Una feroz batalla política se desató en los pasillos de la Cámara de Diputados bonaerense tras el intento del kirchnerismo por blindar de manera definitiva el aparato estatal de la provincia de Buenos Aires.
En medio de un tenso clima institucional, los bloques de la oposición que responden al PRO y a La Libertad Avanza (LLA) articularon una fuerte ofensiva para bloquear un polémico proyecto de ley impulsado por el sector camporista. La iniciativa busca imponer un cerrojo casi inquebrantable a cualquier intento futuro de privatizar o liquidar las compañías estatales bajo la órbita de Axel Kicillof.
El plan de La Cámpora: blindaje total a las empresas públicas bonaerenses
El eje del conflicto gira en torno a un proyecto de ley promovido por la diputada kirchnerista Maite Alvado, el cual ya logró despacho favorable en la comisión de Servicios Públicos conducida por Ariel Archanco (Unión por la Patria), contando además con el decisivo aval del radicalismo. El texto pretende exigir que cualquier transferencia, venta o reducción de la participación accionaria de la Provincia en empresas públicas requiera obligatoriamente una mayoría agravada de dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas, dinamitando la regla actual de mayoría simple.
Actualmente, el único antecedente que regula privatizaciones en el ámbito provincial es la Ley 12.989 referente a Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), normativa que establece como exigencia básica la mera autorización legislativa por mayoría simple. Con la nueva propuesta de La Cámpora, se busca endurecer de manera drástica este mecanismo, impidiendo que futuros ejecutivos puedan concretar políticas de desinversión estatal o transferencias al sector privado sin una abrumadora negociación parlamentaria.
Fuerte rechazo opositor: «Es un obstáculo para racionalizar el Estado»
Frente al avance del dictamen oficialista, las diputadas opositores Paula Bustos (PRO), Oriana Colugnatti (LLA) y Rita Salaberry (LLA) hicieron frente común y presentaron un dictamen de rechazo contundente. Las legisladoras argumentaron que la norma impulsada por Alvado debe ser rechazada de plano «por razones de oportunidad, mérito y conveniencia», advirtiendo que solo busca perpetuar la intromisión del poder público en áreas de la economía donde no debería intervenir, perjudicando de forma directa la libre competencia y el desarrollo de la actividad privada.
En el texto del rechazo, la oposición remarcó que el proyecto «introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal». Para las representantes del PRO y La Libertad Avanza, el verdadero objetivo de la administración Kicillof y sus aliados es obstaculizar una gestión más eficiente enfocada en las tareas fundamentales del Estado, abriendo una profunda brecha de cara a las próximas discusiones en el recinto bonaerense.