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El Gobierno nacional oficializó el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias para acceder a una línea de créditos que les permita saldar los gastos “de caja chica” con un período de gracia. El programa aprobado por Secretaría de Finanzas fue aprobado a través de la Resolución 709/2021 publicada en Boletín Oficial.

Si bien el anuncio se hizo la semana pasada, Finanzas actualizó las condiciones de la línea de créditos desde la Casa Rosada hacia los mandatarios provinciales. Con esta medida se busca con esta medida ofrecer una opción de liquidez para que las administraciones subnacionales puedan cubrir erogaciones corrientes como salarios y otros servicios esenciales.

En rigor, se trata del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP), que fue creado en el año 1995 “a fines de asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera”, explicaron oficialmente.

Por ley, el Gobierno tiene la potestad de implementar programas para asistir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires “con financiamiento para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”, a través de ese fondo fiduciario.

Fuente: METADATA

Fue publicado en el Boletín Oficial. Además se aclararó que aplicará el descuento por presentismo.

El Gobierno determinó que los empleados podrán ausentarse a sus puestos de trabajo el día que reciban la vacuna contra el coronavirus. La medida fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial.

A través de la resolución 92/2021, firmada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni se estableció que “la constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, constituirá justificación suficiente, tanto para el vacunado como para los responsables de personas a su cargo”.

En los considerandos explicaron que la inmunización forma parte de una estrategia de salud pública “preventiva y altamente efectiva”, que es considerada como bien social, de interés nacional, “sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación”.

En ese sentido, el Estado Nacional fomenta la aplicación de las vacunas recomendadas por la autoridad sanitaria, por lo que consideraron necesario “justificar la inasistencia laboral de las trabajadoras y los trabajadores que obtengan turno para inocularse”. Además, detallaron que la situación no producirá “pérdida o disminución de sueldos y/o premios por presentismo”.

“El desarrollo y despliegue de una vacuna segura y eficaz para prevenir el COVID-19 es determinante para lograr controlar el desarrollo de la enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus”, justificó la resolución.

De acuerdo con los datos oficiales, la cantidad de dosis distribuidas hasta ahora fue de 1.703.615, del total de 1.800.000 provenientes de los cinco cargamentos que llegaron al país, sin contar el último que aterrizó el jueves por la noche de China. Cuatro fueron de Sputnik V, por un total de 1.220.000, y uno de 580.000 de la vacuna Covishield de AstraZeneca y Oxford fabricada en India.

El Consejo fue presentado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández para diseñar políticas de Estado a largo plazo. Funcionará bajo la presidencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, con 30 integrantes provenientes del área sindical, social, empresarial y de las ciencias sociales y la investigación.

El Gobierno Nacional formalizó la creación del Consejo Económico y Social, el órgano multisectorial que funcionará como un foro de debate y que intentará trazar una hoja de ruta para el desarrollo nacional a largo plazo.

A través del Decreto 124/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el propio mandatario y por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se establecieron los lineamientos básicos que tendrá el organismo hasta que el Congreso trate el proyecto que definirá su reglamento final.

Por esta razón, muchas de las características y las agendas de trabajo que tendrá estarán vigentes por un periodo de mil días, ya que ese es el tiempo máximo que tienen los propios integrantes de esta institución para elaborar el texto que luego será analizado por los diputados y senadores.

No obstante, entre otras cuestiones, quedó firme que el Consejo será “un órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país que serán definidas y sometidas a su consideración por el Presidente o la Presidenta de la Nación”.

Se informó que los objetivos planteados serán los de hacer “el análisis y las recomendaciones que se le requieran sobre programas de gobierno y proyectos de leyes estratégicos”; “abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país”; “generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo” y “establecer mecanismos de participación ciudadana”.

También los de “colaborar en la implementación de las políticas públicas que se diseñen para la efectiva consecución de los acuerdos estratégicos” y “estimular un debate informado donde el diálogo entre las diferentes visiones sectoriales se enriquezca por el soporte de información técnica y científica rigurosa”.

Entre sus funciones, están la de “elaborar y actualizar una agenda de trabajo sobre una lista de asuntos prioritarios que el Poder Ejecutivo Nacional remita a su consideración”; “reunirse en sesiones”; “adoptar acuerdos y recomendaciones con relación a los temas de su incumbencia”; “emitir informes que revelen los consensos alcanzados”, y “promover estudios, debates públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan captar la opinión de sectores amplios de la población sobre los temas en tratamiento”.

