Un sorpresivo y determinante revés judicial sacudió los despachos del Poder Ejecutivo nacional y puso en la mira el control del suelo argentino.
En una resolución de alto impacto, la Justicia hizo lugar a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al Gobierno nacional brindar información detallada y garantizar la preservación total de los registros vinculados a la titularidad de campos e inmuebles rurales en todo el país.
Un ultimátum de cinco días para blindar datos clave sobre el suelo argentino
La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata, el cual le dio un plazo perentorio de apenas cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para que precise hasta qué fecha exacta se mantuvieron actualizadas las bases de datos oficializadas. Asimismo, la medida cautelar exige asegurar la conservación íntegra e inalterable de todos los antecedentes registrales recolectados a lo largo de los últimos 15 años.
El reclamo y la posterior acción legal fueron impulsados enérgicamente por el organismo que conduce Guido Lorenzino, desde donde advirtieron la gravedad institucional que representa la caída de la Ley de Tierras. Según denunciaron, la derogación o caducidad de dicha normativa provocó la eliminación directa de los mecanismos de fiscalización, desmanteló el mapa dominial público e interrumpió las restricciones legales para la venta de grandes extensiones de campos a titulares o inversores extranjeros.
Soberanía en peligro: alerta roja en distritos bonaerenses por la venta a extranjeros
Esta peligrosa desregulación genera un escenario alarmante que pone en severo riesgo no solo el conocimiento preciso del territorio nacional, sino también la protección del medio ambiente. La alarma es especialmente crítica en distritos bonaerenses estratégicos como Campana y Zárate, zonas caracterizadas por una alta concentración de titularidad en manos extranjeras.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, aseveró con contundencia el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. En esa misma línea, el funcionario remarcó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
En un contexto convulsionado —donde incluso sectores opositores marcharon hacia Tribunales en rechazo a decisiones de la Corte y la Justicia recientemente otorgó salidas transitorias de prisión al exjuez Walter Bento—, el fallo judicial resulta determinante. Para el juzgado platense, la eventual pérdida, ocultamiento o alteración de esta documentación pública provocaría un daño completamente irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno nacional deberá acatar el requerimiento judicial para evitar mayores complicaciones legales y responder por el estado real de los mapas dominiales.