El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, ratificó que las universidades nacionales de gestión estatal se encuentran formalmente habilitadas para cobrar aranceles a aquellos estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
El pronunciamiento se realizó a través de sus redes sociales oficiales tras una serie de consultas vinculadas a la aplicación de la normativa vigente.
La medida se enmarca en las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, firmado el año pasado por el presidente Javier Milei, el cual modificó la Ley de Educación Superior para facultar a las casas de altos estudios a arancelar sus ofertas académicas a alumnos no residentes.
La ratificación oficial y la autonomía universitaria
Ante las dudas sobre el alcance del marco regulatorio, el funcionario libertario utilizó su cuenta en la red social X para precisar los plazos y la validez del instrumento legal:
“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, afirmó Alejandro Álvarez en referencia a la fecha de entrada en vigor de la reforma.
Según explicaron desde el área educativa del Gobierno, la aclaración pública del subsecretario respondió a lo que identificaron como una “campaña anti Argentina” en plataformas digitales, orientada a desinformar sobre las condiciones de acceso al sistema de educación superior del país.
Desde el Ejecutivo puntualizaron los ejes centrales de la norma:
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Alcance del cobro: La posibilidad de fijar aranceles aplica exclusivamente a personas extranjeras que ingresen al territorio nacional para cursar estudios universitarios y no acrediten residencia permanente.
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Preservación de la gratuidad: La medida no altera la gratuidad de la enseñanza de grado para los ciudadanos argentinos ni para los residentes extranjeros permanentes.
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Facultad de los rectores: La aplicación efectiva del arancel no es obligatoria por ley, sino una herramienta optativa que depende de la autonomía institutos y consejos superiores de cada universidad.
Contexto presupuestario y debate universitario
La reafirmación de esta normativa reaviva la discusión en torno al financiamiento de las universidades públicas. Mientras el Gobierno nacional sostiene que el arancelamiento a no residentes permite optimizar la distribución de los recursos estatales, las autoridades universitarias y sindicatos docentes insisten con sus reclamos por la recomposición salarial y la actualización de los presupuestos de funcionamiento.