También lo son el “convocar a sectores que se encuentren especialmente afectados por decisiones políticas, con el fin de buscar, mediante el diálogo, propuestas que faciliten un abordaje consensuado de esos asuntos”, aunque esto último será siempre ”a pedido del Presidente o de la Presidenta de la Nación”.

Además, tendrá que “elaborar y elevar anualmente al Jefe o a la Jefa de Gabinete de Ministros, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria sintética sobre la tarea desarrollada”; “desplegar sus sesiones y las reuniones de los equipos de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional” y “convocar a los Consejos Económicos y Sociales u órganos similares de participación provincial o municipal”.

Para cumplir con todo lo anterior, el Consejo deberá “conformar equipos de trabajo multisectoriales”; “solicitar antecedentes, datos e informes técnicos a los distintos órganos que conforman la Administración Pública Nacional” e “invitar a funcionarios o funcionarias, expertos o expertas y/o representantes de instituciones privadas para que expongan en las sesiones o equipos de trabajo, o solicitarles informes que faciliten la discusión de temas”.

También, “desarrollar encuentros de debate, tanto regulares como extraordinarios, en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán abiertos al conjunto de la ciudadanía por vía presencial o virtual” e “impulsar acuerdos de cooperación para el cumplimiento de sus fines con organismos internacionales y/o con áreas de la administración pública Nacional, Provincial y/o Municipal, u otros organismos públicos o privados”.

Tal como destaca Infobae, el organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y celebrará una sesión ordinaria al menos una vez cada 30 días.

Como adelantó Infobae, estará presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, en este caso, Gustavo Béliz, y sus miembros serán los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JUFEJUS), María del Carmen Battaini; CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban “Gringo” Castro; CONAM, Edith Encinas; el CONICET, Carolina Carrillo y Ana María Llois; la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini.

Los integrantes del Consejo “desarrollarán sus tareas con carácter ad- honorem”, aunque el Gobierno se hará cargo de los “gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes, en caso de resultar necesario”.

Tal como estaba previsto, también en el plazo de los mil días, los 30 miembros deberán “elevar al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley que deberá proponer la estructuración jurídica y presupuestaria definitiva del Consejo, a cuyo efecto se tendrán en consideración los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, la experiencia internacional comparada y las lecciones aprendidas durante su funcionamiento”.

Ese mismo periodo es el que durará cada uno de ellos en el cargo, y también el tiempo en el que estarán vigentes cada una de las agendas de trabajo iniciales, llamadas “misión país”, que están divididas en: Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria; Educación y Trabajos del Futuro; Productividad con Cohesión Social; Ecología Integral y Desarrollo Sustentable, y Democracia Innovadora.

En los considerandos de la Resolución, el Gobierno señaló que “resulta necesario ampliar los mecanismos de participación de los y las múltiples actores y actoras que contribuyen al desarrollo nacional y dotar a dicha participación de un marco institucional adecuado”.

En este sentido, destacó que todos esos sectores “han expresado su predisposición favorable a instituir una entidad capaz de facilitar el diálogo intersectorial y fortalecer el horizonte de planeamiento estratégico del país”.

Luego de dar algunos ejemplos de organismos multisectoriales similares que funcionaron en el ámbito internacional, el Poder Ejecutivo remarcó que “en etapas de agudos problemas económicos muchos Estados elaboraron diseños institucionales propios con el objetivo común de favorecer el diálogo y forjar una visión consensuada para el desarrollo nacional, y obtuvieron resultados muy positivos, tal como aconteció en los Países Bajos en 1950, en Irlanda en 1973, en Francia en 1958, y en Italia y en Brasil en 2004″.

A nivel local, el Gobierno recordó algunas experiencias similares, como el Consejo Nacional de Postguerra, creado en 1944; el antiguo Consejo Económico y Social, que comenzó a funcionar en 1946; la Concertación Política, Social y Económica, impulsada en el año 1973; el Consejo para la Consolidación de la Democracia, conformado en 1985 y la Mesa de Diálogo Argentino, constituida en el año 2002.

El Gobierno nacional publicó esta tarde un suplemento del Boletín Oficial en donde incluyó el cierre de algunos vuelos internacionales.

Mediante la Decisión Administrativa N° 2252/2020 de Jefatura de Gabinete que aplica la Dirección Nacional de Migraciones se dispuso que se mantendrá “la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales, respecto al ingreso de personas”.

