En medio de una intensa polémica política y judicial que mantiene en vilo al sector agropecuario, el Poder Ejecutivo salió a cruzar con dureza a los sectores opositores tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales contenida en el DNU 70/2023.
Desde la Casa Rosada desmintieron categóricamente las acusaciones sobre un presunto riesgo para la soberanía territorial.
El vocero presidencial Adrián Ravier remarcó en conferencia de prensa que «durante años, la Argentina acumuló regulaciones que limitaron la inversión y el desarrollo de distintas actividades productivas», recordando que la Ley 26.737 sancionada en 2011 imponía un tope del 15% a la titularidad extranjera en campos y municipios.
Sin peligro fronterizo: el argumento constitucional del Gobierno
Ante los reclamos de la oposición y de gobernadores como el mandatario de Misiones —quien anunció que recurrirá a los tribunales para frenar la medida en su provincia—, Ravier aseguró que «la derogación de la Ley de Tierras Rurales no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras», garantizando que esas áreas estratégicas mantienen sus controles específicos sobre la adquisición de inmuebles.
«La Ley de Tierras no afecta la soberanía territorial porque la tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción», enfatizó el vocero. Asimismo, argumentó que la normativa vetada resultaba inconstitucional debido a que la propia Carta Magna establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos para trabajar la tierra y desarrollar industrias.
Fuerte rechazo a los intentos opositores por voltear el DNU 70/2023
El conflicto se reavivó luego de que el máximo tribunal revocara la medida cautelar presentada por una organización social en La Plata por falta de legitimación. En respuesta, diputados opositores interpusieron nuevas acciones legales e impulsaron la anulación completa del DNU 70/2023. Ravier advirtió que dar marcha atrás implicaría «volver a un modelo agotado donde el poder político tiene la última palabra sobre los privados, favoreciendo a los que tienen contactos y no a los que producen».
El funcionario cerró la conferencia señalando que el verdadero desafío consiste en atraer inversiones de largo plazo para sistemas de riego, tecnología y forestación: «La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir haya que pedir permiso al Estado o una donde la regla sea comerciar y competir en libertad».