La Justicia dio un paso crucial en una de las causas por fraudes habitacionales más resonantes de Chubut.
La Fiscalía formalizó la acusación pública contra Vanesa Elizabeth Fita —hermana del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista chubutense, Gustavo Fita— y otras cuatro mujeres, señaladas como responsables de una red de engaños que perjudicó a cientos de familias con la promesa de la casa propia.
La maniobra millonaria: falsas promesas, cuotas y grupos de WhatsApp
Entre abril de 2023 y febrero de 2024, las imputadas habrían desplegado un esquema donde Fita simulaba ser intermediaria de una cooperativa de viviendas y afirmaba contar con conexiones directas con funcionarios provinciales. Prometían casas construidas o a punto de finalizar del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), careciendo por completo de autorización legal o capacidad económica real para adjudicarlas.
El mecanismo de captación exigía una entrega inicial de 100.000 pesos y el pago regular de cuotas. Tras abonar, las víctimas eran agregadas a grupos de WhatsApp donde se les brindaba información fidedigna e invitaciones a reuniones, estrategia utilizada para sostener el engaño en el tiempo. La investigación determinó que los movimientos monetarios analizados superaron ampliamente los 60 millones de pesos.
Evidencia abrumadora y pedido de juicio por jurados
El fiscal de Comodoro Rivadavia, Martín Cárcamo, confirmó que la maniobra alcanzó al menos a 594 personas damnificadas. Para respaldar la acusación, el Ministerio Público Fiscal compiló 80 denuncias formales y digitalizó cerca de 700 gigabytes de información procesada a partir de cuentas bancarias, billeteras virtuales, teléfonos incautados y registros oficiales.
Hasta la fecha se acreditaron en su totalidad unas 400 operaciones mediante comprobantes de depósito y transferencia. Asimismo, el fiscal precisó que se descartó la intervención de funcionarios públicos en la trama criminal.
Las imputaciones se distribuyen del siguiente modo:
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Vanesa Elizabeth Fita: 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida.
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María Victoria Curán: 400 hechos.
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Camila Páez: 300 hechos.
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Lucía Lorena Miranda: 130 hechos.
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Gisela Belén Mansilla: 4 hechos.
Frente a la gravedad del perjuicio social, Cárcamo solicitó formalmente que el caso sea elevado a juicio por jurados, a la espera de concretar la audiencia intermedia tras el traslado a las defensas.