A través del Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, el Ejecutivo restringió el acceso a la información sobre proveedores, costos y tipos de armamento. La medida coincide con la escalada diplomática ante la Justicia internacional por el proyecto petrolero ilegal Sea Lion.
En un contexto de firme ofensiva diplomática ante los tribunales internacionales y una reestructuración de las capacidades de las Fuerzas Armadas, el Gobierno nacional oficializó la declaración de secreto militar para las contrataciones y compras de equipamiento destinadas a la Defensa Nacional.
La resolución se formalizó a través del Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma restringe el acceso público y exime a las áreas contratantes de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de los procesos licitatorios.
De acuerdo con el texto normativo, se define bajo la figura de secreto militar a:
“Toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”.
Los fundamentos legales y el resguardo de la seguridad nacional
Para sustentar la medida, la Casa Rosada recurrió a los preceptos de la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554), recordando que la política de defensa constituye la integración de todas las fuerzas patrias para enfrentar agresiones externas de manera disuasiva o efectiva.
En ese sentido, los considerandos ratifican la potestad del Ministerio de Defensa de evaluar y decidir sobre los requerimientos operativos que mejor contribuyan a los objetivos de la Nación, argumentando que:
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Protección estratégica: Se identificó un proceso de adquisición de material cuya divulgación previa o posterior “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
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Excepción de publicidad: Se amparó la decisión en los términos del Decreto N° 9390/63 para declarar reservadas las operaciones contractuales y exceptuarlas de la difusión pública habitual.
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Mantenimiento del principio de soberanía: La medida busca garantizar de modo permanente la integridad territorial, la soberanía y la capacidad de autodeterminación del país.
Escalada diplomática por el proyecto petrolero Sea Lion
El hermetismo sobre las compras militares coincide con un incremento en las acciones diplomáticas y judiciales contra las actividades unilaterales promovidas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
Recientemente, la Argentina formalizó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), buscando frenar de forma preventiva la ejecución del proyecto petrolero Sea Lion.
Esta presentación ante la Justicia internacional se acopla al procedimiento arbitral iniciado por la Cancillería argentina bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La acción judicial internacional persigue el objetivo de “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.