En un giro dramático que redefine el mapa de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Nadia Beller, expareja del estratega digital Fernando Cerimedo, prestó declaración testimonial ante las autoridades judiciales argentinas.
La abogada declaró a través de una videollamada desde Bolivia —país donde permanece bajo proceso de recuperación tras sobrevivir a un atentado perpetrado por presuntos sicarios— en un acto coordinado con fiscales locales a solicitud expresa del fiscal federal argentino Franco Picardi.
Citas explosivas y pruebas guardadas bajo llave
El testimonio de Beller cobra una relevancia crucial tras sus recientes y contundentes afirmaciones públicas. La abogada aseveró poseer evidencia irrefutable acerca de quiénes filtraron las grabaciones del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, material sonoro que desencadenó las pesquisas que hoy salpican al entorno cercano de la Casa Rosada y a la hermana del presidente argentino, Karina Milei. “Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, afirmó categóricamente Beller.
Entregaron el dispositivo móvil de la testigo a la Justicia boliviana como elemento probatorio dentro del proceso contra Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito. Se prevé que los magistrados asignados a Comodoro Py gestionen el acceso formal a dichos registros digitales para incorporarlos al expediente judicial en Buenos Aires.
La Cámara Federal confirmó procesamientos por asociación ilícita
La comparecencia de la testigo clave ocurre inmediatamente después de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones ratificara el procesamiento de Diego Spagnuolo junto a otras 18 personas. El tribunal los considera responsables de integrar una presunta “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”, identificando al exjefe de ANDIS en el rol de cabecilla.
Según consta en la resolución judicial, la organización operaba mediante el direccionamiento sistemático de licitaciones públicas en la compra de medicamentos para el sector de discapacidad. El esquema delictivo abarcaba desde el pago de sobornos directos a agentes estatales hasta la simulación de concursos de oferentes con resultados previamente pactados.
Los procesamientos originales habían sido dictados en febrero por el juez Sebastián Casanello, previo a que la causa quedara bajo la órbita del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N° 11. En esta última revisión, la Cámara Federal resolvió además readecuar hacia abajo los embargos preventivos, fijando el monto para Spagnuolo en la cifra de $36.005.161.365,44, al tiempo que desestimó de manera categórica los recursos de la defensa que buscaban anular el proceso alegando ilegalidad en el origen de los audios filtrados.
