Patricia Bullrich encabezará un anuncio en el Senado para presentar los consensos alcanzados. El proyecto oficialista modifica el criterio de «riesgo cierto e inminente», incorpora el abordaje expreso de las adicciones y habilita las teleconsultas.
El Gobierno nacional aceleró las negociaciones en el Senado de la Nación para impulsar una profunda reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657). La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, busca modificar aspectos neurálgicos como el régimen de internaciones involuntarias, el tratamiento del consumo problemático de sustancias y el seguimiento ambulatorio posterior al alta médica.
En ese marco, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, encabezará este miércoles por la tarde una conferencia de prensa desde su despacho en la Cámara Alta para exponer los puntos de acuerdo alcanzados. La senadora estará acompañada por Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General. El objetivo central es lograr un dictamen de mayoría en plenario de comisiones para llevar el proyecto al recinto durante la última semana de octubre.
Cambios clave en las internaciones y el abordaje de las adicciones
Uno de los ejes más controvertidos de la propuesta oficialista se enfoca en la flexibilidad para ordenar internaciones sin el consentimiento expreso del paciente. A diferencia de la legislación vigente —que exige la demostración de un «riesgo cierto e inminente»—, la reforma establece que la medida podrá disponerse cuando exista un «riesgo grave para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros.
Para concretar una internación, la norma requerirá la evaluación y firma de dos profesionales de la salud asistencial, especificando que al menos uno de ellos sea médico y, preferentemente, psiquiatra.
Entre los puntos más destacados del proyecto de modificación figuran:
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Abordaje de adicciones: El consumo problemático de sustancias quedará expresamente integrado dentro de las coberturas y tratamientos de la salud mental.
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Voluntad anticipada: Se garantizará el derecho de los pacientes a aceptar o rechazar tratamientos de manera preventiva.
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Telemedicina: Se habilitará el uso de teleconsultas para garantizar la atención en localidades o regiones vulnerables con escasez de profesionales.
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Acompañamiento post-alta: Se implementarán programas de seguimiento ambulatorio por hasta seis meses, con controles judiciales cada 30 días y notificación previa a las familias.
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Atención infantojuvenil: Se contemplan dispositivos diferenciados para niños, niñas y adolescentes con equipos formados en la especialidad, bajo principios de no criminalización y autonomía progresiva.
Avances parlamentarios y consenso federal
La propuesta recoge las conclusiones de una ronda de consultas iniciada en mayo, que incluyó dos jornadas de debate público con más de 70 expositores entre profesionales, ONG, familiares y representantes del sistema sanitario. Asimismo, durante agosto, Bullrich y Arrascaeta mantuvieron reuniones de trabajo con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y autoridades del área de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En relación con el alcance del debate legislativo, la senadora Nadia Márquez enfatizó la urgencia de actualizar el marco normativo ante el reclamo de las familias:
“Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, expresó la legisladora.
Márquez también hizo hincapié en la necesidad de adecuar los términos técnicos vinculados con las adicciones dentro del articulado final:
“Las palabras tienen poder porque definen. No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”, sostuvo.
A pesar de las negociaciones en marcha, el oficialismo aún trabaja en la consolidación de los votos necesarios para asegurar el dictamen de mayoría. Los cambios propuestos continúan en etapa de debate y requerirán la aprobación de ambas cámaras para su efectiva entrada en vigencia.