La tensión entre el sector productivo y el Gobierno nacional escaló a un nivel crítico.
Casi el 60% de las empresas fabriles del país reportó un impacto severo del comercio ilegal en sus operaciones cotidianas, una problemática que desató una fuerte ofensiva por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a cámaras comerciales y gremios para exigirle a la administración central una urgente revisión de los controles aduaneros y fronterizos.
El reclamo de la UIA, la caída de controles y la mira en Sturzenegger
El malestar industrial viene acumulando presión desde hace meses. Distintos sectores advierten que la desregulación estatal y el recorte de funciones en los organismos de control —medidas impulsadas bajo el paraguas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger— debilitaron drásticamente las barreras de fiscalización. En esa línea, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), encabezado por Daniel Mallotti, ya había señalado que las políticas de ajuste y la flexibilización favorecen de forma directa la expansión del contrabando.
A este frente se sumó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que exigió reforzar las fronteras para frenar el daño a la industria formal y evitar multimillonarias pérdidas fiscales. Ante la falta de respuestas oficiales previas, la UIA redobló la apuesta y mantuvo un encuentro con el director general de Aduanas, Andrés Velis, para presentarle un duro diagnóstico técnico. De la cumbre también participaron la directora adjunta del organismo, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco.
Los rubros más golpeados y los pedidos urgentes al Gobierno
La ofensiva empresaria se fundamenta en la III Encuesta UIA de septiembre de 2026, donde el 59,7% de las 628 compañías relevadas catalogó como «alto o muy alto» el impacto del comercio informal. El flagelo golpea con extrema dureza a sectores clave como metales comunes (88,2%), textil (84,6%), cuero y calzado (76,2%) y papel, cartón y madera (70%), a lo que se suma el avance del e-commerce informal que afecta a cuatro de cada diez firmas a través de redes sociales y marketplaces.
Frente a este escenario de competencia desleal, donde además deben lidiar con la entrada de productos extranjeros sin aranceles, los industriales elevaron una batería de propuestas basadas en estándares internacionales. Entre las exigencias figuran la ampliación de horarios en pasos fronterizos, mayor despliegue de escáneres y tecnología de escaneo, auditorías ex post, fiscalización estricta del comercio electrónico y una revisión regulatoria sobre las recientes flexibilizaciones en el sistema de courier. Por el momento, el Ejecutivo nacional mantiene silencio frente al reclamo.