La Cámara de Senadores será escenario de una intensa jornada política marcada por las negociaciones parlamentarias para garantizar la gobernabilidad.
Con el objetivo de asegurar los votos necesarios antes de debatir el paquete de reformas del Poder Ejecutivo, el bloque oficialista de La Libertad Avanza —bajo la conducción de Patricia Bullrich— aceptó dar curso al tratamiento de iniciativas impulsadas por la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales.
Esta estrategia busca tender puentes con la oposición dialoguista antes de abordar proyectos clave como la reforma del Banco Central, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y la reforma electoral, dando espacio prioritario a las demandas de las economías regionales.
Incentivos a medianas empresas: la jugada radical de Eduardo Vischi
Dentro de la agenda consensuada resalta el proyecto denominado Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, presentado por el senador radical Eduardo Vischi. La propuesta busca complementar los esquemas para grandes capitales otorgando beneficios fiscales a medianas empresas que ejecuten inversiones productivas por montos superiores a los US$ 12 millones durante sus dos primeros años.
El tratamiento continuará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales y Legislación General, encabezadas por Agustín Monteverde (LLA), Jorge Capitanich y Nadia Márquez (LLA). Entre los incentivos previstos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de los créditos fiscales del IVA, dejando expresamente excluidas a las inversiones de tipo financiero, de portfolio y a los bienes de cambio.
Mercado de Carbono y reclamos de las organizaciones ambientales
El otro punto neurálgico de la jornada aborda la regulación del Mercado Voluntario de Carbono, una iniciativa de fuerte impacto para el norte del país que impulsan la senadora salteña Flavia Royón y los legisladores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. El debate se desarrollará en el plenario de las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda.
El texto prevé exenciones fiscales sobre la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para tecnologías vinculadas y estabilidad fiscal para los proyectos dados de alta. Pese a los incentivos económicos, la norma despertó cuestionamientos fuera de la Cámara Alta: distintas organizaciones ambientales reclamaron una mayor apertura a expertos y comunidades, advirtiendo sobre las consecuencias ecológicas y sociales de la regulación.