El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes clave a la AGN y al BCRA tras la denuncia que salpica a Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Ernesto Curutchet. La Justicia busca determinar si hubo administración fraudulenta y posible perjuicio al Estado por pérdidas acumuladas durante 2025.
La Justicia federal dio los primeros pasos firmes en la investigación por el manejo de las reservas de oro y las operaciones financieras con derivados realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo solicitando una batería de medidas de prueba para reconstruir las decisiones que habrían arrojado un resultado negativo de USD 1.023 millones (equivalentes a $1,46 billones) durante el ejercicio 2025.
La causa se abrió a partir de una denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el integrante del directorio y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet.
Bajo la lupa: el informe de la AGN y las operaciones con opciones
El eje central del requerimiento fiscal se basa en la Resolución 205/2026 de la Auditoría General de la Nación (AGN), que aprobó los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. Según el informe de auditoría, las operaciones con derivados financieros vinculados al metal precioso arrojaron un saldo negativo compuesto por:
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Pérdida por opciones: $1.400.793 millones (aproximadamente USD 960,2 millones).
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Primas de opciones: $68.362 millones (alrededor de USD 62,8 millones).
Si bien durante el mismo período la tenencia física de oro registró un saldo positivo por diferencia de cotización de $8,02 billones —impulsada por un alza del metal de cerca del 65% en 2025—, la denuncia plantea que la estrategia de cobertura implementada (collar) puso un «techo» a las ganancias y generó obligaciones de pago en divisas que mermaron el resultado final de las reservas.
Requerimientos a la AGN y al Banco Central
Para esclarecer el marco técnico y la legalidad de los giros, el fiscal Pollicita encomendó dos paquetes principales de medidas probatorias:
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A la Auditoría General de la Nación: Exigió la entrega del informe completo de auditoría, los papeles de trabajo respaldatorios, la fundamentación de eventuales disidencias de los auditores y la respuesta oficial que dio el Banco Central ante las observaciones.
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Al Banco Central de la República Argentina: Reclamó el detalle del marco normativo aplicable para la administración del oro, la nómina de funcionarios intervinientes, los mecanismos de control interno y las constancias sobre «si, entre el año 2025 y la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación» para el manejo de los activos.
Según fundamentó Pollicita en su escrito, el propósito de las medidas busca «delimitar con mayor precisión la plataforma fáctica objeto de análisis, reconstruir el marco de las operaciones involucradas y determinar su alcance».
Encuadre legal y sospechas sobre la estrategia financiera
La presentación impulsada por Dalbón plantea la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Respecto a los argumentos defensivos de la autoridad monetaria, la denuncia remarca que la calificación teórica de una transacción como «cobertura» no exime de analizar su legalidad, sosteniendo que la clave radica en «su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió».
Una vez recepcionada la documentación de la AGN y los informes sobre competencias y normativas del BCRA, la fiscalía recibirá nuevamente el expediente para definir los siguientes pasos procesales de la causa.