El presidente Javier Milei avanza de manera pública en su propuesta más extrema para blindar las finanzas públicas: la adaptación local del «shutdown» o «cierre» de la administración estatal al estilo de Estados Unidos.
La iniciativa oficialista contempla una parálisis total de las funciones consideradas «no esenciales» del sector público, un movimiento inédito que busca consolidar el corazón de su modelo económico. Mientras los borradores legislativos terminan de delinearse en el ala dura de la Casa Rosada, los analistas proyectan un escenario de enorme conflictividad institucional y profundos cambios en la estructura del funcionamiento diario del país.
Del modelo de Estados Unidos a la trampa del equilibrio fiscal permanente
La jugada libertaria introduce un cambio drástico respecto al sistema norteamericano. Mientras que en Estados Unidos el cierre ocurre de forma automática cuando el Congreso no logra aprobar la Ley de Presupuesto, el planteo de Milei establece que la parálisis estatal se aplicará de forma exclusiva para garantizar el déficit cero. El estudio de la entidad dirigida por el economista Martín Kalos arriesga que el mandatario podría estar preparando el terreno para un eventual segundo mandato, buscando una herramienta legal definitiva que le permita bloquear cualquier reclamo de mayor gasto público bajo la amenaza directa de un apagón administrativo.
La investigación privada advierte un trasfondo jurídico complejo detrás de esta estrategia. El documento señala que el Ejecutivo busca con esta ley sortear la evidente inconstitucionalidad de su decisión de incumplir normativas vigentes, tales como las leyes de financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, las cuales continúan congeladas e inactivas en su ejecución. De implementarse el mecanismo, en el instante en que las partidas presupuestarias votadas por el Congreso se agoten, las actividades estatales secundarias se pausarán por completo. El Congreso de la Nación mantendría una instancia previa para definir qué áreas específicas entran en congelamiento; si los legisladores no logran consensuar un listado, esa potestad discrecional quedará delegada en manos del propio Poder Ejecutivo.
El tercer intento de Milei para demoler la ley de Domingo Cavallo
El proyecto representa una reforma estructural a la Ley de Administración Financiera 24.156, sancionada en el año 1992 a instancias del entonces ministro Domingo Cavallo, una norma que históricamente devolvió la previsibilidad y el control a las arcas públicas tras las traumáticas experiencias de hiperinflación. El «shutdown a la argentina» constituye en realidad el tercer intento consecutivo de Milei en tres años de gestión para otorgarle fuerza de ley al superávit financiero permanente. El primer antecedente se ubicó en el Presupuesto 2025, donde el artículo 1° obligaba a recortar partidas de forma automática ante cualquier caída de ingresos. El segundo intento fue el trunco proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscaba castigar con prisión a los funcionarios que emitieran dinero.
Qué áreas públicas se salvan del cierre masivo
El plan provisorio del Gobierno nacional contempla resguardar únicamente un puñado de funciones críticas. Entre las áreas que continuarían operativas y exceptuadas de la parálisis generalizada se encuentran el pago de jubilaciones, los programas sociales directos, los compromisos de deuda externa y los gastos operativos de las fuerzas de seguridad y defensa nacional.
Este nuevo paquete llegará al Palacio Legislativo en tándem con una reforma integral a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la insistencia en establecer penas de cárcel para la emisión monetaria. El oficialismo confía plenamente en que la actual conformación parlamentaria, sumada a la debilidad de los bloques opositores, permitirá que esta ambiciosa e histórica reforma fiscal consiga sortear los filtros y transformarse en ley antes del cierre del año.