El Poder Ejecutivo nacional se prepara para patear el tablero económico y corporativo de la Argentina inmediatamente después del receso invernal.
En un movimiento audaz que promete sacudir los cimientos del sector comercial y de control fronterizo, el oficialismo ultima los detalles de una ambiciosa e irreversible batería de medidas orientadas a desmantelar los privilegios corporativos e históricos que rigen en dos áreas estratégicas del país. La iniciativa, diseñada bajo un estricto hermetismo en los despachos oficiales, ya encendió las alarmas de los sindicatos y las cámaras empresariales, abriendo un nuevo frente de batalla legal, gremial y político de consecuencias totalmente impredecibles.
Golpe letal a los colegios inmobiliarios: el corretaje dejará de ser profesión
La mesa chica de La Libertad Avanza tiene prácticamente lista la letra chica de una reforma sustancial que reconfigurará por completo el mercado inmobiliario argentino. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el cerebro detrás del texto que busca degradar el corretaje de su actual consideración de profesión liberal para transformarlo en un simple servicio de intermediación comercial. Para el armado del borrador, el funcionario escuchó la propuesta de Jorge Amoreo Casotti, CEO de la start-up Proptech Pint, quien liquidó el actual sistema al asegurar que la actividad no es una ciencia reservada a iniciados, sino una acción comercial para conectar partes, facilitando operaciones y cobrando comisiones. Casotti denunció abiertamente que el lobby de la Federación Argentina de Entidades de Martilleros y Corredores Inmobiliarios (FAEMCI) disfrazó la actividad para apropiarse del mercado.
El proyecto oficial apunta a derogar el espíritu de las leyes nacionales 20.266 y 25.028, normativas acusadas de instalar una «trampa unificadora» al exigir título universitario y habilitar el levantamiento de cerrojos provinciales. Desde el año 2003, este modelo proliferó creando colegios obligatorios, comisiones reguladas, cajas millonarias y organismos corporativos que actúan como juez, parte y recaudador. La nueva ley desterrará el rol sancionatorio de estas instituciones, eliminará las restricciones geográficas interjurisdiccionales y suprimirá de raíz la obligatoriedad de la matrícula profesional. Los ideólogos de la medida sostienen que la matrícula solo garantiza que alguien pagó para entrar al sistema, funcionando como una herramienta estatal para eliminar la competencia y proteger exclusividades en lugar de cuidar al consumidor.
Aduana libre de burocracia: motosierra a los controles y alerta por contrabando
En paralelo a la desregulación de las propiedades, las reformas del Banco Central, la ley de Zonas Frías, la inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma electoral, el oficialismo implementará cambios drásticos en el código aduanero. Fuentes internas del organismo que accedieron de primera mano a los borradores gubernamentales ratificaron que la administración de Javier Milei avanzará con fuerza en la flexibilización de controles, la prescripción de personal y la erradicación de trabas burocráticas para agilizar los tiempos de ingreso y egreso de mercaderías. No obstante, el punto más sensible y controversial radica en la modificación estructural de la figura legal y las penalidades estipuladas para el delito de contrabando, flexibilizando los marcos punitivos vigentes.
La respuesta de los sectores afectados fue inmediata y virulenta. Desde el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA), conducido por Daniel Mallotti, advirtieron que estas reformas sin el consenso de los trabajadores debilitarán críticamente el sistema de fiscalización y el resguardo del interés nacional en el comercio exterior. Frente a este escenario, el gremio aduanero selló una alianza táctica con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), alertando conjuntamente sobre los peligros de un incremento exponencial del comercio ilegal. Ambas organizaciones exigieron de forma conjunta al Gobierno nacional un refuerzo real en los controles fronterizos para mitigar el severo daño a la industria local y las millonarias pérdidas fiscales que ocasionaría la liberación del contrabando.