Con el objetivo de hacer frente al crecimiento sostenido de las estafas y fraudes en entornos digitales, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal formalizaron la creación de la «Red 24/7 de Investigaciones de Ciberfraude».
La iniciativa, impulsada inicialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó refrendada mediante la firma de un Acta Compromiso suscripta el 14 de septiembre de 2026 en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut).
La necesidad de esta nueva estructura surge del diagnóstico realizado por las autoridades firmantes, quienes destacaron que los delitos informáticos y financieros presentan características complejas: una alta velocidad de ejecución, uso intensivo de tecnología, marcada dispersión geográfica de víctimas, autores y evidencia digital, y un claro componente interjurisdiccional.
Frente a este escenario —que impacta de manera directa en el sistema financiero y la ciudadanía—, la alianza busca superar los mecanismos tradicionales mediante un esquema operativo permanente, específico y de respuesta inmediata dedicado exclusivamente a esta clase de ilícitos. La Red operará bajo la órbita de ambos Consejos y estará integrada por funcionarios referentes en la materia designados por cada provincia.
Ejes estratégicos y modalidades de acción
Para optimizar los procesos de detección, investigación y persecución penal de los ciberfraudes en todo el país, los integrantes de la Red articularán sus tareas en torno a siete modalidades de trabajo clave:
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Canales de comunicación directa: Vías de contacto fluidas entre los fiscales designados para dar respuestas inmediatas ante casos de urgencia.
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Base de Datos Federal de Ciberfraude: Registro nacional unificado para centralizar información sobre CBU/CVU reportados, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones IP, billeteras de criptoactivos, CUIT/CUIL, perfiles en redes sociales, códigos IMEI, entidades bancarias y todo dato objetivo relevante.
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Articulación Público-Privada: Integración estratégica con entidades bancarias (tradicionales y digitales), fintech, billeteras virtuales, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), empresas de telecomunicaciones, plataformas de e-commerce y proveedores de servicios de pago para agilizar la preservación de prueba digital y el congelamiento preventivo de fondos.
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Estandarización de buenas prácticas: Elaboración de guías de actuación conjunta para incrementar la eficiencia en las causas judiciales.
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Intercambio de información y análisis criminal: Actualización de modalidades, patrones delictivos, vulnerabilidades y actores involucrados entre jurisdicciones.
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Especialización y capacitación continua: Instancias permanentes de formación sobre nuevas tecnologías y tendencias delictivas.
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Análisis normativo: Examen continuo de la legislación y jurisprudencia aplicable al ciberfraude y cibercrimen financiero.
Estructura organizativa y Mesa Federal de Acceso
Respecto al funcionamiento interno del nuevo organismo, el convenio fija pautas claras para su pronta puesta en marcha. Cada una de las provincias y distritos participantes deberá designar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a dos (2) representantes técnicos que integrarán la denominada Mesa Federal de Acceso.
Durante la primera reunión formal de este espacio, la Mesa elegirá a dos provincias coordinadoras, las cuales asumirán por el período de un año la organización administrativa y el funcionamiento operativo de la Red 24/7 de Investigaciones de Ciberfraude.