El conflicto con las universidades públicas se transformó en un verdadero dolor de cabeza sin salida en el corto plazo para La Libertad Avanza.
Tras la sanción y posterior insistencia parlamentaria de la Ley de Financiamiento Universitario, la administración nacional ha acumulado continuos traspiés políticos y judiciales, desatando una fuerte interna en el seno del Gabinete debido a diagnósticos contrapuestos y recetas sumamente divergentes sobre cómo encauzar las protestas.
Proyectos cajoneados, fallos en contra y el malestar de los gobernadores
El ala política del oficialismo había articulado a fines de febrero un proyecto para la educación superior que recomponía salarios y que contaba con el consenso de los rectores, incluyendo la condición de retirar la demanda judicial iniciada. Sin embargo, operadores parlamentarios libertarios cajonearon la iniciativa confiando en que la Justicia desestimaría los reclamos. La maniobra falló, la Justicia falló en contra del Ejecutivo y la única estrategia actual del Gobierno consiste en apelar sucesivamente las resoluciones judiciales.
A este panorama se suma el creciente nerviosismo en las provincias. Varios gobernadores, en especial de extracción radical, se comunicaron con autoridades del Poder Ejecutivo nacional para exigir una resolución urgente del conflicto, alertando sobre el grave costo electoral que el impacto de las masivas movilizaciones e incidentes puede acarrear en sus respectivos distritos de cara a los próximos turnos electorales.
La insólita justificación del Ministerio de Educación sobre el presupuesto
Luego de la reciente Marcha Federal Universitaria, que concluyó con incidentes y la represión de los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a justificar la postura oficial argumentando que «todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos». El funcionario aseguró que la normativa aprobada violó la ley de administración financiera al no definir las partidas para cubrir el gasto, lo que justificó promulgarla y suspender su aplicación de manera simultánea.
Defendiendo la administración de los recursos estatales, Álvarez remarcó que el Ejecutivo únicamente ejecuta el presupuesto que aprueba el Poder Legislativo. No obstante, dejó abierta una rendija de negociación de cara a los debates parlamentarios venideros: «Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro», concluyó el funcionario, reflejando el clima de incertidumbre que domina al oficialismo.