Un explosivo giro en la causa por la suntuosa propiedad millonaria ligada a los altos mandos del fútbol argentino encendió todas las alarmas en los tribunales.
Tras una feroz batalla de fueros, recursos defensivos e intensos contrapuntos judiciales, el expediente abandonó la órbita de la Ciudad de Buenos Aires para radicarse en la provincia. La designación del magistrado que tomará el timón de las investigaciones sobre presunto lavado de dinero reavivó las sospechas por sus conocidos antecedentes y su cercanía con las autoridades de la AFA, reconfigurando por completo el tablero de una causa que sacude al país.
El controvertido Juez Charvay toma el expediente de los testaferros
El juez federal Adrián González Charvay quedó formalmente designado al frente de la investigación por la compra de la ostentosa mansión de Pilar. El predio, que abarca una impresionante superficie de 105.000 metros cuadrados y alojaba 54 vehículos de alta gama en su interior, figura en los registros a nombre de una jubilada y un monotributista. Sin embargo, la Justicia sospecha que ambos actuarían como presuntos «prestanombres» o testaferros de Pablo Toviggino, el influyente tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La asignación de González Charvay genera fuerte controversia en el ámbito judicial, ya que el magistrado de Campana intervino previamente en otros expedientes vinculados a la entidad madre del fútbol y protagonizó duros conflictos de competencia con juzgados porteños por la concentración de causas. Este expediente se enmarca en un frente judicial de mayor envergadura que salpica directamente a la cúpula directiva integrada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el propio Toviggino, en el marco de investigaciones por supuesta defraudación e irregularidades financieras.
De CABA a Campana: la maniobra de la defensa que desplazó al fuero porteño
El traspaso del expediente representó una victoria estratégica para los abogados defensores de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de la firma Real Central SRL (sociedad propietaria en los papeles del inmueble). La defensa exigió el traslado argumentando que la competencia territorial correspondía de forma estricta a la jurisdicción de Campana por la ubicación física de la mansión en Pilar, cuestionando fuertemente que la causa permaneciera bajo la tutela de los tribunales de la Capital Federal.
El trayecto del caso fue convulso: se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, atravesó disputas de competencia con la provincia y quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de CABA tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. Pese al rechazo del fiscal Mario Villar, quien solicitó mantener el expediente en el fuero Penal Económico porteño, la causa finalmente regresó a Campana, reabriendo la discusión sobre la transparencia de los procesos vinculados al poder futbolístico.