La investigación judicial iniciada tras el rescate de una mujer y sus tres hijos en el interior de una vivienda en la zona cordillerana de Chubut ingresó en una etapa definitoria enfocada en la imputabilidad del detenido.
La Fiscalía de Esquel avanza con pericias psiquiátricas exhaustivas sobre el acusado para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos o si actuó con dolo en la privación del bienestar de sus familiares.
Un tribunal de revisión integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia ratificó en las últimas horas la prisión preventiva por diez días impuesta al sospechoso, imputado de manera preliminar por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.
Durante el contacto con los medios, la procuradora de fiscalía, Cecilia Bagnato, explicó la complejidad del dilema probatorio que deben esclarecer los peritos de Salud Mental.
«Él menciona como un poco naturalizada la situación, pero eso va a depender de que podamos hacer un examen psiquiátrico y ver cuánto hay de intencionalidad o no, porque corresponde a la fiscalía probar si hay dolo de comisión de un hecho delictivo», afirmó la procuradora Bagnato.
Invasión de privacidad, impedimento de contacto y alerta vecinal
La intervención de las autoridades judiciales y policiales se aceleró a partir del informe presentado por el Juzgado de Familia y las denuncias presentadas por la comunidad barrial:
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Negativa a la inspección: La funcionaria judicial Mónica Caveri precisó que el equipo interdisciplinario acudió al domicilio y fue interceptado en el ingreso por el acusado, quien impidió el contacto con la mujer y sus hijos. Ese informe fue la base para solicitar la orden de allanamiento de urgencia.
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Aislamiento y bloqueos: Vecinos de la zona venían observando anomalías desde el pasado 10 de octubre, tales como aberturas permanentemente bloqueadas, nula circulación de los jóvenes, gritos nocturnos y movimientos únicamente en horas de la madrugada.
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Abordaje interdisciplinario: Tras el operativo de rescate, profesionales del Servicio de Protección de Derechos y del área de Salud Mental del Hospital de Esquel evalúan el estado de vulnerabilidad, la nutrición, contención psicológica y el grado de escolarización de las víctimas.
La fiscalía dispone de un plazo legal de seis meses para la recolección de evidencia y la formulación del requerimiento de acusación definitiva, al tiempo que solicitó prudencia a la comunidad para resguardar la identidad de los involucrados.