El régimen que permitía complementar el trabajo temporario registrado con las prestaciones sociales venció el 1 de septiembre
Desde la UATRE denunciaron la falta de respuesta del Ministerio de Capital Humano y alertaron sobre el impacto en las economías regionales.
Vencimiento del Decreto 514 y alerta sindical
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encendió los alarmas en el sector agropecuario al advertir que 120.000 puestos de trabajo rurales temporarios se encuentran en riesgo directo. La situación se generó tras la falta de prórroga por parte del Gobierno nacional del Decreto 514/2021, normativa que habilitaba la complementariedad entre los programas de protección social y el empleo formal registrado en el campo.
El régimen caducó formalmente el pasado 1 de septiembre. Previo a su vencimiento, el secretario general del gremio, José Voytenco, había enviado el 18 de agosto un pedido formal y con carácter de «urgente» a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sin embargo, desde el sindicato confirmaron que no obtuvieron respuesta ni disposición oficial para su extensión.
«Esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias. Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales», remarcaron desde el gremio.
El impacto en la formalización y las economías regionales
El mecanismo permitía que los peones golondrina y trabajadores de cosechas de temporada mantuvieran beneficios como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo mientras duraba su contratación registrada. A su vez, el sector patronal accedía a deducciones en las contribuciones.
Desde UATRE criticaron «la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva», e insistieron en que el bienestar social no debe actuar como freno a la registración laboral:
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Pérdida de incentivos: La caducidad del beneficio empuja a los trabajadores a optar por la informalidad para no perder los planes de contención familiar.
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Falta de mano de obra: Productores regionales temen serias dificultades para cubrir la demanda de personal en las próximas campañas agrícolas.
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Antecedente normativo: La medida fue impulsada en 2021, renovada en 2023 y prorrogada por un año en octubre de 2025 bajo la gestión de Javier Milei.