El escenario de las telecomunicaciones en el país enfrenta una reconfiguración estructural clave debido a las exigencias regulatorias impuestas para evitar esquemas monopólicos.
La Autoridad Nacional de la Competencia impuso una serie de medidas para autorizar la operación entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Entre ellas, exigió el desprendimiento de 6 millones de clientes y la devolución de espectro radioeléctrico para evitar una concentración dominante en el mercado.
La luz verde para la megafusión corporativa quedó estrictamente sujeta al cumplimiento de un pliego normativo diseñado por las autoridades de control. El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, del Grupo Clarín, y advirtió que la operación solo podrá concretarse si la empresa cumple con los requisitos establecidos.
El dictamen se apoya en los análisis técnicos de las frecuencias y la distribución de redes para impedir distorsiones tarifarias o de calidad en el servicio. La decisión fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tiene como objetivo evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.
Mitigación de riesgos de concentración
Las pautas gubernamentales buscan mantener un ecosistema equilibrado donde coexistan múltiples prestadores de conectividad. Según informó la ANC en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.
Para mitigar el impacto en la telefonía celular, la firma absorbente deberá achicar su cartera y ceder soporte operativo a un tercero. Entre las principales exigencias, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidor del sector en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur.
La transferencia de activos incluye un período de transición técnica obligatorio para asegurar que el nuevo operador mantenga los estándares de conectividad. Además, la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.
Espectro y mercado de banda ancha fija
El reordenamiento también abarca las autopistas invisibles del aire y las redes de fibra óptica hogareñas en puntos geográficos críticos. La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.
El control gubernamental se aplicará del mismo modo sobre las conexiones físicas domiciliarias en el interior del país. En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.
El nuevo mapa de las telecomunicaciones
Los cálculos de los equipos técnicos del Estado proyectaban un escenario de virtual monopolio si el traspaso de acciones se realizaba sin restricciones previas. De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico. Con la aplicación de las medidas, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%.
El dictamen oficial concluye que el valor de la libre elección de los ciudadanos está por encima del interés de las grandes corporaciones. La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.