La restricción existente vencía hoy e incluía más países como los vuelos provenientes de Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia, pero no fueron incluidos en esta prórroga. Ahora sólo será para para los que vengan de Gran Bretaña y será hasta el 31 de enero de 2021 inclusive.

De todas formas, la norma establece que el Ministerio de Transporte, a través de la Administración de Aviación Civil, “podrá ampliar la nómina de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional”.

«Un edicto del boletín oficial dónde la Minera Argenta solicita el permiso del uso de agua para el proyecto navidad»

«PAGINA 26 BOLETÍN OFICIAL INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA EDICTOS – En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley XVII Nº 53 del Digesto de la provincia del Chubut, el Instituto Provincial del Agua comunica por el termino de tres 3 días se realizara la publicación en Boletín Oficial y se exhibirá por el termino de quince 15 días en los lugares visibles del Municipio y Juzgado de Paz de la Localidad de GASTRE y de GAN GAN, que Minera Argenta S.A., ha solicitado permiso de uso de Aguas Públicas con fines de uso Industrial, proveniente del pozo SP13 cuyas coordenadas Gauss Kruger son X=2.521.419; Y=5.305.454, en un caudal aproximado de 3.600,00 m3/ año, para su utilización en el campamento del Proyecto Navidad cocina, baños, riego, etc., ubicado dentro del campo La Rosada, en el predio individualizado como Lote 22-c, Fracción B y C, Sección J-I, Departamento Gastre, Provincia del Chubut, por un periodo de cinco años, de acuerdo a la documentación acompañada en los autos caratulados: S/SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE AGUA PUBLICA USO INDUSTRIAL MINERA ARGENTA S.A. ESTABLECIMIENTO LA ROSADA, POZO SP13 DEPARTAMENTO DE GASTRE EXPTE. 0193 AÑO 2014-IPA. Quienes consideren que pueda afectarse sus derechos, podrán oponerse a la solicitud de permiso de uso de Aguas Públicas, y presentarse a estar a derecho, por el término de treinta 30 días, a partir de la primera publicación de edictos, en las oficinas del Instituto Provincial del Agua, sito en calle Roger 643 de la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, y fundar su petición por escrito.

Rawson, GERARDO ALFREDO BULACIOS Administrador General de Recursos Hídricos Instituto Provincial del Agua

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó en las últimas horas el Boletín Oficial con la nueva Resolución 16/2020. En el documento, el organismo informó que los presos serán excluidos del Ingreso Familiar de Urgencia (IFE), bono que fue impuesto por el Gobierno destinado a las familias de los sectores vulnerables en tiempos de pandemia.

“A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones”, se lee en la Resolución 16/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Y luego prosiguieron: “Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por la previsiones del Decreto N°310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2°“.

Qué otro grupo de solicitantes que fue excluido del IFE

Se trata de los jóvenes menores de 25 que tengan registrado el mismo domicilio que sus padres.

Con respecto a esta medida, describieron: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y su domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente”.

A su vez, agregaron: “ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud”.

Fuente: Radio Mitre

La reciente posición de la diputada de Chubut al Frente, Rossana Artero, irritó al gobernador Mariano Arcioni porque impulsa dos proyectos que van contra el Gobierno.

Uno de esos proyectos de ley, tiene como objetivo que, si alguien aspira establecerse en un cargo debe tener al menos cuatro años de residencia en la Provincia del Chubut.

El otro proyecto reclama al Poder Ejecutivo que publique la ley que derogó la venta de tierras con bosques,  que se aprobó por la Legislatura anterior, y que llamativamente nunca se publicó en el Boletín Oficial.

Para la diputada “una ley que esté sancionada y no se publique, es como que uno quisiera gobernar diciendo, esta ley no me gusta entonces no la publico así no tiene vigencia”.

De manera que, si en las próximas 72 horas, el ejecutivo no explica los motivos por qué la norma no se publicó, Artero aseguró que se debe acudir a la justicia, ya que estaríamos ante la comisión de un delito.

Por otro lado, detrás de uno de esos proyectos, Artero criticó la designación de Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut.

 

Pasado el mediodía salió publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus.

El programa consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios: Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; Asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados; Repro : asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados; y acceso a un prestación económica por desempleo (Sistema integral de prestaciones por desempleo).

