bienes vuelvan a la comunidad, entonces Comodoro no puede quedar mirando desde afuera desde los despachos de Rawson».
La defensa oficialista: «Que lo maneje la municipalidad no garantiza que sea para la gente»
Desde la vereda del oficialismo, el diputado Sixto Bermejo (Despierta Chubut) pidió cautela y solicitó esperar las precisiones técnicas de los especialistas que visitarán las comisiones informativas. No obstante, respaldó firmemente la centralización de la administración en manos del Estado provincial, en el marco de una compensación donde YPF abonará 25 millones de dólares por la liberación de responsabilidades ambientales.
Bermejo ratificó que la totalidad de los recursos económicos y edilicios le corresponden a Comodoro Rivadavia por estricto derecho histórico, pero disparó de lleno contra el palacio municipal: «Que lo maneje la municipalidad no garantiza que sea para la gente». Con esa fuerte definición quedó planteado el principal eje de la batalla política que se definirá mano a mano en las bancas este jueves.