Reparación histórica: se triplicó la cantidad de niños que reciben el beneficio de la Ley Brisa en Chubut.
La cantidad de niñas, niños y adolescentes en la provincia de Chubut que acceden a la reparación económica contemplada por la Ley Brisa registró un incremento del 300% durante los últimos seis años. Este avance sustancial es el resultado directo de un exhaustivo sistema de monitoreo y seguimiento territorial implementado por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
En el marco de un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley Nacional N° 27.452, las autoridades del Poder Judicial detallaron que el padrón de beneficiarios provinciales se elevó de 12 chicos en el año 2020 a 37 al 30 de junio de 2026, logrando la incorporación de 25 nuevos menores bajo este régimen de amparo estatal.
Un salvavidas de protección integral para las infancias vulnerables
La Ley Brisa establece una reparación económica mensual (equivalente a un haber jubilatorio mínimo) y una cobertura integral de salud obligatoria para todas las infancias y adolescencias cuyos progenitores hayan sido víctimas de femicidio, o hayan fallecido como consecuencia de episodios extremos de violencia de género o intrafamiliar. El espíritu de la normativa apunta a garantizar un piso mínimo de dignidad y subsistencia para quienes quedan en situación de extrema desprotección tras sufrir pérdidas traumáticas.
El origen del nombre: La ley rinde homenaje a Brisa, una niña de cinco años residente en la provincia de Santa Cruz que quedó huérfana luego de que su madre, Daiana Barrionuevo, fuera asesinada por su pareja. Brisa y sus hermanos quedaron a cargo de sus abuelos maternos, quienes carecían de los recursos financieros elementales para garantizar su manutención y crianza, visibilizando históricamente la necesidad de una cobertura estatal para los «huérfanos del femicidio».
Trabajo coordinado para destrabar las trabas burocráticas
Desde el Superior Tribunal de Justicia de Chubut recalcaron que este salto cuantitativo responde a una mayor eficiencia en la detección temprana de los casos y a la optimización de los canales administrativos. La OM-OVG lleva adelante un rastreo sistemático de los expedientes penales y civiles para sortear los obstáculos que históricamente postergaban el cobro del beneficio.
Durante el transcurso de este año, los esfuerzos principales se focalizaron en la articulación con las Asesorías de Familia de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia, logrando agilizar los trámites de tutoría y guarda legal, requisitos indispensables exigidos por los organismos previsionales.
Para consolidar esta red de contención, el Poder Judicial coordina acciones cruzadas con un amplio abanico de instituciones:
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
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Servicios de Protección de Derechos locales.
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Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVI).
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Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa Pública.
Este entramado interinstitucional permite realizar un seguimiento personalizado de cada núcleo familiar afectado, asegurando no solo el impacto de la asignación monetaria, sino también el acompañamiento terapéutico y la inserción escolar de los menores damnificados.