Las empresas que podrán acogerse a los primeros tres beneficios deberán dar cumplimiento a uno o más de los siguientes requisitos : que sus actividades económicas fueran afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan; tener una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el Covid 19 o que estén en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al Covid 19; y acreditar una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

Se encuentran excluidos de los beneficios del decreto 332/2020 aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales .

La Jefatura de Gabinete establecerá los criterios objetivos, actividades y demás elementos que permitan determinar la asistencia a recibir por las sujetos beneficiados.

Los sujetos que cumplan con los requisitos, accederán a uno de los siguientes beneficios: Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril del 2020 para empleadores que no superen los 60 trabajadores contratados (aquellos que lo superen, deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis)

La AFIP dispondrá los vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales.

Se elevarán durante el período que establezca la Jefatura de Gabinete los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000. Será competencia del Ministro de Trabajo, empleo y Seguridad Social modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo.

Los empleadores alcanzados por los beneficios deberán acreditar ante la AFIP la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas. El Ministerio de Trabajo considerará la información y documentación remitidas por la empresa, podrá relevar datos adicionales y disponer la realización de visitas de evaluación.

La Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de extender la vigencia de las medidas del decreto y definir las actividades económicas afectadas en forma crítica por la emergencia sanitaria.

A través de la Resolución General 2/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el funcionario judicial dio de baja «en su totalidad» la norma 6/2018, de igual rango y restableció «todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos» por esa decisión de su antecesor, Sergio Brodsky.

Nissen justificó la medida al subrayar que lo actuado por el Gobierno de Macri tenía «la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público» de la Ley General de Sociedades.

En ese sentido, recordó que en la anterior gestión se suprimió «todo tratamiento por la IGJ de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero que llegaran a su conocimiento como supuestamente realizados en calidad de actos aislados», así como también el apartado que contenía «las definiciones de sociedades off shore y de jurisdicciones off shore».

A la vez, la Inspección General de Justicia estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero «deberán constituir y mantener vigente una garantía».

Para Nissen, las modificaciones introducidas a la legislación durante la anterior gestión «entrañan suplantar ese régimen por otro primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial».

«No es necesario un análisis detallado de las modificaciones, sustituciones y derogaciones producidas para tener por evidenciado que la Resolución General IGJ N° 6/2018 carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder» y «torna inoperante al régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina», añadió.

Nissen advirtió que «las sociedades off shore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito de del evidencia y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes».

Y agregó: «En nuestro medio hechos recientes como las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades off shore en la operatoria del Grupo Vicentín según los acontecimientos parecerían ir indicándolo, o la revelación de que el tristemente notorio boliche Le Brique resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales».

También denunció que después de las reformas realizadas por el Gobierno de Cambiemos «numerosas sociedades off shore se habrían inscripto en el Registro Público a cargo de esta IGJ» y anticipó que si lo corrobora, «habilitará la adopción de las medidas pertinentes».

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la ley de Solidaridad Social «sale hoy publicada» en el Boletín Oficial, ante la expectativa que hoy generó que no aparezca publicada esta mañana.

«La ley sale hoy publicada en el Boletín Oficial», dijo Cafiero respecto a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Congreso aprobó el sábado y que hasta esta mañana aún no había sido publicada en el Boletín Oficial.

El jefe de Gabinete hizo estas declaraciones a la prensa luego de haber puesto en funciones a la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.

La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y tiene que ser promulgada por el presidente Alberto Fernández y publicada en el Boletín Oficial para que comience a regir.

El Senado convirtió en ley, en la madrugada del sábado, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, iniciativa oficial aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.El viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.

Por los jubilados más vulnerables

Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno nacional está trabajando «fuertemente» por los jubilados que están en situación de mayor vulnerabilidad, que recibirán dos sumas fijas «en diciembre y en enero», en tanto que «en marzo va a haber un aumento a todos los jubilados, también con suma fija».

«Nosotros estamos trabajando fuertemente para que los jubilados que estén peor, estén mejor», dijo y agregó que se trata de «dos sumas fijas en diciembre y en enero» que recibirán los jubilados que cobran la mínima, y un «aumento», también de «suma fija», aunque aún a definir, para «todos los jubilados».

Dejó claro que lo que se ha suspendido fue «la fórmula» de cálculo de los aumentos, pero no los aumentos, y explicó que esa suma fija que tendrán los aumentos estará relacionada «con la evolución de los precios».