Una multitudinaria jornada de protesta sacudió los alrededores de la residencia presidencial en Vicente López,evidenciando el aumento de la tensión entre los gremios del sector público y el Poder Ejecutivo.
Pese a la ausencia del jefe de Estado en el país, las organizaciones sindicales salieron masivamente a las calles para repudiar un polémico programa oficial que busca reducir la plantilla de trabajadores mediante financiamiento internacional.
Tensión con la policía y dura denuncia contra Sturzenegger y Caputo
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó hasta la Quinta de Olivos para protestar contra el plan de retiros voluntarios dispuesto por el Gobierno nacional que abarca a más de 20.000 empleados estatales.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció que la Policía Federal Argentina persiguió al equipo de prensa de ATE antes de llegar al lugar, manifestando que en el país «estamos viviendo un estado de excepción».
Los manifestantes se concentraron en Avenida Maipú 2718 a las 17:00 para marchar hacia la residencia oficial, rechazando de plano el crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar dicho programa. «Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras Federico Sturzenegger y Santiago Caputo se sigan llenando de plata», aseveró el dirigente.
Las trabas del decreto 1203/26 y el rechazo a los viajes del Presidente
El programa, oficializado mediante el Decreto 1203/26, fija que quienes se adscriban a la medida no podrán reingresar a la Administración Pública Nacional por el término de 8 años. Respecto a realizar la protesta mientras el mandatario Javier Milei se encuentra en España, Aguiar cuestionó la falta de agenda oficial del viaje sosteniendo que «con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional».
Asimismo, el gremialista detalló que el reclamo contempla la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de ingresos, el pluriempleo, las decenas de despidos, la incertidumbre laboral y el vaciamiento de organismos. «Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública», alertó.