El Poder Ejecutivo nacional dictó los lineamientos operativos para la aplicación de la nueva estructura legal en el ámbito del trabajo formal. El Gobierno reglamentó este lunes una serie de artículos de la ley de modernización laboral mediante cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial.
Las normas introducen modificaciones en la negociación colectiva, el funcionamiento de los sindicatos, los recibos de sueldo, las plataformas digitales de trabajo, las indemnizaciones y los mecanismos para regularizar empleo no registrado.
Como contrapartida, las organizaciones de representación de los trabajadores plantearon reparos frente al impacto de los nuevos instrumentos jurídicos:
Desde distintos sectores sindicales advierten que las medidas podrían traducirse en una pérdida de poder de negociación de los trabajadores, mayores restricciones para la actividad gremial y beneficios para las empresas en materia de costos laborales.
Modificaciones en el derecho colectivo y nuevo diseño de haberes
El Decreto 407/2026 reglamenta modificaciones introducidas en las leyes de contrato de trabajo, convenciones colectivas y asociaciones sindicales.
El texto oficial introduce pautas específicas para el funcionamiento interno de las organizaciones y los acuerdos paritarios:
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Vencimiento de convenios: Entre los principales cambios, fija criterios para determinar cuándo un convenio colectivo debe considerarse vencido y quedar habilitado para una nueva negociación.
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Topes económicos: También establece límites para aportes, contribuciones y otras cargas económicas previstas en los acuerdos colectivos, que deberán computarse de manera global y ajustarse a los topes legales.
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Obligatoriedad de cuotas: Además, dispone que determinados aportes convencionales solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a las cámaras empresarias correspondientes y prohíbe homologar acuerdos que superen los límites establecidos.
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Estructura de conducción y control: En materia sindical, exige que los cuerpos directivos mantengan una proporción considerada razonable respecto de la cantidad de afiliados cotizantes e incorpora controles sobre la representación gremial mediante cruces de datos con organismos estatales. Asimismo, establece que las horas destinadas a tareas sindicales deberán informarse con al menos 48 horas de anticipación y utilizarse de forma compatible con el normal funcionamiento de las empresas.
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Transparencia contable: El decreto también aprueba un nuevo modelo de recibo de sueldo que incluirá el detalle del costo laboral total afrontado por el empleador, con información sobre aportes patronales, contribuciones a la seguridad social, ART, obra social, PAMI y otros conceptos vinculados a la relación laboral.
Instrumentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
A través del Decreto 408/2026 quedó reglamentado el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta creada para que las empresas constituyan fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones. El sistema funcionará mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con cuentas individuales para cada empleador.
La implementación de esta alternativa financiera genera distintas interpretaciones entre los actores del mercado de trabajo:
Aunque el régimen no elimina las indemnizaciones previstas por la legislación laboral, desde sectores gremiales observan que constituye un paso hacia mecanismos alternativos al sistema indemnizatorio tradicional y fortalece esquemas orientados a reducir el costo laboral para las empresas. La entrada en vigencia fue fijada para el 1 de noviembre de 2026.
Lineamientos del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER)
El Ejecutivo también reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a incentivar la regularización de trabajadores no registrados o deficientemente registrados. La medida contempla amplias condonaciones de deuda para los empleadores que adhieran al sistema.
Los beneficios alcanzan hasta el 90% de las obligaciones vinculadas con aportes y contribuciones a la seguridad social para micro y pequeñas empresas, mientras que determinadas deudas relacionadas con obras sociales y riesgos del trabajo podrán ser perdonadas en su totalidad.
El debate técnico en torno a las consecuencias de estos incentivos fiscales divide las posturas de los analistas:
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Argumento oficial: Si bien el Gobierno sostiene que el objetivo es fomentar la registración laboral, algunos especialistas cuestionan que el esquema premie a empleadores que incumplieron obligaciones laborales y previsionales durante años.
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Cómputo de aportes: La reglamentación establece además que los períodos regularizados serán computados para el acceso a prestaciones previsionales y beneficios por desempleo.
Modificaciones tributarias del paquete económico
Por último, el Gobierno reglamentó modificaciones tributarias vinculadas al mercado inmobiliario. La norma precisa el alcance de las exenciones del impuesto a las ganancias para los ingresos obtenidos por alquileres de viviendas y para determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles.
Si bien se trata de una medida de carácter fiscal y no laboral, forma parte del paquete normativo derivado de la ley de modernización laboral y económica impulsada por el Ejecutivo.