Una dramática y dividida sesión en el Congreso de la Nación culminó con un sorpresivo cambio de rumbo político que evitó la caída total de una de las normativas de propiedad más polémicas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Tras una batalla parlamentaria de alto voltaje, el oficialismo debió aceptar el restablecimiento de los históricos límites al capital extranjero para salvar la ley de fondo en la Cámara baja.
Respaldo masivo a la restitución y un triunfo apretado en general
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», incluyendo sorpresivamente la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y el restablecimiento de la Ley de Tierras Rurales de 2011.
El capítulo de restitución contó con una abrumadora mayoría de 239 votos a favor, 4 en contra (las tucumanas Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes) y 6 abstenciones (la izquierda integrada por Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Plá, junto a Mónica Frade de la Coalición Cívica y Marcela Pagano de Coherencia).
Sin embargo, la aprobación en general del proyecto resultó sumamente ajustada: 124 votos afirmativos contra 119 negativos y 6 abstenciones estratégicas (cinco cordobeses y Álvaro González del PRO), cuya postura evitó el rechazo absoluto de la norma. Con esta redacción, se reafirma el tope del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y municipal, además del límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras.
Chicanas por el «reculado en chancletas» y reformas en expropiaciones
La iniciativa —que modifica la Ley de Expropiaciones y agiliza los procesos judiciales de desalojo— pasará al Senado,donde la oposición ya había derogado el capítulo de tierras y de Manejo del Fuego. Durante el acalorado debate, el oficialista Santiago Santurio destacó que el proyecto busca que «deje de ser negocio la usurpación de viviendas».
Por su parte, el peronista Diego Giuliano ironizó sobre el giro pragmático del Gobierno de volver a la norma sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner, mientras que Martín Lousteau calificó la postura oficial como un «reculado en chancletas» al alertar sobre los riesgos del programa de ciudadanía por inversión. En la misma línea, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano acusaron al Ejecutivo de aplicar un «efecto lavarropas», al tiempo que la camporista Lucía Cámpora rechazó la iniciativa señalando que entorpece las expropiaciones estratégicas y Pamela Verasay (UCR) llamó a superar la polarización política.