Un capitulo clave en la disputa por la soberanía y los recursos naturales del Atlántico Sur se resolverá en los tribunales internacionales tras una contundente ofensiva legal.
Frente al avance unilateral de maniobras extractivas en aguas disputadas, la Justicia internacional aceleró los plazos para definir si aplica un freno de emergencia a la explotación hidrocarburífera offshore en las islas, abriendo una instancia decisiva de alta tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.
Audiencias en Hamburgo para frenar el proyecto Sea Lion
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para los días 10 y 11 de noviembre las audiencias orales públicas en las que resolverá la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
La decisión fue dispuesta por el presidente del organismo, Maurice Kamga, tras la presentación enviada por el gobierno de Javier Milei mediante el canciller Pablo Quirno y el embajador Mario Oyarzábal. El Estado argentino exige que el Reino Unido impida la continuación de los trabajos, proteja la información ambiental y se abstenga de otorgar nuevas licencias que agraven el diferendo en el Atlántico Sur.
Los antecedentes del arbitraje y el yacimiento en disputa
El conflicto se desencadenó el pasado 28 de septiembre, cuando la Cancillería inició formalmente un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convemar. Ante la negativa de Londres de suspender las operaciones en el plazo de dos semanas, el Poder Ejecutivo acudió de urgencia al tribunal con sede en Hamburgo.
La controversia se focaliza en un área de 541,40 kilómetros cuadrados ubicada a 198 kilómetros al norte del archipiélago (licencia PL032), operada por la firma israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), cuya meta es iniciar la extracción hidrocarburífera en el primer trimestre de 2028.